Un problema menos en medio de una situación grave

Existe un consenso generalizado acerca de que, con el acuerdo con los acreedores internacionales,el Gobierno despejó un problema importante. Si el país hubiera seguido en default, la situación financiera de muchas provincias y empresas privadas se habría agravado mucho. Sería imposible imaginar, en ese entorno, una recuperación económica. Además, Alberto Fernández emitió una señal de racionalidad que desdibuja la impresión bolivariana que dejó con la escandalosa estatización de Vicentin.

Sin embargo, para calibrar mejor el valor de lo acordado hace falta observar el contexto general de las decisiones tomadas hasta ahora. Por ejemplo, prestar atención a algunos aspectos de la comunicación oficial. También identificar cuáles son las dificultades más desafiantes con las que se encuentra Martín Guzmán, para evaluar qué significa la salida del default en relación con esos desafíos.

En principio, hay que subrayar "lo acordado hasta ahora". Porque las tratativas siguen abiertas. Atardecía ayer en Buenos Aires y aún no se había terminado de redactar el prospecto jurídico de los nuevos bonos. Esa discusión ha sido crucial en toda la negociación. Tiene que ver con el alcance de las cláusulas de acción colectiva. Es decir: con las reglas que establecen qué consenso tienen que conseguir los bonistas que, ante una cesación de pagos, pretenden litigar en tribunales.

Este debate no es intrascendente. En medio de una recesión internacional sin antecedentes se multiplicarán las reestructuraciones, en especial las del sector privado. Por lo tanto, bancos y fondos de inversión se han vuelto hipersensibles a que se les quieran atar las manos para litigar en casos de futuros incumplimientos. Desde el punto de vista de Guzmán, la cuestión también es importante. Él se ha propuesto ofrecer, en el altar de la academia, un progreso en el modo en que los financistas deben encuadrarse frente a Estados con problemas de solvencia.

Hasta anoche el capítulo jurídico no había alcanzado el nivel de un borrador. El intercambio puede demorarse hasta el próximo 24. Ese día hay que registrar los nuevos títulos ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Nueva York. Esta extensión de la negociación es llamativa. Sobre todo, porque el Gobierno ya anunció, con timbres épicos, que se había llegado a un acuerdo. Pero la comunicación emitida por el propio ministro antes de ayer, aclara que todo lo anunciado depende de que los acreedores acepten las nuevas cláusulas jurídicas. ¿Qué capacidad de presión tiene Guzmán una vez que ya festejó el arreglo? Su estilo de negociación sigue siendo peculiar. Se demostró en los números del último tramo. No logró partir la diferencia. Cerró en 54,8 centavos, entregando más de la mitad de lo que estaba en discusión.

Con esa incógnita jurídica sin resolución, cualquier ponderación es provisoria. Hecha esta salvedad, se puede analizar lo que se conoce a la luz de un criterio que para Fernández y Guzmán ha sido sagrado: el de sustentabilidad de la deuda. La estrategia general del Gobierno se abrazó a ese argumento. Era necesario abordar a los acreedores con firmeza para que, de una vez por todas, una posición complaciente no arroje al país, en pocos años, a un nuevo default. En el sitio oficial del Ministerio de Economía la publicación del acuerdo está precedida por estas palabras de Guzmán: "No trabajamos para nosotros sino para Argentina".

A pesar de ese discurso, si se observa cómo se ordenan en el tiempo los desembolsos en el nuevo entendimiento, queda claro que se resolvió postergar el problema más o menos una década. El ahorro conseguido por Guzmán llega a ser, acumulado, unos 32.000 millones de dólares, en 2029. Entre ese año y 2035 se deben realizar pagos por un monto equivalente. En 2031 los pagos van a ser tan caudalosos como los que se evitarán el año que viene. Recién en 2036 la situación se estabiliza. Y a partir de 2045 comienza a haber ahorros más significativos, por el acortamiento de los vencimientos del bono "Centenario".

Quiere decir que el acuerdo del que se ufanan Fernández y Guzmán está pensado para aliviar la situación fiscal de la actual administración y la que sigue. A quien le toque asumir la presidencia en 2027 le espera, otra vez, una pesadilla. Como los dirigentes del Gobierno especulan con que a partir de 2023 seguirán en el poder, lo que el arreglo de la deuda garantiza no es la sustentabilidad financiera de la Argentina. Es la sustentabilidad financiera del kirchnerismo. No es la primera vez que se kirchneriza lo que, en la retórica, se está argentinizando. Con la entrada de los Eskenazi en YPF se apeló al mismo truco discursivo.

