Un informe oficial pone en duda el futuro de las represas de Santa Cruz

EL CALAFATE.– Un informe oficial advirtió que se omitieron datos sobre la peligrosidad sísmica de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en Santa Cruz, y fue presentado ante la Corte Suprema para evaluar la continuidad de las obras, donde participan los empresarios kirchneristas de la firma Electroingeniería.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) emitió un inquietante dictamen sobre los estudios técnicos realizados antes de la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. El organismo aseguró que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis de las fallas geológicas sobre el río Santa Cruz. Además, consideró que los estudios realizados no son idóneos y reconoce que no hay información suficiente para considerar los posibles efectos sísmicos que podría generar la obra.

El año pasado, en una de sus primeras apariciones tras el triunfo electoral, la vicepresidenta Cristina Kirchner recorrió la represa Cóndor Cliff acompañada de la gobernadora Alicia Kirchner y el empresario de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, quien había sido procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Tras la recorrida, consideró que la obra “fue abandonada por el macrismo”.

El informe del Inpres fue elevado a la Corte Suprema, que en octubre pasado requirió a tres organismos nacionales que den a conocer sus análisis técnicos acerca del impacto que tendrán las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el medio ambiente. Y les dio 30 días de plazo para responder.

Con siete meses de demora, y tras una intimación de la Corte, el organismo con sede en San Juan envió un escueto aunque contundente reporte técnico en el que puso en relieve las deficiencias y omisiones informativas del estudio de sismología.

En octubre pasado, mientras se vivía uno de los momentos de mayor tensión entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo Nacional, la Corte dio lugar a los planteos realizados en la causa por la Fundación Banco de Bosques –representada por el estudio del constitucionalista Daniel Sabsay–, que intenta que se declaren la nulidad de los estudios de impacto ambiental y una medida cautelar para que se frenen las obras.

Puntualmente, la Corte le solicitó al Inpres verificar la idoneidad de los estudios realizados por la firma Ebisa, y le pidió que emita una opinión fundada en relación con la necesidad de realizar un estudio de sismicidad inducida, es decir eventos sísmicos que resultan de la actividad humana. “No se menciona el tipo el suelo sobre el que estar emplazadas las presas, ni los parámetros de caracterización que justifiquen la elección de opciones en los modelos de atenuación”, expresa el informe, que lleva la firma de la doctora Patricia Alvarado, directora ejecutiva del instituto.

El informe detalla que existen una serie de “fallas geológicas que atraviesan el río Santa Cruz, que si bien son mencionadas, luego son omitidas en el estudio de peligrosidad sísmica por no confirmar las evidencias publicadas. Sin embargo, para ser descartadas estas estructuras del estudio, deberían presentarse mejores fundamentos que el enunciado” y el equipo experto recomienda que se realice el mismo análisis sin descartar las fallas geológicas.

Explican que ante la falta de instrumentos de monitoreo permanente “se hace difícil estimar adecuadamente la amenaza potencial que estas fallas geológicas pudieran tener en el caso de una circunstancial activación” y que “los estudios realizados no permiten confirmar su completa idoneidad”.

Sobre la posible sismicidad inducida de la obra que ya está en marcha recomendaron la instalación de una red de sismómetros que ayude al monitoreo de sismicidad local y obtener registros por al menos de 3 a 5 años previos al llenado de los embalses y aconsejan una red de estaciones sismológicas rodeando ambas presas y las fallas geológicas más cercanas: “Será de gran ayuda para detectar microsismicidad que pudiera estar originada en estas estructuras y de esta forma poder tener mejores estimadores sobre la actividad sísmica en dichas fallas geológicas y de su potencial máximo”.

Para Cristian Fernández, abogado en la causa, el dictamen es un “reconocimiento de un organismo técnico de que existe un vacío de información crucial para ponderar los riesgos sísmicos”. “Amerita el dictado urgente de una medida cautelar”, agregó. La empresa estatal Ieasa fue consultada sobre el informe por LA NACION pero no obtuvo respuestas. Además del Inpres, la Corte pidió informes técnicos a la Administración de Parques Nacionales y al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Solo falta la respuesta de este último.

El proyecto hidroeléctrico que avanza sobre el río Santa Cruz se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas. Fueron licitadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y ganó el consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería SA e Hidrocuyo SA, pero luego fueron frenadas por una cautelar de la Corte y revisadas durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando además de rediseñar la potencia de las represas recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.

Como parte de la misma respuesta, desde el Inpres informaron a la Corte de dos eventos sísmicos en el área cercana donde se construirá la represa Cóndor Cliff. Uno de fecha 17 de enero y el último el 14 de mayo pasado. Y aclaran que existe una alta probabilidad de que ambos sismos puedan estar relacionados con la falla geológica Río Bote, ubicada en el extremo oeste del Río Santa Cruz, lo cual la caracteriza como una potencial falla activa y aseguran que esta hipótesis.

Por Mariela Arias

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