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Un juez se declaró incompetente para resolver en un habeas corpus de represores detenidos
Es el magistrado de instrucción Martín Yadarola; se debe a que los casos ocurrieron fuera de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires y se tratan de asuntos de índole federal
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez de instrucción Martín Yadarola se declaró incompetente para un habeas corpus presentado por una decena de organizaciones que reúnen a 86 condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Esos condenados tuvieron la oportunidad de exponer en una audiencia en los tribunales su situación y sus enfermedades, así como las actitudes de discriminación de la que, según relataron, son objeto en los penales donde están detenidos.
Yadarola entendió que los casos eran de índole federal y que los presos estaban alojados en penales fuera de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción la justicia nacional de instrucción.
“Es decir: la presunta afectación a los derechos de las personas invocadas se estaría concretando en unidades de alojamiento penitenciario ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Salta (dependientes del Servicio Penitenciario Federal), Mendoza y Córdoba (en este caso: dependientes de los Servicios Penitenciarios de cada provincia)”. las defensas apelarán nuevamente.
La audiencia se produjo a instancias de la Cámara del Crimen que mandó a que Yadarola asuma la causa, luego de declararse dos veces incompetente, con anteriorida a esta ocasión. Las organizaciones de detenidos denunciaron discriminación y la ilegalidad a la cual someten a los prisioneros juzgados por la represión ilegal de la subversión.
La Sala IV de la Cámara del Crimen le ordenó a Yadarola que realice la audiencia que se efectuó el 12 de diciembre en el Palacio de Justicia. Asistieron un representante de cada pabellón de los detenidos, y los abogados que intervinieron fueron Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia, junto con Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.
Las organizaciones denuncian el mantenimiento en la cárcel de mayores de 70 años con enfermedades terminales, con demencia, incontinencia y graves afecciones. Muchos ya han muerto y otros han sido socorridos ante infartos o ACV por los propios internos. Reclaman la aplicación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.
Es la primera vez que la propia justicia ordena una audiencia en un asunto tan sensible. Se escuchó en la audiencia el testimonio por zoom de una docena de presos de las cárceles de Ezeiza, Campo de Mayo, Bower, Córdoba, Salta y Mendoza.
La audiencia fue larga y duró cinco horas. Estuvieron presentes el Ministerio Público, las autoridades del Servicio Penitenciario, la Defensoría Oficial y la secretaria de Derechos Humanos.
Las organizaciones interpusieron un habeas corpus correctivo en favor de todos los mayores de 65 años amparados por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores. Los testimonios hablaron de gente con cáncer, incontinencia, demencia senil, cardiopatías, operados de tumores, mal de Parkinson, con bolsas de colostomía, contando cada una de las muertes ocurridas en los penales por infartos y ACV.
Por ejemplo el excabo Julio Narciso Flores desde Salta relató que está 23 horas por día encerrado solo y que lo sacan al patio una hora aislado para que los presos comunes, que saben que fue militar, no lo agredan.
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