Un frágil pacto de gobernabilidad, entre la necesidad y la desconfianza

Se percibe en el Gobierno un aire renovado después de haber dado vuelta la página tóxica que tuvo a Manuel Adorni como protagonista. En la semana que termina hubo un regreso a la normalidad, con las reuniones de mesa política y de Gabinete, donde el clima fue claramente diferente. Los funcionarios que transmitían una sensación de asfixia empezaron a hablar otra vez de proyectos, expectativas y gestión. Cuesta entender cómo se demoró tanto este reseteo.

Dentro de ese contexto se produjo un cambio sustancial a partir de una definición obvia pero determinante: la identificación de la reelección presidencial como el principal objetivo de todo el gobierno. Este planteo permite ordenar desde las iniciativas económicas hasta la estrategia electoral, porque la única variable independiente pasa a ser el futuro político de Javier Milei; el resto, está supeditado a ese mandato superior.

Esto abrió las compuertas a un profundo replanteo en la relación con los gobernadores, que volvieron a transformarse en actores centrales del diseño del poder en la Casa Rosada. Dos fotos grupales en ocho días, una en la asunción de Diego Santilli y otra el 9 de Julio en Tucumán, demuestran que hay una aproximación diferente en este vínculo, que estuvo marcado por oscilaciones constantes desde que La Libertad Avanza llegó al poder.

Tanto el gobierno nacional como los gobernadores admiten que hay una nueva sintonía en las últimas semanas que apunta a lograr compromisos legislativos en el Congreso, pero también entendimientos electorales con vistas al año próximo. Es una suerte de nuevo acuerdo de gobernabilidad, aunque signado por necesidades y desconfianzas mutuas. Nada formal ni escrito; todo verbal y volátil. Milei no llegó al poder para los grandes consensos. La idea de la Moncloa es de la casta, aunque él de a poco se va convirtiendo también en un clásico.

El menú de las conversaciones es muy diverso, pero se sustenta en un giro muy profundo que operó en el corazón del poder nacional a partir de un diagnóstico compartido. Ese análisis marca que el Gobierno necesita blindar el proyecto de reelección de Milei en una economía más sólida, que dé garantías de previsibilidad. De ahí el anuncio que hizo Luis Caputo el lunes para asegurar la financiación de los pagos de la deuda de este año y el próximo. De la misma fuente deriva el énfasis en los proyectos económicos que impulsa en el Congreso, como la reforma del Banco Central, el RIGI II, inocencia fiscal, propiedad privada y ahora también una versión criolla del shutdown norteamericano. Todo este paquete apunta a los mercados.

Pero el diagnóstico también incluyó un plano político. En él se identificó que el oficialismo llegará a los comicios con chances de éxito, pero sin grandes excedentes de capital electoral, y con una carencia de figuras propias competitivas en varias provincias, lo cual lo expondría a una seguidilla de derrotas antes de la cita nacional.

Esta presunción modeló una idea mucho más pragmática y aperturista en la relación con los gobernadores, que incorporó una novedad absoluta: por primera vez Karina Milei y los Menem habilitaron la posibilidad de avanzar en entendimientos con otras fuerzas si LLA no tiene la potencia necesaria para ganar en determinados distritos. Significa un viraje del purismo violeta que habían promovido el año pasado, en detrimento de la línea de Santiago Caputo, más proclive a un pacto con los gobernadores. No quiere decir que se bajen de la meta de una construcción nacional propia, pero sí que hay más realismo en las conversaciones.

La idea de un pacto de gobernabilidad con una docena de mandatarios provinciales, con el objetivo de dar una señal de estabilidad a los mercados y galvanizar el plan económico, fue expuesta por Luis Caputo en una reunión clave de la mesa política hace tres meses. En esa ocasión fue Karina la que puso reparos en abrir una conversación tan ambiciosa, porque entendía que el apuro podía comprometer el plan del armado nacional de LLA.

Sin embargo, tímidamente empezó a involucrarse en las primeras reuniones con los más cercanos, como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo. Ahora la situación cambió, y el rango de acción se amplió a ese ramillete de gobernadores que desde el Argentina Week viene mostrándose en la órbita del Gobierno. “Estamos todos muy finitos de imagen y de plata. A todos nos conviene acordar”, grafica una figura clave del Gobierno.

