El pacto entre Moyano y el Gobierno es más amplio que firmar paritarias a la baja
Hubo silencio oficial frente a las maniobras de vaciamiento del gremio y no se avanzaría en una intervención de la obra social a pesar de la crisis financiera; gestiones de la ARCA para frenar una investigación por fraude en Camioneros
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LA NACIONNicolás Balinotti
El enfrentamiento entre Javier Milei y el sindicalismo transcurre hoy en los tribunales, en una tensa pulseada por la vigencia de la reforma laboral. La Corte Suprema de Justicia podría dirimir la pelea y emitir una acordada en línea con lo que sus miembros habrían evaluado en privado: no objetarían la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga. Esa es la versión que circula entre magistrados del fuero laboral, gremialistas y empresarios consultados por LA NACION. De intervenir la Corte con este posicionamiento, sería un triunfo para Milei frente a lo que alguna vez llamó “la casta sindical”.
Detrás de esta puja con la CGT, surge un curioso doble juego del Gobierno con Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso e influyente de los últimos 25 años. Desde el comienzo de la gestión libertaria, el jefe camionero aceptó paritarias por debajo de la inflación e incluso por tramos temporales más largos, como lo es el acuerdo salarial vigente, que es semestral (de marzo a agosto) y contempla un aumento de 10,1% para ese período. Tampoco hubo cuestionamientos por la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, que desplazó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, de las negociaciones y es él quien define si los acuerdos se homologan o no.
Con 82 años, Moyano atraviesa un momento difícil y por primera vez en sus cuatro décadas al frente del Sindicato de Camioneros surgen focos de insurgencia que amenazan su liderazgo. Su mandato al frente del gremio finaliza en 2027, lo que acelera las especulaciones sobre sus posibles herederos. La revelación de LA NACION sobre una serie de transferencias millonarias desde el gremio y la obra social a fideicomisos vinculados a su esposa agitó todavía más la interna. Hace dos semanas hubo un pedido de documentación contable por parte de la Justicia que alteró los nervios. Moyano y su esposa, Liliana Esther Zulet, que administra el holding de empresas que orbitan alrededor del gremio, siguen por ahora en silencio, aunque activos. Dispusieron una serie de despidos en el área de tesorería y un bloqueo del sistema informático interno, según contaron fuentes sindicales. No hubo comunicado oficial desde el gremio ni tampoco respondieron a la consulta de LA NACION.
Desde las cuentas que el sindicato y la obra social de Camioneros tienen registradas en el Banco Provincia, se transfirieron $900 millones en 12 días a tres fideicomisos que estarían vinculados a Zulet y dos hijos que tiene de otro matrimonio. Se conocieron ahora nuevos giros entre el 12 y el 28 de enero de 2026. El monto de las transferencias durante ese período llegaría casi a los $1100 millones, según revelaron a LA NACION fuentes del gremio al tanto de las finanzas. Las transferencias habrían sido a los fideicomisos Khasis y Thoth y el destino de los fondos serían las empresas Aconra y Dixey, del rubro de la construcción y textil, respectivamente. En los directorios de estas compañías, que tienen como cliente exclusivo al Sindicato de Camioneros, están Valeria Alejandra Salerno e Ignacio Noriega Zulet, hijos de la esposa de Moyano.
Nadie del Gobierno ni de la Justicia reaccionó frente a las sospechas de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato y de la obra social. Tampoco los opositores a Moyano se animaron a ir a los tribunales a intentar reactivar una vieja causa sobre supuesta administración fraudulenta.
La crisis de la obra social (Oschoca) no se detiene a pesar del auxilio empresario, que abona un plus de $25.000 mensual por afiliado. La prestadora médica arrastra un rojo financiero que rondarías los $60.000 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION. Esta semana recortó servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos, según comentaron fuentes sindicales. Oschoca es administrada por la empresa Iarai, también propiedad de Zulet y sus hijos.
Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.
