Un test de gobernabilidad para Alberto Fernández

Es martes a la mañana y está por comenzar la primera de las audiencias para definir los aumentos en las tarifas de luz y de gas. Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, no está en la sala sino reunido con su equipo a dos cuadras poniendo en duda la ejecución del incremento. “Se nota que el proceso está diseñado por alguien que no conoce del tema; es incompleto porque solo se focaliza en el precio, y tienta a la judicialización porque se basa en un dictamen que es nulo”, esgrime ante los suyos el sobreviviente del despido que nunca se concretó. Al igual que el resto de los funcionarios kirchneristas, se muestra totalmente prescindente de la definición más importante de su área y está convencido de que solo aguarda el fracaso. Una postal de la fractura expuesta.

Es viernes por la tarde y tras una semana extenuante de declaraciones fuertes y discusiones tarifarias, el ministro Martín Guzmán expone su balance ante funcionarios de confianza. Está convencido de que no había más alternativas que avanzar con la suba, pero todavía duda sobre las trabas que puede sufrir el proceso a instancias de sus rivales internos. “Y… siempre puede haber sorpresas, nunca se sabe con esta gente. Pero estoy seguro de que los procedimientos fueron legales. No hay margen macroeconómico ni político para no instrumentar las subas”, confía.

Después del acuerdo con el FMI, la discusión por la reducción de subsidios a los servicios públicos la más importante para la coalición oficialista, y al mismo tiempo la que más estimula las diferencias internas. Para el Gobierno es una decisión clave derivada del compromiso de reducción del déficit fiscal pautado con el Fondo, aunque hay señales claras de que hoy el debate ya tiene una trascendencia más política que económica. La guerra en Ucrania, que elevó todos los costos, sumado a los altísimos niveles de inflación, licuaron la incidencia real que van a tener los aumentos en las cuentas públicas. En La Cámpora están convencidos de que Guzmán arregló con el FMI un relajamiento de los objetivos tarifarios y que hay un desvío acordado. “El ahorro es bajo, no más de $50.000 millones. En realidad acá lo que pesa es la gestualidad: demostrar que lo pueden hacer”, aducen los funcionarios kirchneristas del área.

Hay dos datos significativos que solo se plantearon en conversaciones muy reservadas. Una: tanto el Presidente como Guzmán hace apenas diez días seguían consultando sobre la conveniencia de profundizar la pelea por las tarifas o buscar alternativas para reducir el déficit. Convicción en público, dudas en la intimidad. Dos: emisarios del FMI reconocieron en consulta con economistas argentinos que a la Argentina le aplicarían una mirada laxa de las metas trazadas, porque el objetivo es acompañar a este gobierno hasta el final de su mandato, a la espera de que una próxima administración renegocie los términos.

A pesar de las dudas sobre real el impacto fiscal, Cristina Kirchner no deja de plantear que la de las tarifas es una batalla conceptual que deben dar, basada en la evidencia de que las revueltas prepandemia desde Chile hasta El Líbano se iniciaron por aumentos de servicios. “No cedan a un tarifazo que afecta a la gente”, fue la consigna que bajó.

Más allá de sus consultas, Guzmán sostiene que la suba tarifaria es clave para la instrumentación del acuerdo con el FMI, pero también para consolidar el rumbo económico que busca enderezar. Por eso tiene a mano un gráfico que muestra la incidencia de los subsidios energéticos en porcentaje del PBI, con un pico máximo de 2,9 % en 2014 (un homenaje a Axel Kicillof) y un repunte fuerte en 2021, que ya lo ubicó en 2,3 % y creciendo. En un planteo reduccionista: sin quita de subsidios, no hay plan; sin plan, no tiene sentido su continuidad y, en consecuencia, tampoco la de un Alberto Fernández que quedaría mortalmente vulnerado. Para el Presidente, la reducción de subsidios representa el primer gran test de la viabilidad de su acuerdo con el FMI. También un examen de gobernabilidad.

Así se entiende la frase que dejó en su paso europeo: “La suba de tarifas es una decisión política. Quien no puede tomar esa decisión no puede seguir en el Gobierno”. Así de ese modo la nueva doctrina de que en su administración se puede hacer oposición libremente, pero no obstruir la gestión, una señal para el secretario de Energía, Darío Martínez, quien debe convalidar el aumento, y para los titulares del Enargas, Federico Bernal, y del ENRE, Soledad Manin, que deben trasladarlos a las tarifas. Como si tratara de una serie de suspenso con desenlace abierto, en el kirchnerismo hay quienes aseguran que La Cámpora no va a obstaculizar lo que se resuelva, pero hay otros que dudan. Guzmán todavía no está seguro.

Julián Rojo, economista especializado en temas energéticos, comparte la incertidumbre del ministro sobre la actitud que tendrá la línea técnica, y subraya el dato de que “en las audiencias lo único novedoso fue que no participaron los principales referentes energéticos del Gobierno, con lo cual pierden cierta institucionalidad”. Para La Cámpora, la judicialización se puede producir porque Guzmán desconoció el crítico informe que elaboró Basualdo y vía asuntos jurídicos impuso otro más amigable que produjo el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, un hombre de su confianza. Tecnicismos para encubrir las diferencias políticas.

El punto más controvertido es el de la segmentación para los sectores de mayores ingresos, tanto que el proceso todavía no está concluido a pesar del tiempo que lleva en elaboración. Hay lineamientos centrales, que estarán basados en criterios geográficos en los grandes centros urbanos, cruzados con datos de ingresos y patrimonio. Hoy la tarea de definición está en manos de Martínez, un funcionario que oscila entre su responsabilidad institucional y su raigambre kirchnerista (de allí la foto del miércoles con Basualdo, durante la segunda audiencia). Pero Guzmán ya tomó una decisión crucial en un intento por evitar una judicialización como la que frenó el “tarifazo” de Mauricio Macri: la aplicación de la suba para los que se les quite la totalidad de los subsidios (cuyo monto también aún está en cálculo pero podría ir de 100% al 200 % de incremento) no se hará de una sola vez sino en forma progresiva. “Vamos a poner un tope en la primera actualización y respetar el principio del gradualismo”, dicen en Economía. Casi un homenaje.

El otro atenuante se va a dar por los plazos, ya que es probable que las primeras boletas con los aumentos empiecen a llegar cuando el invierno entre en su ocaso. La resolución se publicaría el 1 de junio, a partir de lo cual se debe hacer el proceso de instrumentación por parte de las distribuidoras de todo el país, que ya avisaron que le demandaría al menos un par de meses. Agentes del sector no descartan que las dificultades con la segmentación lleven un tiempo más, con lo cual las boletas con subas serán retoños de primavera. Además advierten que lo más probable es que el proceso derive en un aumento de las deudas de las distribuidoras con Cammesa (al 30 de marzo le debían $333.000 millones).

Mientras resisten las duras embestidas kirchneristas, Alberto Fernández y Guzmán, encontraron en el tema energético una nueva retórica, que les permite alternar con la agenda negativa de la deuda y la inflación. Están convencidos de que la guerra en Ucrania generó una oportunidad histórica para el país (lo comparan con el boom de los commodities de hace dos décadas) porque Europa está en pleno proceso de diversificación de su matriz energética para dejar de depender de Rusia, y Estados Unidos no puede garantizar ese faltante.

Fue el tema central de la cena que compartieron con Paolo Rocca, quien alimentó esas expectativas, pero también dejó una advertencia: si no se resuelve la interna en el área de Energía, va a ser muy difícil generar confianza y credibilidad en el mundo. Ácido, recordó el abrupto corte de gas a Chile en tiempos de Julio De Vido. También fue el corazón del extraño viaje del Presidente a Europa. Además de las incomodidades por su posicionamiento sobre Ucrania, Alberto Fernández se ilusionó al escuchar la preocupación de sus pares por el abastecimiento de gas. Por eso acordó con Guzmán que antes de fin de mes firmarán un decreto que va a flexibilizar los controles de capital para las empresas extranjeras que estén dispuestas a invertir en energía. A cambio de que ingresen dólares, les permitirán también sacar las utilidades del país. Economía y el Banco Central ya están en la tarea.

“En vez de combatiendo al capital, como dice la marcha, están seduciendo al capital”, se quejan en el Instituto Patria, donde todos estos gestos al establishment son vistos como traiciones que refuerzan la mirada más contestataria del espacio. Así se entiende la frase del viernes de Máximo Kirchner, cuando desde Lanús dijo: “Escuché a Guzmán decir que no tiene apoyo político, pero tiene el apoyo del FMI, del Presidente, de las centrales obreras y de Clarín. ¿Qué más apoyo quiere”. Leyó bien la secuencia de cumbres empresariales, donde el ministro recuperó el oxígeno que la interna política le había restado.

El dato de la inflación de abril fue un nuevo estímulo para la crítica camporista. Durante la semana la consigna interna había sido no salir a responder al endurecimiento verbal de la escala española de Alberto Fernández (la alemana fue mucho más contemporizadora), pero anteayer Máximo volvió a embestir, con un recurso que hasta los propios reconocen que se está diluyendo. Quizás no hay nada que altere más a los Kirchner que la percepción de que Guzmán no reacciona ante la inflación, que no enfrenta a los formadores de precios y no promueve esquemas de costos más populares. Incluso le facturan la reciente suba del 76 % de la energía a los industriales porque lo van a transferir a precios (también critican a Gustavo Beliz porque dicen que tiene pisada la aprobación de la financiación china para la construcción de una cuarta central nuclear).

