Un país a la deriva

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Vamos a poner el foco en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, entre otras cosas, por una operación que ha habido en los últimos días: el intento fallido de aprobar el presupuesto nacional, el programa con el cual se organiza la vida material del país, no solo del Estado, ordena la economía y determina cuáles van a ser los niveles de inflación, pobreza, deterioro del salario, etc. La clase política no se pudo poner de acuerdo en cómo sancionarlo. Empieza el problema en el Ejecutivo, porque hay una demora permanente respecto de tareas importantísimas. Una de ellas tiene que ver con la normalización de la economía y un paso necesario para ella, la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Es verdaderamente inexplicable cómo el Gobierno dejó pasar tanto tiempo para llegara un acuerdo con el Fondo. Se estiró muchísimo la negociación con los bonistas privados. Después de eso, el Presidente había prometido, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que iban a cerrar con el Fondo en el mes de febrero de este año. No lograron hacerlo. Podrían haber aprovechado con cierta astucia la pandemia. Iba a ser muy difícil para el FMI, aún para sus técnicos más ortodoxos, acorralar fiscalmente a un país en medio de la pandemia. En diciembre del año pasado, Cristina Kirchner terminó de derribar la posibilidad de un acuerdo cuando le dijo a Guzmán que no podía hacer una reducción de subsidios. Un rubro importantísimo del gasto. O dicho de otra manera, un aumento de tarifas superior al 9%. Cristina Kirchner argumentó que, si se subían las tarifas, perdería las elecciones. No contempló que sin normalizar la economía, sin ordenar las cuentas públicas, sin dar señales claras respecto de la inflación, la que le iba a hacer perder las elecciones era justamente la carrera de los precios y el deterioro del salario. Hay una dificultad enorme para pensar el costo de caminos alternativos y la pagaron en las urnas.

En este contexto, no se entiende por qué quieren un presupuesto antes de acordar con el Fondo. Porque lo más probable es que vayan con este presupuesto a Washington y tengan que corregirlo, hacer otros ajustes, modificar la aritmética, por la negociación misma con el Fondo, antes del vencimiento de marzo. Puede haber una fantasía infantil de imaginar que pueden ir a Washington y hablar con los técnicos del Fondo diciéndoles: “No me puedo mover de estos números porque es lo que le pedí al Congreso que me apruebe”. Una excusa que seguramente del otro lado no aceptarían.

Además de estos problemas, que son problemas de método, de cómo organizar la secuencia administrativa para ordenar las cuentas públicas reduciendo los niveles de inflación, ha habido dificultades mucho más concretas en la elaboración de los números del presupuesto. Es decir, una de las razones por las que la oposición se excusa de no haber aprobado el presupuesto es que la aritmética del proyecto era delirante. No solamente porque miente respecto de los números de inflación. Guzmán en la Comisión de Presupuesto y Hacienda debió pedir disculpas porque, cuando explicó cómo va a financiar el déficit, que es la pregunta más importante que le están haciendo los técnicos del Fondo y que no puede responder, dijo: “Pienso financiarlo, entre otras cosas, con 12.000 millones de dólares que me van a dar los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Banco Mundial y el BID”. Le dijeron: “¿Usted está seguro de conseguir esa cifra?”. Y respondió: “Bueno, no. Me equivoqué en 6000 millones de dólares”. La pregunta es: ¿y esa diferencia, cómo la sustituye? Todos los que conocen el financiamiento del Banco Mundial y el BID saben que a la Argentina nunca le han prestado más de 2000 millones de dólares. Guzmán calculó 6000. Es posible que esté pensando en que el mismo Fondo le dará plata. Pero, aún en esa hipótesis muy improbable, hay 6000 millones que deben ser borrados de ese financiamiento. ¿Cómo se van a sustituir? ¿Emisión monetaria? ¿A qué niveles de inflación iríamos? ¿Un ajuste brutal? Iríamos a una pobreza y un malestar social peligrosísimo. No pudo dar explicaciones el ministro de Economía sobre nada menos que 6000 millones del financiamiento del déficit fiscal. Es un gran favor que le presta Guzmán a la oposición para que tenga un argumento para no aprobarle el presupuesto.

