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Un nuevo proyecto de Victoria Tolosa Paz causó enojo entre las organizaciones piqueteras
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) publicó un duro comunicado contra una iniciativa de la ministra de Desarrollo Social; sin embargo, lo borró horas después; tensiones entre las organizaciones
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Una iniciativa de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para que el programa Potenciar Trabajo certifique que los beneficiarios terminen sus estudios desató un nuevo conflicto entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras, que a su vez atraviesan tensiones internas. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llegó a publicar un duro comunicado contra la medida este jueves, a la que calificó como “discurso vacío” pero lo borró horas después. Las conversaciones continúan.
El Ministerio de Desarrollo Social trabaja desde hace semanas en un cambio respecto del proceso de “terminalidad educativa” que prevé el Potenciar Trabajo. La intención es que sean las escuelas y los colegios los que certifiquen los estudios primarios y secundarios de los beneficiarios. Hasta ahora, esa tarea está a cargo de las unidades de gestión del Ministerio en coordinación con las organizaciones sociales, según reconstruyó LA NACION.
El cambio propuesto por Tolosa Paz implica un desplazamiento de las organizaciones sociales de su incidencia en el proceso de terminalidad educativa. La medida, que aún no fue oficializada, se enmarca en el duro enfrentamiento que la ministra mantiene con los sectores piqueteros desde su llegada al área de Desarrollo Social. Tolosa Paz suspendió en enero 155.000 planes de beneficiarios que no revalidaron sus datos, según arrojó una auditoría.
Ahora, el Gobierno puso la atención en aquellos miembros del Programa que no tienen sus estudios finalizados, especialmente del nivel primario. Se trata de más de 132.000 personas, en su mayoría mujeres, quienes se encuentran en esta situación, según datos del área de Desarrollo Social. En la resolución 121/2020, por la que se creó el Potenciar Trabajo, se especifica que los beneficiarios deben participar en al menos una de las cuatro actividades previstas: proyectos productivos, laborales, comunitarios y/o procesos de terminalidad educativa para acceder al cobro del salario social complementario. Conservan la ayuda estatal hoy 1.210.571 personas, que perciben $32.000.
Mientras las organizaciones se quejan sobre la falta de consulta respecto de la medida, plantean reparos a la posibilidad de que los beneficiarios puedan acreditar solamente estudios para cobrar el beneficio. En la práctica, según explicaron desde las organizaciones, la trayectoria educativa se ofrece en la actualidad como una opción voluntaria complementaria a la tarea que los miembros de los programas ya realizan como vendedores ambulantes, en cooperativas de reciclaje o en comedores. De fondo, aparece una pelea por el control de los planes.
La modificación respecto de qué ente certifica los estudios de los beneficiarios se trabaja en una mesa que integran la Secretaría de Economía Social, que depende de Pérsico , la Secretaría de Innovación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete, y el Ministerio de Educación, según confirmaron fuentes del Gobierno a este medio. La medida desató, no obstante, la bronca de algunos de los sectores de las organizaciones sociales.
El plan tomó como base el formulario por WhatsApp que el Gobierno le envió a los beneficiarios para conocer su situación actual en el programa. “¿Trabajás o estudiás?” fue una de las preguntas que integró ese cuestionario y que fue rechazado por varios sectores de las organizaciones.
Ante la posibilidad de que el Gobierno formalice el cambio en la certificación educativa a la brevedad, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, que encabeza Esteban “Gringo” Castro y de la que Juan Grabois es uno de sus referentes, difundió un duro comunicado en la tarde del jueves con críticas a Tolosa Paz.
“Una vez más la ministra de Desarrollo Social busca dar anuncios vacíos para lanzarse como candidata”, afirmó la UTEP. “Sabiendo la importancia que tiene para nuestras organizaciones que las y los trabajadores estudien y trabajen presentará como una política pública un mensaje de WhatsApp”. Y agregó: “Ahora quieren hacer responsables a directores y docentes de las escuelas, la garantía del programa del cobro del programa Potenciar Trabajo”.
Sin embargo, la publicación se eliminó a las pocas horas. Ante la consulta de este medio, desde la UTEP manifestaron que el Gobierno se había comunicado para “dar marcha atrás” con el cambio educativo. Y, a raíz de esa situación, “quedó en pausa el comunicado” hasta este viernes.
“Falta de acuerdo”
Laura Cibelli, miembro de la mesa ejecutiva de la UTEP, observó que la iniciativa comenzó a difundirse sin que las organizaciones tuvieran participación, algo que desde el Gobierno desestiman. “Tendría que haberse hecho en acuerdo con las organizaciones”, puntualizó Cibelli. “El Potenciar Trabajo fue pensado para personas que tienen empleos en malas condiciones y que necesitan trabajar, además, del beneficio. No es un programa educativo. Para eso, están otros programas como el Progresar. Los vendedores ambulantes o los cartoneros tienen que seguir trabajando”, explicó.
La dirigente de la UTEP señaló que la medida se enmarca en la intención del Gobierno de “achicar el programa” según lo que pauta “el Fondo Monetario Internacional”. Y planteó dudas respecto de la terminalidad educativa que planea el Gobierno. “Una cosa es la oferta educativa en el AMBA y es otra la del interior. No es lo mismo formar a jóvenes que dejaron la escuela hace poco, que aquellos que lo hicieron hace 30 años. Tiene que haber planificación”, criticó.
Y cargó contra Tolosa Paz. “Las organizaciones no podemos desde hace tiempo trabajar en puntos comunes. La agenda ahora es cómo achicar el programa, cuando el problema debería ser que el 40% de la población argentina está bajo la línea de la pobreza”, expresó.
Fuentes del Gobierno desestimaron que haya una marcha atrás con el cambio educativo, tal como dejó trascender la UTEP. “No hay una marcha atrás porque aún no se anunció nada oficialmente”, afirmaron desde la Casa Rosada. Los voceros indicaron que las conversaciones continúan, al igual que las mesas de trabajo.
Al mismo tiempo, rechazaron que las organizaciones no hayan sido consultadas. Replicaron que la Secretaría de Economía Social, en la que se desempeñan varios referentes de las organizaciones que integran la UTEP participaron en las conversaciones. Es más, hasta deslizaron que no todas las organizaciones mantienen el mismo punto de vista que el manifestado en el fugaz comunicado.
La UTEP es un espacio que aglutina al Movimiento Evita, a Somos-Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y al MTE de Juan Grabois, entre otras organizaciones. Varios de sus integrantes sintonizan con el Gobierno del Frente de Todos, pese a las diferencias públicas. De hecho, el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, es el titular de la Secretaría de Economía Social.
Tras la publicación del comunicado en redes, LA NACION se contactó con el dirigente de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración, Daniel Menéndez. Sin embargo, el funcionario -que este jueves había llamado a repuntar el poder adquisitivo para ganar las elecciones- declinó realizar comentarios.
En tanto, el exdirector de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer -quien se retiró el año pasado en medio de diferencias- y referente del movimiento popular La Dignidad cuestionó el comunicado. “No fuimos consultados sobre este posicionamiento de la UTEP. Lo desconocemos. Creemos que hay otras cosas de fondo”, expresó a LA NACION.
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