Una alarma que suena más allá de San Juan

Como si no faltara imprevisibilidad en el país, el fallo de la Corte que inhibe al gobernador sanjuanino de intentar otra re-reelección agrega un nuevo factor de incertidumbre y tensión institucional. Aunque no cabría culpar a la Justicia por eso.

En términos formales, es una verdad incontrastable que la sentencia queda acotada al caso particular de San Juan y a la interpretación forzada de las restricciones electorales que hizo su gobernador. Pero no es menos cierto que el impacto político de la sentencia y la referencia que implica para otros casos abren ampliamente el espectro de los destinatarios posibles y de los afectados potenciales.

Desde Formosa hasta las intendencias de la provincia de Buenos Aires, sus gobernantes deberían ir poniendo las barbas en remojo por si se presentaran reclamos similares respecto de lo que ocurre con sus postulaciones. Los considerandos del fallo del máximo tribunal habilitan esa interpretación. La Justicia, a veces, no es lenta.

En lo inmediato, la flamante decisión de la Corte golpea al oficialismo nacional y, en particular, a un gobernador peronista al que hasta no hace tanto ese espacio ubicaba en la lista de probables aspirantes a la Presidencia. Uñac se había bajado hace meses de esa carrera ante el fracaso del gobierno nacional y las disputas internas del Frente de Todos. Prefirió resguardarse en territorio conocido y conservar un poder tangible, que corre el riesgo de perder. Ahora, además, ilumina los innumerables problemas del oficialismo. Todo tiene que ver con todo.

Las reacciones ante el fallo tienen ese trasfondo inocultable. Y la polarización política encuentra otro elemento para ahondar la grieta. Al mismo tiempo, profundiza el enfrentamiento del oficialismo con la Corte. Nadie olvida que a sus integrantes les inició un juicio político, actualmente en proceso en el Congreso, de escasa o nula viabilidad, pero de fuerte repercusión y tensión institucional. Un telón de fondo combustible.

Para la coalición gobernante, empezando por el Presidente, el fallo que inhibe a Uñac de postularse otra vez en forma consecutiva es lisa y llanamente otra intromisión política de la Corte y un avance sobre el orden federal. Menos de una hora y media le llevó al Presidente y “profesor de derecho” leer la acordada y sentenciar su condena al fallo, al que considera el producto de de “una interpretación forzada e ilegítima”.

“Lejos de impartir justicia, [la Corte] rompe el federalismo y debilita nuestra democracia”, tuiteó Alberto Fernández.

No importa el antecedente de que su actual ministro de Justicia, Martín Soria, demandara y lograra un fallo similar hace cuatro años para impedir la búsqueda de la reelección del entonces gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien acaba de ser elegido tras el interregno de Arabela Carreras. Por las dudas, en el voto mayoritario de la Corte se cita ese precedente, que sentó jurisprudencia.

Para el cristinismo cerril es, además, otro argumento para sostener la teoría autoproscriptiva de Cristina Kirchner, como ya lo había hecho cuando el máximo tribunal dispuso la medida cautelar que había suspendido esta elección y también la de Tucumán, antes de abocarse a resolver la cuestión de fondo, que es lo que resolvió ayer.

Ya lo dijeron Cristina Kirchner y sus fieles y, seguramente, lo repetirán con más énfasis ahora. “Si sobre el filo de la realización de dos elecciones provinciales tomaron los casos y las suspendieron sin esperar que se siguieran los cursos regulares de estos planteos en la Justicia de cada provincia, por qué no harían algo similar con la vicepresidenta si presentara su candidatura para dejar firme su condena y prohibirle competir, sin respetar tiempos ni pasos procesales ordinarios”, argumentan.

No importa que sean analogías forzadas y que se pase sin escalas ni elementos ciertos del plano hipotético a la dimensión de las certezas. Es política. O la construcción de escenarios y narrativas políticas.

El reciente y polémico pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner hecho por el fiscal Guillermo Marijuan en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, no hizo bajar las defensas del kirchnerismo. Para ellos, lo que los beneficia son “justas y honrosas excepciones” y el lawfare es una vigente realidad que ejecuta el “Partido Judicial”, como lo llama la vicepresidenta.

Ayer mismo, el gobernador Axel Kicillof utilizó el airado reclamo público de una ciudadana, con la que terminó peleando por la tenencia del micrófono en un escenario, para extrapolar realidades y sumar su aporte a la pelea contra los jueces.