Aún así, había avanzado la negociación. Sobre todo porque Sergio Massa, el principal responsable de que salga el Presupuesto en el Congreso, había empezado una negociación con los gobernadores. Sobre todo los de la oposición, a quienes invitó para ofrecerles una serie de ventajas. El radicalismo, por otra parte, había acordado lo básico, dar quorum, es decir, que sesione la Cámara. Y no oponerse contundentemente sino acompañar algunos artículos. Había además un compromiso de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que sostuvo que hay que evitar acorralar al Gobierno y llevarlo a una crisis. La idea que tiene Carrió es que la alternativa a Fernández es habilitar un gobierno que sería peor, ejercido por Cristina Kirchner. Ella viene sosteniendo algo que puede ser discutible, y es que Cristina Kirchner es la que realmente acorrala a Alberto Fernández. Hay muchos que suponen lo mismo, a mi juicio, erróneamente, pensando que detrás de la conducta de su hijo en la Cámara Baja hay una especie de golpe interno contra Fernández para dejarlo sin presupuesto.

Se suma a todo esto un fenómeno importantísimo de la vida política. Hay que ser un poco obsesivo para seguirlo y entenderlo. Es la interna radical, que mueve montañas. Apasiona a los radicales. El viernes se elegía al jefe del radicalismo, que terminó siendo el jujeño Gerardo Morales. Un sector del partido identificado con Rodrigo de Loredo, Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau están oponiéndose a Morales. Sobre todo la semana pasada, antes de que llegue a la presidencia de la UCR. ¿Qué hicieron? Dijeron: “Nosotros no vamos a oponernos en abstracto, vamos a hacer un proyecto de presupuesto alternativo, propio, negándose a considerar el proyecto oficial”. Esto complica a los demás porque, habiendo un texto alternativo, ya no pueden abstenerse. Mucho menos acompañar. Tienen que votar un presupuesto con toda la oposición. Así empiezan a juntar votos, hasta llegar al miércoles a la noche, que es cuando Massa se da cuenta de que no tiene el número para aprobar el presupuesto. Ahí empieza una larga negociación en la cual un sector de la oposición, la Coalición Cívica, le ofrece al oficialismo una salida: ya que este presupuesto es un mamarracho por las inconsistencias de las que hablamos, mándenlo de nuevo a comisión. Revisémoslo, hagamos otro. Busquen de nuevo los votos para que sesione la Cámara y, a lo mejor ahí, lo pueden aprobar. A las cinco de la mañana, el Gobierno tenía una cuesta muy empinada que subir. Se enteró que probablemente tuviera que mandar el presupuesto de nuevo a comisión y remodelarlo por completo.

Máximo Kirchner, a esa hora, para que se sepa que lo que hizo no fue un exabrupto impensado, tenía bien pensado lo que iba a decir. Le dijo a un dirigente de la oposición: “Si yo no logro aprobar el presupuesto hoy, voy a dar nombres y apellidos de los responsables”. Pronuncia un discurso cuya lógica hay que seguir, porque lo repitió después Wado de Pedro en una entrevista con Página 12, y está modelado alrededor de las ideas de Cristina Kirchner el 10 de diciembre en la Plaza de Mayo. La idea es bastante extravagante. Pretende plantear lo siguiente: como la deuda la contrajo Macri y Juntos por el Cambio, tiene que ser Juntos por el Cambio el que resuelve, desde el Congreso, el problema de la deuda. La primera objeción que merece esta idea es que la gente votó al Frente de Todos para resolver el problema de la deuda que contrajo Macri.

Pero además hay algo disparatado en términos de la concepción del Estado. Porque es como si Macri, cuando llegó en 2015, hubiera dicho: “Yo voy a gobernar con un presupuesto sin déficit; pero como heredé un déficit gigantesco de Cristina, que se encargue el peronismo en el Congreso de aumentar los impuestos y reducir el gasto. Que ese costo político lo paguen ellos, porque ellos generaron ese déficit”. Es un razonamiento muy difícil de entender, que se traduce en lo que dijo Máximo Kirchner esa mañana en la Cámara de Diputados: “Ustedes son los responsables, lo tienen que votar”. En una entrevista que dio el lunes ya lo había dicho: “Tenemos 116 votos seguros para el acuerdo con el Fondo, que son los de Juntos por el Cambio, que contrajo la deuda”. Me hace acordar a una anécdota que me tocó vivir en 2004 cubriendo viaje de Néstor Kirchner a Madrid. Estoy en el hotel Intercontinental de la Castellana y lo veo llegar al entonces senador Ramón Puerta, que acompañaba a Néstor Kirchner en ese viaje. Estaba muy extrañado Puerta. Me dijo: “Vengo de almorzar con Néstor y me planteó algo alucinante: que él va a gobernar sin pagar costos”.