En Economía (además de retrucar que “mucho más inflacionario es la suba de combustibles de esta semana, que dispuso YPF”, donde reina La Cámpora), están convencidos de que habrá una baja tenue en los próximos meses pero que la cuestión de fondo está atada al contexto internacional (el pronóstico es un descenso muy lento), a reducir el ruido político y a “anclar expectativas”, que traducido en hechos significa recuperar reservas en dólares. Este tema tiene claramente preocupado al ministro, sobre todo con la mira en el tercer trimestre, cuando baje la liquidación de la cosecha. Lo habló con Alberto Fernández, quien en su gira admitió que es una luz de alerta en el tablero.

En definitiva, Guzmán se transformó en el promotor de un emprendimiento inmobiliario desde el pozo, tiene un render muy atractivo del final de obra, pero todavía no puede poner los cimientos porque el terreno está flojo y el arquitecto está a los gritos con el ingeniero. Mientras él imagina un futuro de oportunidades, en sectores del Frente de Todos no dejan de hablar con una liviandad preocupante de escenarios contingentes.

El kirchnerismo, que arrastra su propio desgaste, ingresó en la tercera etapa de administración de la crisis interna, cristalizada desde que la relación Alberto-Cristina se tornó irrecuperable. Cuando se discutió el acuerdo con el FMI en marzo, había adoptado la “doctrina de la prescindencia”. Máximo dejó la jefatura del bloque y Cristina aclaró que se oponía a ese entendimiento. La idea era tomar distancia y consolidar el capital simbólico. En abril, con los nervios inflacionarios, pasaron a la fase de la “ofensiva rusa”, con la infantería liderada por Andrés Larroque y el objetivo directo de correr a Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni para tomar el control de la botonera económica. Semana Santa representó el punto crítico, con el Presidente evaluando primero y descartando después cambios en el gabinete. Los ucranianos resistieron. Mayo abrió la etapa que algunos denominan de “resignación activa”, marcada por la voluntad de incidir en la agenda económica desde afuera del Gobierno. Así Máximo promovió el adelantamiento del salario mínimo y Sergio Massa el de Ganancias. “Eran dos medidas que ya habíamos acordado y que ellos buscaron capitalizar”, minimizan en Economía. “Hay tantas obviedades que se demoran”, ironizaron cerca de Massa por la respuesta de Guzmán a su carta, y en un claro cuestionamiento a la tendencia del ministro de ganar tiempo para disimular la reducción del déficit.

También gira en el Congreso el proyecto inconsulto de moratoria jubilatoria de los senadores kirchneristas, que en el Palacio de Hacienda dicen que “está en análisis”. A eso se suma el distribucionismo de Kicillof, quien en una semana otorgó un aumento del 60 % a los estatales y de 50 % a jubilados y pensionados, más un bono de $10.000. Es curiosa la manera de administración económica de la coalición: mientras Guzmán se enfoca en cumplir moderadamente las metas fiscales con el FMI, el kirchnerismo promueve medidas de compensación ante la pérdida de poder adquisitivo. Podría decirse que son estrategias complementarias, sino fuera porque en realidad son producto de la esquizofrenia oficialista.

El resultado de estas tensiones es muy visible dentro de la Casa Rosada. Esta semana circuló en despachos oficiales una encuesta de Analía del Franco -cercana a Alberto Fernández- que retrató un estado de ánimo crítico. El 47 % de los consultados dijo sentir “bronca” por la situación actual y el 38 % aseguró estar “triste y desanimada”, lo que suma un 85% de percepción negativa. Suponiendo que el 15 % restante son adherentes del oficialismo puede deducirse que al menos un 33 % de los que votaron por el FDT en 2019 están insatisfechos. El diagnóstico impregna incluso el bastión bonaerense. La consultora TresPuntoZero de Shila Vilker detectó allí que el 75,2 % tiene sensaciones negativas, entre “decepción”, “bronca” y “enojo”, pero lo más gravitante es que esto incluye al 63,2 % de los que votaron la formula Fernández-Fernández. Quizás algo de eso vio Cristina cuando en el Chaco dijo que no estaban honrando la confianza de los votantes. En ese trabajo el dato más sensible es la preocupación de porque el Gobierno no puede controlar la inflación ni proveer más trabajo. El núcleo central de la doctrina peronista en torno de representar la posibilidad de una mejora social es la que está fuertemente interpelada.

Por eso la politóloga María Esperanza Casullo concluye: “El kirchnerismo, dentro de ese colectivo amorfo pero un poco más amplio que es el Frente de Todos está en una crisis muy grave, que pone en crisis a sus votantes. Primero porque el Gobierno no puede mejorar la situación económica y segundo porque la interna entre Alberto y Cristina es muy desmovilizante para sus bases”.

Por Jorge Liotti

• Nota de Opinion

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Tipo de trabajo:análisis