Tres años después de la huelga policial en Córdoba el juicio aún no empezó

CÓRDOBA.- A tres años del levantamiento policial y los saqueos que sumieron a esta ciudad en horas de terror y dejaran un muerto, doscientos heridos y unos 2000 comercios destruidos sin que el gobierno provincial de José Manuel de la Sota ni el nacional de Cristina Kirchner reaccionaran, el juicio a los policías no empezó.

Hace un año el juez de Control N° 5, Carlos Lescano, ratificó el pedido de elevación a juicio de los 58 policías dispuesto por el fiscal, Raúl Garzón. Están acusados de desobediencia a la autoridad, instigación al delito, aplicación indebida de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público el 3 y 4 de diciembre de 2013. La defensa apeló ante la Cámara de Acusación.

Desde entonces, la única novedad la produjo el Tribunal de Conducta Policial en agosto; levantó de forma provisoria todas las sanciones a 38 uniformados involucrados en el motín, que volvieron a sus puestos hasta tanto se realice el juicio y se conozca el veredicto. En el tribunal aclararon que se garantiza el principio de inocencia y el derecho al trabajo. "No podemos seguir teniendo a 38 personas cobrando el 30% del sueldo", dicen.

La huelga comenzó en demanda de una recomposición salarial y de mejoras en las condiciones de servicio. Para el fiscal Garzón "un hecho de esa magnitud no puede quedar sin ventilarse en juicio" que determine si los imputados son culpables o no. "Lo que pasó fue muy grave. Llevaron a que Córdoba viviera uno de los caos más grandes de su historia", subraya.

El defensor de 50 policías, Miguel Ortiz Pellegrini, dice a LA NACION que "no hay pruebas" de las acusaciones. Sostiene que la desobediencia es a una "supuesta" orden verbal "de un comisario González, que a las tres de la mañana mandó a trabajar".

"Si los acusados son delincuentes -agrega-, según el Código Penal el producto del delito debe ser decomisado por la Justicia. Ese producto fue la suba de los sueldos de la que se beneficiaron también quienes los sancionan".

Desde lo civil, insiste en el acta firmada por la entonces ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe policial, César Almada. El Gobierno se comprometía a que no habría represalias. "El que echa a 17 agentes es un tribunal administrativo que depende de ellos; no puede desconocer el acuerdo".

La ola de saqueos y violencia se extendió en esa oportunidad a Catamarca, San Juan, Neuquén, Chubut, Río Negro y La Rioja.

Cambio

Almada fue reemplazado por César Suárez, integrante -en ese entonces-del Estado Mayor. En el problema casi no actuó por un "malestar físico". Su gestión fue polémica. Para varios protagonistas usó su poder y la revuelta para "liberarse de enemigos internos; fue una especie de purga".

Fue imputado por amenazas contra el periodista de los SRT y las razzias que instrumentó en su gestión desembocaron en un hábeas corpus colectivo. También se inició una causa judicial por el robo de 67 pistolas de 9 milímetros. De la Sota lo sostuvo en el cargo.

El gobernador Juan Schiaretti hizo varias consultas y evaluaciones antes de designar al frente de la fuerza a Gustavo Vélez, proveniente del cuerpo de elite Eter. "Sólo con sacar a Suárez y poner a alguien ajeno a él mejoró el clima", ratifica una fuente del oficialismo.

En el levantamiento fueron decisivas las esposas de policías en actividad y retirados. Adriana Rearte fue la vocera. "Con la ley antimotines sancionada nunca más podremos volver a manifestar. Nos ataron de pies y manos", señala a LA NACION.

Para ella, las condiciones de trabajo siguen siendo "pésimas". Cree que todavía no hubo reconciliación con la sociedad.

Asegura que "nunca" se imaginaron que la protesta terminaría en horror. "Tenemos algo de culpa, pero el 90% fue del Gobierno que no nos escuchaba, nos trataba de locas. No esperábamos que todos se iban a plegar, si no hubiéramos presionado de otra manera".

Enfrenamiento de gobiernos

• Dos días después de la convulsión y la ola de saqueos, el gobierno nacional envió a la Gendarmería. El entonces gobernador José Manuel de la Sota culpó a Carlos Zannini de demorar la orden. Dio a entender que el kirchnerismo apostó a la intervención.
• Entre los saqueadores hubo tres condenas, a dos hermanos de 35 y 25 años les dictaron tres años y dos años y medio de cárcel, respectivamente. Estuvieron ocho meses presos. La otra condena fue a Miguel Moyano, de 40 años: cuatro años por el robo a un supermercado; tenía antecedentes.
• Dos días después de la convulsión y la ola de saqueos, el gobierno nacional envió a la Gendarmería. El entonces gobernador José Manuel de la Sota culpó a Carlos Zannini de demorar la orden. Dio a entender que el kirchnerismo apostó a la intervención
• Entre los saqueadores hubo tres condenas, a dos hermanos de 35 y 25 años les dictaron tres años y dos años y medio de cárcel, respectivamente. Estuvieron ocho meses presos. La otra condena fue a Miguel Moyano, de 40 años: cuatro años por el robo a un supermercado; tenía antecedentes