Esta idea muy demagógica, que por entonces era verosímil, con superávit fiscal y comercial, ahora es imposible. Estamos viendo una desesperada contorsión del kirchnerismo, con cartas, con discursos público, para gobernar sin pagar costos. Esto es lo que se expresó el viernes por la mañana en la Cámara de Diputados. ¿Qué no sabía Máximo Kirchner? Que había algo peor que pasar el proyecto a comisión: que le rechacen el presupuesto. Es lo que terminó pasando. Lo que él no contempló. Mala praxis de Kirchner como jefe de bloque, y de Massa como presidente de la Cámara de Diputados.

Esto es lo que pasa con el Gobierno. Se enreda en la fantasía de gobernar sin pagar costos. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición está en una situación especialmente delicada. Porque le fue muy bien. En las últimas elecciones, lo que quedó felizmente demostrado, el dato más auspicioso, es que en la Argentina hay equilibrio de poder. Hay, por lo menos, dos actores competitivos. Hay una oposición que no es testimonial. Que, razonablemente, dentro de dos años, puede volver a ser gobierno. Es muy auspicioso para la República porque introduce una cantidad de incentivos positivos en todos los actores. Muy distinto a cuando hay una gran distancia. Fue el caso de 2011, con el 54% de Cristina contra el 17% de Binner. 37 puntos de diferencia. El primer incentivo es “nos entregamos todos al caudillo, que es el que manda”. Ahora habría un juego de gobierno y oposición que puede ser alternativa.

Este es un problema para la oposición, porque al ser alternativa la gente empieza a imaginarla como eventual gobierno y se pregunta cómo sería esta gente gobernando. Lo que pasó en el Congreso no es muy auspicioso si se mira a esa oposición como futura administración. ¿Por qué? Vamos a ver la historia de toda la secuencia. Hay gente que asumió una postura de entrada: “Este presupuesto es una fantasía, no se le puede dar quorum al Gobierno”. Ahí estaban Alejandro Rodríguez y su bloque, donde están Graciela Camaño, Florencio Randazzo, los diputados de Córdoba de Schiaretti; los socialistas santafesinos, el peronismo federal, en su momento identificado con Lavagna. Y está Ricardo López Murphy, que desde el primer día dijo “quorum no”. Había otro bloque, que ya lo mencionamos: los radicales que dicen vamos a dar quorum, que puedan tener presupuesto. Nos opondremos en lo que es impresentable y en algunas cosas los apoyaremos porque nuestros gobernadores están beneficiándose en obra pública, créditos, giros del Tesoro, etc. La Coalición Cívica se inclinó por la abstención. En esa instancia aparece la interna radical. El sector de De Loredo y Yacobitti, que dice “tenemos un presupuesto alternativo”. Esto empieza a unificar a todos detrás de ese proyecto. El Gobierno pierde la forma de aprobarlo. Hay que decidir qué hacer. En esa encrucijada van 116 diputados de la oposición a un salón y eso se transforma en una especie de estudiantina. Mucha gente que estuvo ahí adentro dice “nos fuimos espantados porque era un desorden, una torre de Babel donde todo el mundo hablaba, se gritaban entre ellos, era imposible distinguir una consigna. Nadie indicaba un curso de acción. Y tampoco, esto es lo más importante, recibían indicaciones desde el liderazgo político de la coalición, porque esa oposición carece de un liderazgo político unificado. No había una línea de Rodríguez Larreta, los radicales estaban celebrando su interna, tampoco Macri daba una orientación clara. Carrió había pedido abstención pero era ya algo abstracto, porque ahora había una votación en contra. En ese cuadro aparece Máximo Kirchner, que no calcula que puede haber algo peor de lo que él pensaba, hizo un discurso insultante, nombrando a los responsables de ese fracaso. Mencionó a integrantes del gobierno de Macri, nombró a Larreta, a Santilli, a Ritondo, a Vidal, a Monzó. Curioso: todos amigos de Massa. Estaba hablando también de Massa, a lo mejor sin darse cuenta, porque el responsable del pacto con ese sector de la oposición es Massa.

Máximo no imaginó el rechazo probablemente por falta de experiencia parlamentaria. O porque estaba cansado. Asuntos tan importantes como el presupuesto los discute gente que estuvo 24 horas sin dormir. Ritondo, que escucha cómo gente de su bloque empieza a pensar “ante este discurso, tenemos que rechazar el presupuesto”. Luciano Laspina lo habló con Monzó, con Camaño, con la Coalición Cívica. Ritondo irrumpe con un discurso rarísimo, también de un nivel de mala praxis llamativo. Porque el argumento de Ritondo fue “no te apruebo el presupuesto porque vos no me lo aprobabas a mí”. Ojo por ojo, diente por diente. El que está mirando, pensando en su salario, en los impuestos que debe pagar, que su calidad de vida depende de ese presupuesto y de esa clase política, tal vez se sumerja en ese desencanto que muestran las encuestas. Cuando hay una oposición desarticulada, invertebrada, sin un liderazgo, lo que unifica es la posición más recalcitrante. Los que mandan son los halcones. Es difícil que alguien diga “yo no voy a acompañar en rechazar el presupuesto porque quiero darle una mano al Gobierno”. Entonces estamos ante una oposición que, a falta de una estrategia definida, se radicaliza. La oposición carece de una definición respecto del acuerdo con el FMI y de los niveles de estabilidad económica que se quieran alcanzar hasta 2023. Eso todavía no se definió. Los líderes de la oposición no lo definieron. Y eso es una definición respecto del país, no de Alberto Fernández. ¿Qué hay en la oposición? Hay un reflejo de autoprotección que consiste en pensar lo siguiente: “Este gobierno está buscando hacer el ajuste más leve posible en 2022 y llegar a un acuerdo con el Fondo que les permita no caer en default. En 2023 no van a cumplir nada de este acuerdo. Vamos a terminar gobernando en 2023 y haciendo el ajuste de nuevo nosotros”. Por eso resuelven ponerse duros, como señal también al Fondo, para que el ajuste lo tenga que hacer el Gobierno durante el año que viene.

Esta visión tuvo un efecto que seguramente ni Massa ni Máximo Kirchner evaluaron. ¿Cuál es? En el presupuesto hay tres delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo que ahora están ausentes. Una para fijar una alícuota especial para pagar el impuesto a la riqueza en los activos que la gente puede tener en el exterior. Esa alícuota, que era de 1,25% pasó a ser 2,25%. Sin la delegación prevista en el presupuesto, la alícuota vuelve a 1,25. Quiere decir que el Estado nacional pierde 75.000 millones de pesos y las provincias, otros 75.000.

Hay una facilidad que se fue ofreciendo en cuotas, que la va regulando también el Poder Ejecutivo por delegación del Congreso: permitir que las empresas puedan ajustar por inflación sus balances y, por lo tanto, pagar menos impuestos. Ahora eso se desregula y se impone el ajuste por inflación, que le da menos recursos al fisco. Son 150.000 millones de pesos menos para la Nación y 150.000 para las provincias. El presupuesto le daba al Ejecutivo también una delegación de facultades para la tasa de estadística. Son 120.000 millones de pesos. Tampoco dispone el Gobierno de eso. ¿Qué quiere decir? Que al no tener presupuesto, aumentaron el déficit en seis décimas del PBI. Al no permitir que el presupuesto vuelva a comisión, se han puesto mucho más lejos del acuerdo con el Fondo. Será ahora más trabajoso. Por eso hay quienes piensan que Massa está, a través de algún túnel, negociando. Sobre todo con los gobernadores de la oposición. El objetivo sería aprobar estas delegaciones y que no tenga que ser tan riguroso el ajuste del Poder Ejecutivo. Porque, en definitiva, lo que hace la falta de presupuesto es que el Gobierno tenga que hacer un ajuste, perdón por la palabra, “neoliberal”.

Cuando uno mira todo esto ve algo muy característico de este Gobierno. Se debe a la dispersión que tiene. Nadie cuida a Alberto Fernández. ¿Quién es, según la Constitución, el encargado del presupuesto? ¿De garantizarlo y ejecutarlo? El jefe de Gabinete. ¿Alguien lo nombró en esta película? Ni apareció Juan Manzur. En cualquier gobierno normal, tendría que haber pasado la noche en el Congreso, igual que el ministro de Economía. Pareciera que no hay nadie que dé la vida por este Gobierno. Ni Fernández. El Presidente quería una carta de intención firmada antes del 31 de diciembre, sobre todo porque después asumen en el Fondo figuras mucho más ortodoxas, sobre todo el brasileño Ilan Goldfajn, que va a ser muy cuidadoso de lo que firma con la Argentina. No lo logró. Iba a mandar también un programa plurianual en la primera semana de diciembre. Tampoco lo logró. Y, mientras tanto, hay un taxi que corre: se llama caída de reservas. Está muy lejos la cosecha de la soja, en abril. ¿Llega el Gobierno con los dólares hasta abril? ¿Llega a marzo? ¿Llega a febrero? ¿O habrá algún momento en que, por la caída de las reservas, van a tener que tocar los encajes de los bancos y empieza otra película? Esto es lo que tendría que estar dejando sin dormir a Martín Guzmán. Pero él, aparentemente, duerme.

Esta falta de cuidado, esto que da la impresión de que fuera un Gobierno sin dueño, empieza a ser explícita. Hay una entrevista muy interesante, por las entrelíneas, que le hizo Jorge Fontevecchia a Alberto Fernández este fin de semana. Aparecen algunos rasgos institucionales curiosos. Le preguntan por qué no tiene acuerdo del Senado el presidente del Banco Central. Y Fernández contesta: “No sabía que no lo tenía, le voy a preguntar a Cristina”. “Tampoco la jefa de la AFI”. “¿Tampoco? Voy a escribirle a Cristina a ver qué me explica”.

Le preguntaron al Presidente por la relación con Cristina Kirchner, y contestó algo parecido a lo siguiente, sin hablar de ella: “Máximo es distinto de Cristina, es como Néstor. Como carece de carisma tiene la racionalidad de Néstor, y a mi me gustan los líderes racionales no los personalistas carismáticos”. ¿Se da cuenta de que está hablando de Cristina? Daría la impresión de que sí. Fernández lanzó su candidatura a la presidencia para 2023. Le contestó su ministro del Interior diciendo que en 2023 va a haber una interna competitiva. El que tiembla es Axel Kicillof, temeroso de que lo postulen a él. Kicillof empezó a tuitear este fin de semana planteando programas de todo tipo para los próximos seis años. ¿Qué está diciendo? “Me quiero quedar acá, no quiero ir a poner la cabeza en la boca del león”, que es la urna. A lo mejor se produce lo impensado, las cosas van llevando a un acuerdo entre Alberto y Kicillof. Eso sí que no estaba en los planes de Cristina.

Quiere decir que en medio del desbarajuste económico, con reservas que caen en picada, con un ajuste pendiente y un acuerdo con el Fondo que seguramente se va a celebrar en el último minuto, a las 12 de la noche del 22 de marzo, al borde del default, lo único constante es la búsqueda de la impunidad. Es lo que acabamos de ver con la absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que se financiaron para sus negocios con la plata de los contribuyentes. Fueron 8000 millones de pesos de impuestos que debían transferir a la AFIP porque se los cobraban a los consumidores de combustibles. El tribunal oral que los absolvió sancionó al que les permitió hacer esa maniobra, que es Ricardo Echegaray, en su momento jefe de la AFIP. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando uno ve todo el juego alrededor de Cristóbal López, a él si lo cuidan, más que a Alberto Fernández. La AFIP se dio de baja de querellar en esa misma causa dos días antes de los alegatos. Antes le habían dado al empresario una moratoria especial en el Congreso. Hay que recordar que Cristóbal López fue empleador de Alberto Fernández y que su abogado, Carlos Beraldi, es el abogado de Cristina Kirchner. Y hay que recordar que si Cristóbal López no cometió delito, es mucho más difícil demostrar que hubiera habido lavado de activos en Hotesur y Los Sauces. Aquí sí aparece una racionalidad. Si fueran tan consecuentes para la economía como lo son para este tipo de maniobras judiciales, habría un presupuesto aprobado desde hace tres meses.

Por Carlos Pagni

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