Un embate autoritario

Sí, finalmente se confirmó. Este es el modelo de país que anhelaban los Kirchner, una democracia meramente formal donde la división de poderes y respeto por las instituciones sean apenas un recuerdo del pasado. La decisión de disponer por decreto de US$ 6500 millones de las reservas del país eludiendo la participación del Congreso y el despido del presidente del Banco Central por DNU asemejan la realidad política argentina a una monarquía, donde la reina, sólo con la firma de los miembros leales de su corte, dispone una medida arbitraria por sobre todas las reglas organizacionales del sistema social.

Está claro en una monarquía, donde no hay lugar para las disidencias ni para las opiniones distintas. El Gobierno ha decidido vulnerar todos los mecanismos democráticos para avanzar en sus objetivos centrales, fortalecer la caja para seguir ejerciendo el poder unitario sobre los recursos de las provincias, obtener liquidez con miras a su proyecto electoral y decidir qué sector económico se beneficia directamente de un Estado que gasta sin planificación ni control.

Cristina y Néstor Kirchner cruzaron la línea, decidieron avanzar en la ilegalidad y, alegando legitimidad de origen, exhiben obscenamente ilegitimidad de ejercicio en cada acto de su gobierno.

Abuso de poder

No sólo avanzan con desprecio por las instituciones de la República, sino que también admiten el desprecio por la libertad y la ética pública. Es monstruosa la sinceridad de Aníbal Fernández al relatar el "supuesto hallazgo" que hizo la Presidenta de una fotocopia de la agenda de Redrado entre sus papeles. Sólo la impunidad con la que el poder los ha embriagado puede llevarlos a admitir que espían a sus funcionarios, que monitorean sus reuniones y que una reunión con periodistas puede, en el planeta K, constituir delito de sedición o mala conducta como le imputan a Redrado.

Entre todos debemos devolverle al país la normalidad, sujetarnos más que nunca a la Constitución y a las leyes. Un embate autoritario como éste se combate únicamente con más democracia, poniendo en valor las instituciones y haciendo funcionar al Congreso y a la Justicia como efectivos mecanismos de control y límite al abuso de poder.