Esta aproximación actúa sobre una realidad que se ha ido consolidando en los últimos años y que el politólogo Marcelo Leiras definió como un sistema político “confederal”. Desde hace tiempo los gobiernos nacionales no tienen mayorías propias en el Congreso ni controlan políticamente un conjunto amplio de provincias. Eso los posiciona en una situación de debilidad estructural y en la necesidad de gestionar alianzas.

Esas alianzas antes se articulaban con los partidos políticos nacionales, pero ante su desgajamiento ese lugar lo ocuparon los gobernadores, que se transformaron en actores esenciales para garantizar gobernabilidad. Y si antes los gobernadores eran ordenados desde una lógica partidaria, ahora eso se quebró y todos disfrutan de una autonomía inédita y se mueven sólo en función de sus necesidades. Como señala Andrés Malamud, “se produjo una desnacionalización de los partidos nacionales, y ahora todos los partidos son provinciales, con excepción de LLA”.

Sin embargo, al mismo tiempo los jefes territoriales tienen dificultades económicas estructurales, ya que son pocos los distritos que se autoabastecen y la mayoría necesita de los fondos nacionales. Este es un talón de Aquiles que fuerza a los mandatarios a peregrinar por los despachos de los ministros en Buenos Aires para negociar partidas, obras o ayuda en especias. Leiras calificó a este mecanismo “la paradoja de las debilidades cruzadas”, porque las provincias operan con gran autonomía política, pero al mismo tiempo tienen una subordinación fiscal a la Nación.

A esta paradoja se llegó después de un largo proceso de redefiniciones en la relación entre la Nación y las provincias. Malamud destaca que en 1983 los gobernadores no tenían reelección y no podían desdoblar su calendario electoral como lo hacen hoy. Esto les dio mayor independencia política. También fue clave la reforma constitucional de 1994, que les otorgó a las provincias el control sobre los recursos naturales del suelo y del subsuelo, concretamente petróleo, gas y minería, los sectores que actualmente más crecen y que les otorgó a las provincias andinas y patagónicas un margen de maniobra que antes no tenían.

Pero al mismo tiempo, nunca se rediscutió la ley de coparticipación de 1988, tal como estableció la constitución reformada, por lo cual la Nación se quedó con un grado de discrecionalidad muy grande en la distribución de los fondos coparticipables, un mecanismo que utilizaron todos los gobiernos.

A partir de todas estas variaciones, la relación entre la Casa Rosada y las provincias oscilaron fuertemente en las últimas décadas. Frente a gobiernos débiles, los gobernadores fueron actores determinantes, como ocurrió con Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. La famosa “liga de gobernadores” se transformó en el poder real en ese turbulento cambio de siglo, y de ciclo. Pero después con los Kirchner, los mandatarios fueron totalmente subordinados a la lógica del poder central.

Hoy rige un delicado equilibrio producto de las debilidades mutuas. Ni Milei tiene tanto caudal como para avanzar por su cuenta con las reformas que propone, ni los gobernadores cuentan con el margen suficiente como para tener éxito en sus territorios sin un mínimo entendimiento con los libertarios. Están enlazados por necesidades compartidas, con un agravante: en muchos distritos el Presidente y los gobernadores tienen un electorado solapado, con lo cual la ruptura no es una buena opción para ninguno de ellos. De hecho a Milei siempre le fue mejor en el interior que en el AMBA.

Al mismo tiempo varios de los mandatarios peronistas buscan huir del clima enrarecido que emana de la disputa bonaerense entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, por lo cual el componente partidario dejó de ser un corsé para sus movimientos. No sienten que deban tributar nada a nivel nacional. Tampoco tienen vocación por un armado propio.

La consecuencia directa de todos estos procesos ha sido la absoluta territorialización de los gobernadores, que desde hace tiempo sólo buscan conservar su hegemonía local, sin interés en involucrarse en el debate nacional. No es casual que todas las figuras que disputaron el poder central en los últimos años sean derivados del AMBA, desde la Cristina bonaerense, hasta Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Milei. Los gobernadores hace tiempo se alejaron de ese juego. Apenas la candidatura tardía de Juan Schiaretti y la fallida postulación de Juan Manzur. Ahora trata de asomar otra vez Sergio Uñac. El nuevo diseño del poder robustece a los caciques en su terruño, pero los desacopla de Buenos Aires. Una división de roles que hasta ahora sirvió para estabilizar el sistema político, pero no para fortalecerlo.

