Un organismo del Estado creado por Macri le exige información a la AFI
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Mientras la tormenta sacude al fiscal Carlos Stornelli , al falso abogado Marcelo D'Alessio y a los servicios oficiales y oficiosos de espionaje, un organismo del Estado creado por impulso del presidente Mauricio Macri avanzó sobre otro organismo del Estado, acaso el más oscuro y cuestionado de todos: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) .
La flamante Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) intimó a la casa de los espías, que dirige Gustavo Arribas , para que le informe cuáles datos de su actividad son secretos -y en ese caso, con qué fundamento- y cuáles, por el contrario, son o deberían ser de acceso público e irrestricto.
El requerimiento, firmado por el director de la Agencia, Eduardo Bertoni, se basa en un mandato explícito de la nueva ley de acceso a la información pública, que desde que entró en vigor, en septiembre de 2016, incumple la ex-SIDE.
¿Qué impone la ley? Que la Agencia de Acceso a la Información Pública debe "publicar los índices de información reservada elaborada por los sujetos obligados" -entre ellos, la ex-SIDE- para que cualquier ciudadano sepa qué puede pedirle -y qué no- a cada organismo público.
No solo eso. Arribas y su número dos, Silvia Majdalani, deberán aportar "la lista de la información que se encuentra reservada por el organismo y el acto administrativo que ordenó dicha reserva", según les recordó Bertoni en la resolución 2019-46-APN-AAIP, que firmó este martes y subió a la página de la AAIP.
"Es relevante que responda la AFI tanto como cualquier otro de los sujetos obligados que determina la ley", argumentó Bertoni ante la consulta de LA NACION. "Que sea un órgano de inteligencia no significa que toda la información que posea es secreta ni que no debe informar cuál es la información que ha reservado".
En la práctica, la orden de Bertoni impone a la ex-SIDE que detalle todas las aristas de su actividad que deben permanecer en las sombras y aportar los fundamentos que justifican que así sea. Para resguardar, entre otros, desde las identidades reales y ficticias de sus agentes, sus actividades específicas de inteligencia, la documentación vinculada a esas operaciones o sus bancos de datos.
¿Qué implica ese paraguas? Que si D'Alessio trabaja para la AFI como agente formal o inorgánico de inteligencia, la ley establece que Arribas y Majdalani no deben revelarlo, como tampoco deben responder si media una relación laboral con Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, los ahora detenidos excomisarios de la policía bonaerense que actuaron como supuestos jefes del falso abogado.
De hecho, la intimación de Bertoni a la AFI nació de un pedido de acceso a información pública que presentó ante la ex-SIDE una mujer que quería saber si un hombre es o fue personal civil de inteligencia y, de ser así, reclamó, "en qué período estuvo activo y en qué dependencia". Pero solo obtuvo silencio de los espías y por eso acudió a la AAIP para reclamar.
Al recibir el reclamo de Mara Elisa Burkat, sin embargo, Bertoni lo rechazó por improcedente. Explicó que solicitaba datos confidenciales de acuerdo con la ley de inteligencia nacional y las excepciones de la propia ley de acceso a la información, aunque al mismo tiempo les recordó a los espías que sí debieron explicarle a la mujer los motivos por los que no correspondía satisfacer su consulta.
Ese cono de sombras va más allá de los nombres de los espías. También alcanza al manejo de todos los recursos presupuestarios de la AFI, según lo determinó el presidente Macri por medio del decreto 656 del 6 de mayo de 2016, año en que esa partida trepó a $1450 millones. Una caja negra de libre disponibilidad, que levantó críticas de los observadores especializados de la sociedad civil.
"Reclamamos al Presidente que revea la decisión y al Congreso que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado", planteó entonces la llamada Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), un grupo de organizaciones civiles abocadas a esa temática.
Una caja que crece
Desde entonces, sin embargo, la canilla de dinero negro para los espías continuó en ascenso. Este año, el presupuesto de la AFI asciende a $2697 millones, de los que $1754 millones se destinarían a los salarios del personal y otros $943 millones para "otros menesteres".
Desde la AFI replican, sin embargo, que no toda su información es secreta, sino que por ley deben moverse con tres niveles de clasificación de seguridad -secreto, confidencial y público- según cuál sea la sensibilidad de los datos involucrados. Ahora, Bertoni les reclama a los espías que detallen qué integra cada una de esas tres categorías y entregárselo en un informe que la AFI deberá confeccionar y remitirle para su difusión pública.
Bertoni sabe, de todos modos, que fomentar la transparencia entre los espías puede ser farragoso. "Que los órganos de inteligencia son reacios a entregar información es una cuestión universal", reconoció. "En Chile, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia tuvo que ir a la Justicia para que se cumpla un requerimiento efectuado y la Corte de Apelaciones de Santiago acaba de darle la razón".
¿Qué pasa si la AFI desoye la petición de Bertoni? Se sumarán al listado de áreas y organismos del Estado que incumplen o cumplen de manera parcial sus metas de transparencia y la entrega de información, que ya incluye a la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad, entre otros. Para los espías puede resultar una mancha menor en momentos en que la aliada de Cambiemos, Lilita Carrió, reclama su completa disolución.
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