SUBE: la Auditoría objetó el contrato de supervisión

Falta de controles, "precariedad" en los procedimientos y escasa documentación fueron los argumentos expuestos ayer por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe que aprobó sobre la supervisión del SUBE.

A la espera de una decisión del Gobierno sobre la continuidad del contrato de $ 65 millones, el organismo de control que preside Leandro Despouy fue categórico sobre la licitación: "Se incurrió en sucesivas irregularidades en las distintas etapas del proceso".

La AGN aprobó ayer por unanimidad la auditoría sobre el estado financiero de Proyecto de Transporte Urbano en Areas Metropolitanas de la Argentina (Ptuma), dependiente de la Secretaría de Transporte. Con esos fondos -provistos por el Banco Mundial- se pagó el control del SUBE.

"Estamos frente a una discrecionalidad en la utilización del dinero público. Hay irregularidades comprobables a simple vista", sostuvo Despouy. "Se pudieron detectar anomalías de una dimensión que permiten una evaluación profunda de las irregularidades que se cometieron. Hay hallazgos muy importantes", agregó.

El informe -que deberá tratar una comisión bicameral del Congreso- será remitido en los próximos días al Poder Ejecutivo. El Gobierno suspendió hace dos semanas la supervisión del boleto electrónico, una medida que tiene 30 días de vigencia. En la resolución oficial se remarcó que el concurso quedaba a disposición de la AGN para su análisis. Desde el Ministerio del Interior y Transporte ratificaron que dicho informe será determinante para tomar una decisión sobre el contrato.

Entre las irregularidades señaladas en el informe de la AGN, el organismo remarcó la falta de presupuesto oficial para la consultoría. El Estado pagó 17 millones de dólares por el control del SUBE, pero los números negociados entre el Banco Mundial y la Secretaría de Transporte fueron cambiantes. En una primera instancia -sostiene la AGN- se estipularon cinco millones de dólares. Luego, se fijó como precio 10,5 millones de dólares. Por último, el total aumentó: se pagaron 6,5 millones de dólares más, entre gastos e impuestos.

"No hay evidencias sobre un presupuesto oficial de la consultoría. El aumento no está justificado en ningún documento", sostuvo el auditor radical Horacio Pernasetti.

El Banco Mundial, que debía auditar el proceso, también fue cuestionado. "Estas instituciones nos dieron letra sobre qué hacer durante muchos años. El aval a esta licitación es una irresponsabilidad absoluta de los funcionarios del Banco Mundial. Tenían todas las facultades para evitar esta contratación y no lo hicieron", argumentó el auditor peronista Oscar Lamberto. Y atacó: "Como mínimo hay incompetencia e inoperancia del funcionario".

Andrés Pizarro, entonces gerente del organismo, firmó decenas de documentos de no objeción que aprobaron cada paso del concurso que llevó adelante la Secretaría de Transporte. LA NACION reveló los vínculos que este ingeniero chileno mantiene con los funcionarios a los que debía controlar. Tras avalar la contratación, Pizarro hizo explícita su militancia kirchnerista. Luego, renunció a su cargo en la entidad.

"El mecanismo del Banco Mundial no funcionó. Si no, no se hubiese hecho el desembolso de dinero", afirmó Pernasetti.

El auditor radical también hizo referencia a la "precaria" documentación que consta en el expediente. Y lo ejemplificó con los avales emitidos por el organismo internacional para avalar cada paso de la licitación. "La comunicaciones cursada por el Banco Mundial son precarias. Se informa de la no objeción de la oferta ganadora mediante un correo electrónico enviado por el gerente del proyecto a algunos funcionarios. Esto no tiene validez como documento oficial", dijo Pernasetti.

Sin sobresaltos

En una sesión sin sobresaltos, Despouy levantó la voz cuando se refirió al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi : "Sorprende la defensa que se ha hecho sobre las irregularidades. Schiavi dijo que no firmó la resolución de la consultoría, pero envió una nota en la que ordena que se haga la contratación. El daño es doble: incumplió con el acto administrativo e impulsó un procedimiento sumamente irregular", lanzó el radical.

Sin embargo, en su última aparición pública, Schiavi intentó desligarse de responsabilidades al afirmar que le pasaron un documento "a último momento" para su firma.

El informe también será remitido a la Justicia, que investiga las irregularidades de la licitación.

Según pudo saber LA NACION, las tres causas sobre la supervisión del SUBE que se habían iniciado se unificaron y quedaron a cargo del juez federal Sergio Torres. El magistrado deberá definir en los próximos días las medidas de prueba correspondientes.

• Consultorías El informe de la AGN destacó la falta de presupuesto oficial para la consultoría. El Estado pagó 17 millones de dólares por el control del SUBE, pero los números negociados entre el Banco Mundial y la Secretaría de Transporte fueron cambiantes.

• Controles La AGN advirtió sobre la "precariedad" en los procedimientos y la escasa documentación respaldatoria.

• Discrecionalidad "Estamos frente a una discrecionalidad en la utilización del dinero público. Hay irregularidades comprobables a simple vista", dijo Despouy.