A partir de una publicación de LA NACION, Ocaña volvió a la carga, pero esta vez con una carta a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que supervisa a todas las obras sociales del país y que depende del Ministerio de Salud. Le pidió a Claudio Adrián Stivelman, titular de la SSS, intervenir la prestadora médica de camioneros y denunció que Moyano y su esposa la administra como “un bien propio sin rendir cuentas”. Pese a esta presentación, la SSS no tiene previsto avanzar sobre la obra social de los camioneros, según supo LA NACION de fuentes oficiales.
Frente judicial abierto
El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por él mismo, a través de su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. Si se detecta una presunta evasión o sobrefacturación, la causa podría pasar a la Justicia federal, según especularon fuentes judiciales y gremiales con conocimiento de la investigación. Hay por ahora siete imputados: tres exempleados del hotel, dos proveedores y dos dirigentes que eran de confianza de Moyano y que fueron echados: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el Tesorero, Paulo Héctor Villegas.
Del expediente que tiene a su cargo el fiscal Carlos David Bruna, y al que tuvo acceso LA NACION, surgen algunas curiosidades que podrían volvérsele en contra a Moyano. Una es que las facturas y los cheques del hotel marplatense eran auditados en la sede del gremio en Buenos Aires. Otra es que se habría detectado que una de las empresas proveedoras de artículos de limpieza que habría cobrado sobreprecios sería de una abogada que representa al gremio en otros litigios. Es decir, alguien de confianza del líder sindical.
Para Moyano la causa judicial por el presunto fraude en Mar del Plata se volvió un dolor de cabeza. Teme que se le vuelva en contra porque podría dejar al descubierto irregularidades que involucren a su círculo íntimo. Hace aproximadamente un mes habían comenzado a circular versiones sobre supuestos contactos con la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof en caso de necesitar alguna gestión política en el Poder Judicial o en los organismos de control impositivo. La versión cobró más fuerza tras la revelación de LA NACION en la que se informó sobre el desplazamiento de seis funcionarios de la seccional Mar del Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que habían denunciado presiones desde sus jefes de Buenos Aires para no aportar documentación a la investigación judicial vinculada a los negocios del hotel sindical. Uno de los funcionarios de ARCA desplazados se llama Manuel Rodríguez. Fue uno de los que asistió a la Fiscalía Federal de Mar del Plata para radicar una denuncia contra la cúpula del organismo recaudador. Curiosamente, el fiscal Bruna, a cargo de la investigación del fraude en el hotel marplatense, rechazó esta semana la citación a declarar como testigo de Rodríguez, solicitada por el abogado Maximiliano Orsini, defensor de tres de los siete imputados. Bruna tiene el expediente desde agosto de 2025 y la pericia contable que ordenó recién podría estar lista dentro de 90 días, según cálculos judiciales.
El vínculo de Moyano con la gestión libertaria es a partir de unos pocos funcionarios. No conoce personalmente a Milei ni tampoco tiene trato. Su hijo Hugo Antonio, que es diputado nacional e integra el equipo legal del gremio, es el nexo con el secretario de Trabajo por los temas salariales o laborales. El otro puente es con Mario Lugones, aunque solo por asuntos vinculados a la obra social. También quedó abierto un canal con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el que negoció históricamente los contratos por la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires.
Pero tal vez al vínculo más fuerte lo tejió recientemente. En la primera visita oficial de la CGT a la Casa Rosada, en abril de 2024, Moyano se sumó a la comitiva a pesar de no ser parte del consejo directivo. Ese día la tropa sindical fue recibida por Guillermo Francos, pero con quien el camionero conectó de inmediato fue con Santiago Caputo. Fue el asesor presidencial el que a los pocos días de aquel primer apretón de manos destrabó un conflicto con la paritaria de los camioneros. Desde entonces quedaron en contacto, a veces también a través de Jerónimo, el menor de los Moyano que oficia de secretario de privado de su padre. Una de las áreas en las que Caputo conserva incidencia es casualmente en la ARCA, el organismo que intentó auxiliar a Moyano con la causa judicial que lo tiene en vilo.
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