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Tensión en La Rioja: la UCR denuncia una “persecución política” contra su vicepresidenta a nivel nacional
Inés Brizuela y Doria fue demorada el jueves pasado en una asamblea del Colegio de Farmacéuticos, en la que actuaba como defensora de un vocal
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El radicalismo denunció la existencia de una “persecución política” en La Rioja contra su vicepresidenta nacional y exintendenta Inés Brizuela y Doria, quien fue detenida en esa ciudad durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos la semana pasada.
En diálogo con LA NACION, Brizuela y Doria aseguró que “este es un atropello más del que vivimos muy a menudo en una provincia que parece estar lejos del imperio de la ley. No había pasado antes que un abogado sea detenido en ejercicio de la profesión; esto quiebra el orden de convivencia democrático”.
A través de un comunicado, los senadores nacionales de la UCR indicaron que el procedimiento fue “arbitrario e ilegal" y que “vulneró garantías constitucionales básicas". Advirtieron que resulta inadmisible que, en plena democracia, se recurra a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial con fines de “hostigamiento político".
Desde la UCR insisten en que la detención se produjo por una “supuesta obstrucción a la Justicia, dispuesta por orden verbal" del fiscal Luis González, sin intervención de juez competente.
“Todo el proceso está plagado de vicios y hechos de notable gravedad, y constituye una nueva arbitrariedad que evidencia un patrón de inseguridad jurídica, atropello institucional y persecución política" por parte del gobierno de Ricardo Quintela.
Brizuela y Doria fue detenida el jueves pasado junto con Jorge Bordón, vocal del Colegio de Farmacéuticos de quien es defensora. La presidenta de la entidad, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma, lo denunció por presunta violencia de género. Esa causa fue archivada pero, rige una medida genérica de protección, la que fue recurrida por la abogada aunque la resolución está pendiente.
El jueves pasado hubo una sesión ordinaria del Colegio Farmacéutico. Brizuela Ledesma no reconoce su validez pero fue con dos abogados. Bordón participó, aunque no habló ni se le acercó, según indican allegados a Brizuela y Doria.
Hubo un llamado a la Policía alegando que estaba “violando una perimetral” y por eso llegó Brizuela y Doria, quien encontró detenido a su cliente acusado de estar en flagrancia por incumplimiento de la perimetral. Exhibió la documentación, los agentes hicieron fotos y se las pasaron al fiscal González, quien ordenó continuar con la detención de Bordón y pidió también la de la abogada, al alegar una supuesta obstrucción de la Justicia.
Brizuela y Doria interpuso un hábeas corpus invocando los artículos 43 y 18 de la Constitución Nacional, alegando que Bordón fue detenido sin orden escrita de autoridad competente. “A mí me dejaron en libertad ese mismo día, pero mi cliente quedó en prisión domiciliaria”, detalló.
La Cámara Tercera en lo Criminal declaró ilegítima y arbitraria la detención de Bordón, ordenó la liberación inmediata de Bordón y criticó el operativo como “plagado de vicios”.
La abogada adelantó a este diario que realizará un pedido de jury de enjuiciamiento tanto para González como para el fiscal general, Javier Vallejo, “a quien le pedí que arbitrara los medios para evitar esta grave situación. Lo llamé como abogada litigante, no como política”.
Fiscales
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron en un comunicado que durante la detención de Bordón “se hizo presente una profesional del derecho que manifestó intervenir como defensora del imputado. No obstante, su accionar excedió el marco del ejercicio técnico de la defensa, desplegando una conducta de oposición activa que implicó un entorpecimiento concreto del procedimiento, incluyendo resistencia a la continuidad del traslado dispuesto y contacto físico con el personal policial interviniente, generando una situación de tensión que impedía el normal desarrollo de las medidas ordenadas”.
“En este sentido, frente a dicha situación, y con el objetivo de garantizar la efectiva aplicación de las medidas de protección vigentes y evitar cualquier riesgo para la víctima, el Ministerio Público Fiscal dispuso una intervención inmediata de carácter preventivo y momentáneo respecto de la profesional -añade-. Una vez superado el incidente y asegurado el normal desenvolvimiento del procedimiento, la medida adoptada perdió razón de ser, motivo por el cual no se impulsó una acción penal autónoma respecto de la profesional interviniente”.
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