Las conversaciones de los gobernadores con Karina Milei, Santilli, Luis Caputo y los Menem tienen varios capítulos. Algunos son clásicos, como la demanda por fondos. El balance del primer semestre fue negativo por la merma en la recaudación, a pesar de que tuvo un leve repunte en mayo (y un posterior desplome en junio). Según datos de la consultora Politikon Chaco, los giros a las provincias tuvieron un descenso del 5,3% respecto del mismo período de 2025, por una caída del 2,8% de las transferencias automáticas y del 61,8% de las discrecionales. En valores constantes, unos $2000 millones menos.

Pero el diálogo se intensificó especialmente en las últimas semanas por la aceleración que le imprimió el Gobierno a la reforma electoral. Si bien consta de varios ítems gravitantes (financiamiento de los partidos, cambios en las campañas, ficha limpia), la discusión central está en el sistema de votación, en particular en la continuidad o no de las PASO. El Gobierno asume que no tiene los votos en el Senado para su eliminación, y ahora giró hacia la suspensión. En cualquier caso implicaría un golpe para el peronismo, que en su desorden interno sería el principal beneficiario de unas primarias que le permitieran definir sus candidatos.

Los gobernadores no tienen mucho conflicto con el tema, porque la mayoría ya las desactivó en sus distritos. Según un relevamiento del politólogo Pablo Salinas, apenas siete provincias tienen vigentes las PASO (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe), de las cuales las cinco primeras las suspendieron en 2025. Aplicando un mínimo de coherencia, estarían para acompañar a la Casa Rosada en su intento.

Distinto es el tema de las colectoras o adhesiones, que permiten, por ejemplo, que un candidato a presidente lleve dos listas de legisladores separadas, que después se distribuyen las bancas por el sistema D´Hont (es una diferencia con la ley de lemas, en el que la lista ganadora se lleva todas las bancas). Sería un esquema ideal para Milei, porque lo habilitaría a colgar debajo de su postulación a presidente una boleta de legisladores de LLA junto a otra de la UCR o del Pro. Como marca un gobernador importante, “al peronismo le sirven más las PASO porque necesita ordenar arriba, definir su candidato a presidente; en cambio a LLA le resultan más útiles las colectoras, porque le posibilitan ordenar abajo, en el tramo legislativo. Si sacan las PASO e introducen las colectores sería un escenario ideal para el oficialismo”.

La idea de las colectoras, que según el Gobierno fue aportada por gobernadores radicales y según los gobernadores es una propuesta del Gobierno, encuentra resistencias políticas y también operativas. Por ejemplo: ¿cómo sería el diseño de la Boleta Única con un botón para votar lista completa (otro de los cambios en análisis) y al mismo tiempo colectoras? Da la impresión de que el tema se propagó demasiado rápido y que todavía no maduró del todo en el Gobierno.

Pero este tema lleva al otro aspecto gravitante en la relación con los gobernadores: la desconfianza. Porque en el sistema de colectoras, el que decide qué listas acepta que adhieran es el candidato de arriba, en este caso el presidencial. ¿Cómo harían las otras fuerzas para estar seguros de que no serán rechazados en el momento de cerrar las listas? ¿Alcanza con una promesa verbal cuando el año pasado varios gobernadores quedaron desairados a último momento por los armadores libertarios?

Opciones de cooperación política con los gobernadores hay muchas, porque el Gobierno podría liberarles la elección provincial a cambio del apoyo nacional; o podría compartir la fórmula de gobernador y vice con una figura propia, o derivar su gente a las listas legislativas. Algunos mandatarios inclusive le propusieron a la Casa Rosada llevar un candidato a vicepresidente del interior, para armar un esquema de mayor compromiso federal.

Pero el problema es siempre la desconfianza. Los gobernadores deberían apoyar la reforma política del Gobierno ahora, a cambio de un entendimiento electoral a nivel provincial el año que viene, y que a su vez requiera un compromiso después para la elección nacional. Es decir, hay al menos tres etapas desfasadas temporalmente. Unirlas es sólo posible con un compromiso del que hoy todos dudan.

“A vos te parece que podemos avanzar en un acuerdo así, cuando Milei ni siquiera nos dedicó media hora para hablar la otra noche en Tucumán”, se quejó un gobernador aliado. El fugaz paso del Presidente después de haber reunido a 13 mandatarios desilusionó a varios. Tampoco se acercó a saludar el día de la asunción de Santilli. Así todo es más complicado.

Por Jorge Liotti

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