Para detectar esta trampa, ayer economistas como Alfonso Prat-Gay, Esteban Domecq y Neri Persichini, entre otros, publicaron esos números en las redes. Sin embargo, quien mejor desnudó el ardid fue el Presidente. En su entrevista con Gustavo Silvestre, para mostrar el futuro de la deuda, tomó el gráfico que le habían preparado e indicó: "Este papel hay que doblarlo así, ¿ok?". Después expuso en la pantalla el período en el que más desembolsos se evitan, que es el del actual mandato y el siguiente. Y escondió el tramo en el que los pagos vuelven a ser insustentables. La cámara mostró a Silvestre curioseando en su teléfono mientras Fernández leía los números. Una pena que no prestara atención: era el momento para la repregunta que acorrala al funcionario. Lucas Llach hizo un interesante comentario: "El Presidente dobló una hojita con datos para que solo se viera la parte que más le conviene mostrar. Piensa que con eso nos dice algo sobre la deuda, pero no, nos dice algo sobre él".

Más allá de que la sustentabilidad haya sido procrastinada, queda por observar el rol del acuerdo en el paisaje general de la economía. El Presidente dijo que la deuda era el principal condicionamiento para caminar hacia el futuro. Es una afirmación interesante, porque ratifica una visión en la que él insiste muy a menudo: el Gobierno estaría en la situación "en la que estábamos con Néstor cuando llegamos al poder en 2003". Es decir: se desataría el nudo de la deuda y comenzaría la expansión.

Todo indica que la situación hoy es muy distinta. Y que el acuerdo con los bonistas tiene otro significado. Importantísimo, porque Mauricio Macri abusó del escaso endeudamiento que le había dejado en herencia Cristina Kirchner. Pero insuficiente.

Para advertirlo, conviene poner la lupa en un número: en julio el Banco Central perdió en el mercado de divisas 500 millones de dólares. Con una cantidad muy pequeña de importaciones, de alrededor de 3.200 millones de dólares, derivada de la recesión. Y una liquidación de soja que sigue siendo fuerte. Quiere decir que con exportaciones considerables y bajas importaciones, el Central, en vez de ganar, pierde dólares.

La razón de esta rareza es que hay una pulverización del peso que impulsa, por cualquier hendija, a comprar dólares. Así se explica una brecha entre 72 y 130 pesos por dólar. Las autoridades reaccionan explicando que, en su PowerPoint, el atraso cambiario no es tan importante. Pero es un argumento problemático, porque lo que impulsa aquella brecha son las expectativas de que, tarde o temprano, el dólar oficial cotizará más cerca de 130 que de 72. A la espera de ese momento, se retraen las exportaciones y, por lo tanto, se agrava la situación de reservas del Central. ¿Cuántas son las reservas líquidas? Los economistas discuten entre 4000 y 8000. En cualquier caso, pocas.

La fuga hacia el dólar es una derivación de la destrucción del peso. Y esta parece ser inevitable. La cuarentena obliga a un elevado gasto público. Se calcula que el déficit fiscal a fin de año será superior al 10%. Es difícil pensar, en el actual contexto, en una reducción. ¿Recortar los giros a provincias? ¿Reformar las jubilaciones? ¿Aumentar las tarifas de los servicios públicos para disminuir los subsidios? Son salidas inimaginables para el kirchnerismo. Se notará cuando se abran las discusiones con el Fondo.

El déficit se financia con una emisión escalofriante. Es curioso. También Fernández consume la ventaja que le dejó Macri: una restricción monetaria que hundió al país en la recesión.

Guzmán no tiene acceso al crédito en dólares. Sobre todo, porque, a tasas del 10%, agravaría el pecado que él reprocha al gobierno anterior. Por lo tanto, hay que esperar más emisión. Y, por lo tanto, más presiones sobre el mercado de cambios. Aquí está el drama de Fernández. El Central vende dólares aun en medio de la recesión. ¿Qué sucedería con las reservas si la economía se reactivara? Una alternativa es una devaluación de la moneda. Y la aparición de un drama que se demora por el colapso de la actividad: un salto preocupante en la inflación.

El arreglo de la deuda, como se ve, posterga uno de los problemas. No resuelve los demás. Sobre todo, no resuelve el principal: de dónde saldrán los dólares que se necesitan para salir de la recesión. Si la respuesta es "devaluando", aparece otra pregunta: ¿cómo evitar que se dispare la inflación? Cuando a Fernández se le pide un plan económico se le está pidiendo, en síntesis, que explique cómo va a sacar al país de esta encrucijada.

Por Carlos Pagni

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