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Un nuevo alarde de poder
Daniel Sabsay Para LA NACION
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Este proyecto de ley de radiodifusión se pone a discusión del Congreso en un momento no propicio, en la medida en que la expresión popular ha demostrado, en los últimos comicios, que su representación en este cuerpo se manifiesta de manera diferente, con predominio de la oposición en detrimento del oficialismo.
Un tema tan crucial para la democracia, como es el manejo de los medios, debe ser objeto de un debate amplio, plural y representativo de los distintos sectores del país.
Así las cosas, la iniciativa adolece de serios defectos y vicios que la tornan inconveniente para el tratamiento de una cuestión, como es la libertad de expresión, que cumple tanto el ejercicio de derechos individuales como funciones de tipo social.
No olvidemos que es a partir de la comunicación y del intercambio de ideas como los miembros de una sociedad democrática toman conocimiento de la cosa pública y pueden obrar en consecuencia, en calidad de ciudadanos de una comunidad políticamente organizada conforme a los principios del Estado de Derecho.
Ante todo, las características del órgano de aplicación de una norma hablan de ella mucho más que la amplia retórica a través de la cual se expresan sus principios y objetivos, respecto de los cuales no podemos sino estar de acuerdo. En tanto y en cuanto el gobierno de los medios estará en manos de un ente con mayoría oficial aplastante, no podemos sino augurar una administración perversa de un bien que nos pertenece a todos.
Desgraciadamente, en este aspecto debemos traer a colación la experiencia tan negativa de reforma del Consejo de la Magistratura, a instancias de esta administración. La técnica es la misma: la captura de una institución a través de una escandalosa búsqueda del predominio.
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También me preocupa la clara tendencia hacia la injerencia estatal en la conducción de los medios, ya que queda para este sector un 33 por ciento asegurado en sus manos, a lo que debemos sumar el flamante manejo del fútbol y la creación de un sistema de televisión satelital también estatal. Si bien es algo todavía minoritario, un gobierno que no respeta los principios constitucionales para hacerse del dominio de sectores y empresas podría, a partir de este umbral, seguir progresando en el copamiento de los medios de expresión.
Tampoco me parece pertinente el permiso a las telefónicas para hacerse de medios de comunicación, ya que auguran desde el sector privado un manejo monopólico y corporativo en favor de unos pocos.
En suma, se trata de un nuevo alarde de poder que nos lleva a temer un triste futuro para el pluralismo y la libertad de ideas que tanto alimentan una democracia genuina.
Por Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires
