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Un papel pálido, pero útil
La Justicia comienza a tener alguna intervención, pálida pero útil, en el debate de las retenciones.
Quizá lo más notorio fue la audiencia convocada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que se realizó ayer. Contra las sospechas iniciales, el acto no fue usado por el magistrado para presionar a los dirigentes rurales, pero sí sirvió para dejar en claro algunas estrategias.
En primer lugar, los dirigentes aclararon que no comparten medidas de fuerza que lleven al desabastecimiento pero, naturalmente, no pueden ni comprometerse ni responder por los actos que realicen o hayan efectuado miles de productores que están dispersos en todo el país.
Por el otro lado, sin embargo, a nadie le pasó inadvertido que Moreno, que mostró su habitual perfil duro, haya dicho que "paro hacen los empleados; una medida de los productores se llama lockout ". Insinuó, así, una denuncia penal.
Pero, además, cuando se retiraba del juzgado, dejó un escrito de una carilla, en el que Moreno dice que la Secretaría de Comercio, a su cargo, investiga a los líderes de las agrupaciones rurales por el artículo 4 de la ley de abastecimiento (obstruir el abastecimiento).
Los ruralistas y Moreno se guardan una desconfianza irreconciliable y el funcionario reniega del diálogo. Si por algún costado puede avanzarse hacia algún acuerdo será por medio del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuya debilidad y desgaste en el cargo lo obliga a llegar a una negociación exitosa.
* * *
Tímidamente, varios jueces con asiento en las provincias comienzan a aceptar las demandas que presentaron los productores contra las retenciones.
Es un avance muy tímido y, por cierto, la Justicia no puede darle al campo la solución de eliminar la escala móvil de las retenciones.
Pero algunos jueces comienzan a ver que deberían tener una participación más activa en el conflicto. Y también advierten una grieta entre el Gobierno y el campo y no parecen dispuestos a dejar pasar por alto cualquier medida de gobierno que ponga en juego a las economías locales.
* * *
El ataque más de fondo -y sin duda el que podría insumir más tiempo judicial- es el que inició la provincia de San Luis contra el gobierno nacional ante la Corte Suprema.
No es la primera vez que San Luis recurre a esta estrategia. Cinco años atrás, San Luis demandó al estado nacional por el corralito y la Corte -con otra composición- se pronunció en su favor. Ahora, el tema es la recaudación. La provincia dice que durante los últimos seis años el estado nacional le transfirió 250 millones de pesos menos de lo debido, a lo que ahora se suma el perjuicio por las retenciones. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, acaba de dictaminar que la Corte es competente para estudiar, en instancia originaria, esa demanda.
El planteo, patrocinado por Rodolfo Barra, lleva a un punto álgido la relación Nación-provincias: San Luis planteó que el aumento de retenciones reduce, en forma correlativa, el monto coparticipable que la provincia hubiera recibido si el Estado se hubiera limitado a recaudar y distribuir el impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable.
La frazada es corta y la Nación somete a las provincias a mendigar recursos que, en rigor, son propios.
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