Un juez federal frenó una maniobra en la causa contra D’Onofrio: el ex ministro seguirá investigado por lavado
Adrián González Charvay se negó a desprenderse de la causa contra el ex funcionario de Kicillof; un juez provincial pretendía apartarlo
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LA NACIONNicolás Pizzi
La jugada era arriesgada y tenía pocas chances de prosperar, pero igualmente se dejó correr. El juez provincial Juan Pablo Masi, que tiene la causa principal contra el exministro de Trabajo bonaerense Jorge D’Onofrio, le pidió a su colega federal, Adrián González Charvay, que se declare incompetente en otro expediente por lavado de dinero. El objetivo, tal como adelantó LA NACION, era concentrar todo en un juzgado y luego decidir sobre el futuro de la investigación por el millonario negocio de las fotomultas. Pero la maniobra duró apenas unas horas. El magistrado federal de Campana rechazó hoy el pedido de inhibitoria y de esa manera seguirá investigando al exministro y a su entorno por lavado.
González Charvay sostuvo que los hechos que se investigan en La Plata “podrían constituir el delito precedente de las maniobras de lavado" y que ambas causas deberán seguir separadas, “cada uno orientado a su propio objeto, sin perjuicio de la necesaria cooperación que debe mantenerse entre las jurisdicciones".
La causa de La Plata apunta al funcionamiento irregular del sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.
Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó al Ministerio de Transporte de la Provincia, contaba con la participación de varios jueces de faltas.
Otra rama de investigación tiene que ver con irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). Ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que habrían tenido participación ex funcionarios de la cartera de Transporte.
En la causa de lavado, González Charvay venía acumulando información sensible sobre el patrimonio del exministro D’Onofrio y sus allegados. Algunos de los datos llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo Pacífico y Tardeo Soho. Tras el escándalo, las sociedades se disolvieron rápidamente.
La semana pasada, el juez Masi le pidió a González Charvay que se inhiba de seguir investigando y le mande esa causa para que se acumule con el expediente principal. El argumento formal era que no se pudo acreditar el lavado de dinero.
El primero que reaccionó fue el fiscal Alvaro Garganta. Acusó a Masi de “exceder su jurisdicción” y hasta calificó la decisión como “un disparate”. “¿Qué causa federal ha podido analizar el juez garante para llegar a esa conclusión? No hay constancia en la presente investigación que el juzgado federal haya remitido copia digital de la causa federal 23688/2024″, replicó Garganta en su dictamen.
En cambio, los abogados de D’Onofrio y del resto de los imputados se plegaron a la decisión del juez provincial.
Masi arrastra un antecedente muy polémico. En 2019, intervino en una causa contra el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y el director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis “Chiche” Peluso. Apenas trece días después, el magistrado sobreseyó a ambos funcionarios.
Por ese polémico fallo, Masi fallo tuvo que afrontar un Jury, que terminó desestimado en 2021. Su abogado en ese proceso también representó a D’Onofrio en la causa de las fotomultas.
La maniobra, en este caso, duró apenas unas horas. Este jueves, el juez González Charvay rechazó el pedido de inhibitoria en sintonía con la opinión del fiscal de su causa. “El delito de lavado de activos posee configuración típica, bien jurídico protegido y régimen de competencia propio, orientados a tutelar el orden económico y financiero nacional, de modo que su investigación corresponde al fuero federal", destacó en una resolución de siete carillas.
La defensa de D’Onofrio podría intentar torcer esa decisión pero la Cámara Federal de San Martín ya sostuvo, en noviembre de 2024, que las posibles maniobras de lavado deberían tramitar en la justicia federal.
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