Tras el pedido de detención, Samid no se entrega y responde con denuncias

La policía buscaba hoy al empresario de la carne Alberto Samid con pedido de captura para que comparezca en el juicio oral y público que se le sigue por haber integrado una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos relacionados con su actividad como productor ganadero, dueño de frigoríficos, y carnicero.

Samid enfrenta un pedido del fiscal el fiscal del juicio, Gabriel Pérez Barberá, de 6 años de prisión por un perjuicio al Estado que la AFIP calculó en $ 28 millones.

Samid aseguró por TV que no se va a entregar, acusó al presidente Mauricio Macri de estar detrás de su pedido de captura y dijo que el fiscal le pidió 1,8 millones de dólares "para arreglar todo", en alusión al fiscal Gabriel Pérez Barberá.

"Primero me pidió la plata y después me pidió la condena", insistió Samid, quien reconoció que nunca hizo la denuncia sobre el supuesto pedido de dinero.

Pérez Barbera, un fiscal de trayectoria en temas de lavado, declinó hacer comentarios ante lo insólito de la situación.

"Como no puse plata me vienen a buscar", insistió Samid a los gritos por el canal C5N y sostuvo que "Comodoro PY es una unidad básica del PRO".

"Me tratan como un delincuente, pero me tienen que dar una medalla: las Malvinas son argentinas, compre argentino, todas estas son cosas que yo digo y por eso me quieren meter en cana", argumentó.

El abogado de Samid, Vicente D’Atolli se cruzó al aire por TV con su cliente y le aconsejó, en vivo, que se presente a la Justicia y le prometió que no va a quedar detenido. El abogado dijo que se investigará su denuncia y que el fiscal y el tribunal le merecen plena confianza. Pero Samid insistió en desoir el consejo de su abogado.

Samid negó que fuera a entregarse ante la Justicia. "¡Que voy a entregar! ¡si soy inocente! Tengo 71 años no puedo estar un minuto preso. Soy un tipo grande, tomo pastillas ¡Qué quieren! ¡Que termine como Cristobal López", dijo, en referencia al dueño de C5N que está preso acusado de $8000 millones en el impuesto a los combustibles.

"Fui asesor presidencial, diputado, como me van a meter en cana", se indignó Samid, en referencia a su cercanía con el peronismo.

Samid dejó de concurrir a su juicio hace dos audiencias, cuando el proceso se encuentra a punto de terminar y el fiscal Gabriel Perez Barberá pidió que sea condenado a una pena de seis años y medio de prisión.

El pedido de detención de Samid fue solicitado por el fiscal y el tribunal oral en lo Penal económico N° 1 integrado por los jueces Juan Michilini, Diego Garcia Berro e Ignacio Fourcade hicieron lugar.

La desaparición de Samid del juicio en su contra podría terminar siendo contraproducente para el empresario. Esto es así porque en caso de que sea condenado no iría preso sino hasta que la sentencia sea confirmada por la Cámara de Casación Penal y la Corte. Ahora, en caso de que sea detenido, el tribunal puede considerar que intentó evadirse y dictarle la prisión preventiva.

Otra opción es que el empresario de la carne esté apostando a que con su desaparición el juicio no pueda reanudarse (en la Argentina no está permitido juzgar a nadie en ausencia). El empresario puede estar especulando con que la causa prescriba. Sin embargo, si ese es su plan, puede fallar. Porque para que el caso prescriba falta al menos un año, dijeron fuentes judiciales.

Hoy estaba previsto que los jueces escucharan las réplicas de los alegatos y las últimas palabras del acusado antes del veredicto. Ahora el tribunal irá a paso tranquilo con los trámites que pueda hacer sin la presencia del acusado.

Fuentes policiales confirmaron que el dirigente peronista y empresario de la carne está siendo buscado por fuerzas de seguridad, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py avisaron a su defensa que tiene la posibilidad de presentarse por sus propios medios. Si se presenta, es probable que quede detenido hasta el final del proceso.

En una audiencia previa, el fiscal del juicio, Gabriel Pérez Barberá, pidió una condena de seis años y medio de prisión para el empresario que se llama a si mismo El Rey de la carne, según los carteles que decoran su cadena de carnicerías donde aparece su foto con un dibujo de una corona dorada.

Samid es juzgado por supuesta asociación ilícita, sobre la base de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos.

Hasta ahora el juicio nunca se había iniciado. Samid es un dirigente peronista que siempre aspiró a ser intendente de La Matanza, sueño que no llegó a concretar.

El tribunal oral en lo penal económico decidió iniciar el juicio el 18 de marzo pasado, y fijar audiencias durante los fines de semana.

Además del empresario, son juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos.

Los demás acusados son Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete, Teresa Fornasier y Claudio Pileo.

En la acusación inicial había otros delitos, pero todos prescribieron por el paso del tiempo, ante la demora en iniciarse el debate.

Samid había sido sobreseído en esta causa pero en agosto de 2016 la Cámara de Casación le revocó el sobreseimiento y dispuso que sea elevado a juicio oral.

Las sala IV de Casación hizo lugar a un recurso presentado por la querella de la AFIP-DGI contra la resolución del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que el 19 de febrero de ese año había sobreseído a Samid y su hermana Alicia Nélida, por considerar extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Eduardo Rafael Riggi dispusieron que continúe el desarrollo de la causa y se fije, a la brevedad, una audiencia de debate de cara al juicio oral.

Samid había sido sobreseído en la vieja causa por evasión millonaria de impuestos cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico determinó que se habían vencido los plazos para el desarrollo de la investigación.

La causa había sido impulsada por la entonces DGI durante los años noventa cuando el entonces dirigente peronista matancero fue acusado de liderar una "poderosa asociación ilícita" para evadir impuestos por más de 50 millones de pesos a través de su cadena de carnicerías y frigorífico La Lonja.