Tras proponer una “mejor república”, Fernández pidió investigar a un juez por un fallo que no le gustó

El cierre de campaña del Frente de Todos en Tecnópolis estuvo marcado por las críticas a Juntos por el Cambio, pero Alberto Fernández dedicó también un tramo de su discurso para pedirle al Consejo de la Magistratura que analice la actuación del juez federal Julián Ercolini, por el contenido de un fallo. Paradójicamente, el Presidente deslizó ese pedido de sanción luego de proponer que su gobierno encabeza una “mejor república” que la que imperaba durante la gestión de Cambiemos.

No es la primera vez que Fernández alude públicamente a Ercolini, quien fuera alguna vez un juez “querido” del exjefe de gabinete kirchnerista, con quien compartió en la facultad de Derecho la cátedra de Esteban Righi (exministro del Interior de Héctor Cámpora y exprocurador durante el kirchnerismo) y también su padrinazgo. Para Alberto Fernández presidente, en cambio, el “querido” Ercolini se convirtió en un referente del “lawfare” y de la persecución al kirchnerismo.

Sobre el escenario de Tecnópolis, tras señalar que durante la administración de Mauricio Macri se encarceló a empresarios de medios opositores -fue precisamente Ercolini quien ordenó detener a Cristóbal López y Fabián de Sousa, que fueron clientes a su vez del abogado Fernández-, el Presidente postuló que también se montó “una mesa judicial para inventar casos y perseguir a otros con la anuncia de algunos jueces”.

Esa fue la llave de entrada para pedir que se analice la actuación de Ercolini. Dijo Fernández: “Jueces, además, que tienen varas muy raras. El otro día leí con asombro que un juez ha interpretado que los empresarios pueden justificar una coima diciendo que estaban en estado de necesidad: pagaban la coima o [sic] salvaban la empresa. Y de ese modo justificaron la acción de los empresarios”.

Fernández aludió así al fallo firmado el 10 de agosto pasado por el Ercolini, que sobreseyó al CEO de Techint, Paolo Rocca, y a los ejecutivos de la empresa Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, al mismo tiempo que procesó al exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta por recibir un poco menos de un millón de dólares en dádivas pagadas para favorecer la evacuación del personal de una planta de la firma en Venezuela, cuya integridad física corría peligro.

El magistrado entendió que efectivamente el pago se había realizado pero en medio de un estado de necesidad para proteger la integridad física y materializar la salida del país de los dependientes del Grupo Techint que cumplían funciones en la planta SIDOR que se encontraba en Venezuela.

Fernández no dijo nada de la situación humanitaria en Venezuela ni de las investigaciones en marcha por coimas contra exfuncionarios del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Sí, en cambio, apuntó al juez. “Estas cosan pasan en la Justicia. No las digo yo, las escriben y las firman. Fijensé que yo, que he enseñado Derecho Penal a ese juez -acotó, para dejar en claro de quien hablaba-, me preguntaba cómo era posible que se animaran a escribir y a firmar semejantes cosas”.

Lo que siguió fue el pedido de intervención del Consejo de la Magistratura, el órgano que controla el accionar de los magistrados. “Alguna vez espero que el Consejo de la Magistratura lea esas cosas y vea cómo es la conducta de esos jueces, porque los jueces además de ser dignos y honestos, deben saber derecho y deben impartir justicia. ¡Eso deben hacer los jueces!”, exclamó el Presidente, elevando la voz por sobre la ola de aplausos que se levantaba en Tecnópolis.

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