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Tras 20 años de espera, imponen condenas de hasta ocho años a los que falsificaron el Yectafer inyectable y provocaron cuatro muertes
Seis empresarios, comerciantes y diseñadores deberán afrontar además reparaciones por $1000 millones; prescribió parte de la causa por encubrimiento
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LA NACIONHernán Cappiello
Tras 20 años, la Justicia finalmente condenado a seis empresarios, comerciantes y diseñadores a penas de entre 8 y 4 años de prisión por haber falsificado el medicamento Yectafer inyectable, un suplemento de hierro, que provocó la muerte de cuatro personas y dejó a unas 33 heridas con daños gravísimos.
Pasó tanto tiempo desde que ocurrieron los hechos que parte de las acusaciones por encubrimiento fueron declaradas prescriptas.
Los condenados son Pablo Jorge Cernadas, con 8 años de prisión; Daniel Leonardo Rabinovich (7 años); Miguel Cervera (5 años); Alberto Mario Akawie (4 años); Adrián Jorge Quintela (4 años) y Víctor Julián Scattolini (4 años).
En tanto que fueron absueltos Santiago Lucio Gavazza, Roberto Enrique Gegenschatz, Diego Hernán Manzotti y Sandra Liliana Vitale. Otros cinco acusados que eran parte de esta red criminal fallecieron a lo largo de los 20 años que duró la investigación, por lo que no llegaron a ser juzgados.
El fallo fue dictado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Rios y José Antonio Michilini, que rechazaron el pedido de prescripción de toda la causa por el paso del tiempo que plantearon los condenados. Lo que comenzó como un suplemento de hierro para tratar la anemia, especialmente en mujeres embarazadas, terminó provocando la muerte de cuatro pacientes.
Las víctimas fueron Verónica Díaz (22 años), Luciana Giménez (26), Paulina Álvarez (35) y Osbel Roly Lombardi (80). El fiscal Miguel Osorio describió en el juicio que las víctimas “Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”. El caso de Giménez es de un horror particular: cursaba un embarazo de 22 semanas cuando, tras recibir el hierro adulterado, debió ser sometida a una cesárea de urgencia; su bebé nació sin vida y ella falleció a los pocos días.
La banda falsificó el lote N° 03100718 del fármaco Yectafer, originalmente fabricado por Astraseneca.
Se valieron de un laboratorio clandestino montado en el partido de San Martín. Los peritajes demostraron que el medicamento contenía tres veces más de citrato de hierro que lo indicado, y que esa sustancia había sido comprada a la empresa Interdog, que la vendía exclusivamente para fines veterinarios.
Era un veneno para el consumo humano: un estudio de la ANMAT demostró que el 100% de las ratas de laboratorio a las que se les aplicó este lote fallecieron tras presentar alteraciones neurológicas, cardíacas y respiratorias.
La fachada visual con las cajas y prospectos fue provista por el diseñador Miguel Cervera. Luego, el producto era introducido al mercado formal mediante la Droguería Quimbel S.A., cuyos directivos (Rabinovich y Cernadas) “blanqueaban” la mercadería utilizando facturas apócrifas de un laboratorio inexistente llamado Sbrancia y Costa SRL, que en realidad era una mueblería.
La primera víctima fatal, Verónica Díaz, murió en diciembre de 2004 tras ser inyectada en el Hospital Zatti de Viedma, Río Negro. La causa comenzó en la justicia provincial rionegrina, pero recién en 2006 pasó a la órbita federal en Buenos Aires, con el juez Norberto Oyarbide.
La extrema lentitud del proceso provocó que cinco de los principales acusados fallecieran antes de llegar al banquillo. Entre ellos estaban los eslabones más altos: ángel Luis Cirullo (el jefe que montó el laboratorio clandestino) y Carlos Guido Maidana (el organizador y distribuidor).
Durante todo el proceso, las defensas plantearon recursos que dilataron el caso. En el juicio oral, que comenzó en noviembre de 2023, todos los defensores pidieron la nulidad alegando “Violación a la garantía de razonable duración del proceso”.
Aunque el tribunal rechazó esto para las condenas principales, la demora sí logró que el delito de “encubrimiento agravado” (de una causa conexa iniciada en 2007) fuera declarado extinguido por prescripción.
El exdirector de compras de Quimbel, Pablo Jorge Cernadas, recibió una pena de 8 años de prisión, y Daniel Rabinovich, dueño de la droguería, 7 años. El diseñador Cervera fue condenado a 5 años, mientras que Alberto Akawie, Adrián Quintela y Víctor Scattolini recibieron 4 años por asociación ilícita. Por otro lado, hubo cuatro absoluciones (incluida la del empresario bahiense Santiago Gavazza).
El tribunal fijó una indemnización de 1030 millones de pesos para las víctimas y sus familias. La condena incluyó la figura de homicidio culposo múltiple y lesiones culposas, agravadas por la cantidad de víctimas con lesiones graves, además de sentenciarlos por ser miembros de una asociación ilícita.
Cernadas, Rabinovich y el diseñador Cervera deberán pagar solidariamente 650 millones de pesos. La mayor parte, 450 millones, está destinada a reparar a Luciana Giménez. El resto se dividirá entre catorce mujeres que sufrieron severos daños morales, recibiendo sumas de 10 y 20 millones de pesos cada una, entre las que se encuentran Paula Andrea Piñero, Rosa Irene Marafuschi, Débora Edith Coña y Ana María Rodríguez, por mencionar algunas.
Además, el tribunal impuso al diseñador Miguel Cervera un pago individual extra de 380 millones de pesos. De esta suma, 300 millones serán para compensar el daño material y moral de Paulina Álvarez, mientras que Ángela Beatriz Peralta, Noemí Beatriz Galarza, Stella Maris Linares y Gladis Edith Rama recibirán 20 millones cada una.
En el caso de la víctima Verónica Díaz, el tribunal determinó que se respetará un acuerdo transaccional de finalización de litigio firmado previamente.
Las víctimas mortales fueron Verónica Díaz de 22 años de Viedma, provincia de Río Negro, que estudiaba y trabajaba en un quiosco. Tras ser diagnosticada con anemia, le recetaron el suplemento y recibió la inyección adulterada en el Hospital Zatti de su ciudad. La aplicación le provocó inmediatamente una grave hepatitis tóxica. Debió ser trasladada de urgencia en avión sanitario hacia Buenos Aires para intentar un trasplante de hígado, pero tras cinco días de agonía, falleció el 23 de diciembre de 2004 en el Hospital Eva Perón de San Martín.
Luciana Giménez de 26 años, era una joven entrerriana que se encontraba cursando un embarazo de 22 semanas. Tras ser inyectada con el veneno, su estado de salud colapsó y debió ser sometida a una cesárea de urgencia el 21 de noviembre de 2004. Trágicamente, su bebé nació sin vida y ella falleció producto de la insuficiencia hepática. En el fallo reciente, la justicia fijó una indemnización histórica de 450 millones de pesos para sus familiares.
Paulina Álvarez de 35 años, al igual que el resto de los afectados, perdió la vida a causa de la destrucción de su hígado provocada por la severa sobredosis de hierro. Para resarcir este daño, el tribunal dispuso que el condenado Miguel Cervera (quien diseñó las cajas del medicamento falso) pague una compensación de 300 millones de pesos a los familiares directos de esta víctima.
Osbel Roly Lombardi de 80 años, fue la víctima de mayor edad. También falleció tras un padecimiento doloroso originado por las graves fallas hepáticas que indujo el fármaco adulterado.
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