“Si sufro un atentado, me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar”, dijo el gobernador. Si la afirmación parece otro exceso conjetural, más difícil resulta encontrar sustento lógico en ese silogismo que equipara un reclamo fuera de tono y lugar con un intento de magnicidio. ¿Avalará ese parangón la vicepresidenta que vio y oyó cómo gatillaban una pistola frente a su propia cara? Excesos peligrosos en un clima de tensión extrema. Aunque previsible.

También resultó previsible que la oposición, mayoritariamente, celebrara la inhibición de Uñac por considerarla un loable freno a quienes desde el poder buscan impedir la alternancia en el Gobierno, que, además, refuerza la limitación al poder que impone el sistema republicano. Quien inició el planteo judicial es Sergio Vallejos, candidato a gobernador por uno de los sublemas de la alianza cambiemita Frente Unidos por San Juan.

La reacción opositora también se dio en clave de grieta. Aunque primara la celebración en defensa de los principios republicanos, no faltó la dura crítica al oficialismo y, especialmente, a Alberto Fernández por su rápida y airada crítica a la sentencia.

Eso sí, los principales dirigentes evitaron esta vez reacciones y festejos polémicos. Como cuando tras la suspensión de las elecciones sanjuanina y tucumana, la precandidata presidencial Patricia Bullrich tuiteó “les frenamos las re-reelecciones a [Juan Manuel] Manzur y Uñac”.

Ese singular uso de la primera persona del plural fue pasto para el oficialismo, que tiene asociada a la Corte con la oposición en una conjura en su contra.

Más allá de estas reacciones políticas, asoma la relevancia de los considerandos del fallo, en el que hay una contundente coincidencia conceptual contra las reelecciones irrestrictas, a las que considera sustancialmente contrarias al espíritu y los preceptos de la Constitución Nacional, en lo que refiere al sistema republicano y a la limitación del poder.

Aunque también se registran importantes matices diferenciales entre el voto conjunto del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y Juan Carlos Maqueda y el de Carlos Rosenkrantz.

Las consecuencias de una y otra posición, que exceden el caso sanjuanino, son motivo de análisis para los gobernantes que gozan de reelecciones indefinidas.

El voto de Ronsekrantz implica casi una inhibición en potencia o un inquietante anticipo para Gildo Insfrán y los intendentes bonaerenses si llegaran a la Corte planteos sobre sus infinitas postulaciones sucesivas. Les queda una luz de esperanza por explorar (sin certezas) en la posición de la mayoría de Rosatti y Maqueda, a pesar de mostrarse también restrictiva respecto de las reelecciones.

En el caso concreto de Uñac, Rosenkrantz se diferencia en que no consideró como eje de su análisis la violación o la posible interpretación forzada de los límites establecidos por la constitución sanjuanina para las reelecciones del gobernador y el vicegobernador, como sí lo hicieron sus pares.

Rosenkrantz consideró que aún si la interpretación de la constitución local permitiera la reelección, ella sería incompatible con el principio republicano consagrado en la Constitución Nacional, respecto a la limitación del poder.

En forma taxativa, agregó que “llegado cierto punto, la reelección para sucesivos mandatos de una persona en el ejercicio de un cargo público de la naturaleza de la gobernación o vicegobernación conlleva el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia […] lo que resulta abiertamente contrario al sistema republicano de gobierno que las provincias deben respetar”.

Los que califican a Insfrán de autócrata tienen con qué defender la acusación. La duda que deja abierta Rosenkrantz es con cuántas reelecciónes se corre el riesgo de que “el gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia”. Habrá que ver lo que dice si llega el caso formoseño a su despacho.

Los votos de Rosatti y Maqueda dejan una luz de esperanza para el sempiterno gobernador formoseño y los barones bonaerenses. Si bien coinciden con Rosenkrantz respecto en la inhibición a Uñac, su voto se funda en que la interpretación de la ley máxima provincial que éste hizo es contraria es contraria a la Constitución Nacional .

Al respecto, el constitucionalista Roberto Gargarella afirma que el fallo “es importantísimo, en especial, por el énfasis que hace en el artículo 5 de la Constitución, que a veces aparecía como una ‘cláusula dormida,’ en sus referencias al principio republicano. Allí apenas habla de las provincias, vincula directamente el respeto al federalismo, a que las provincias resguarden ‘el sistema representativo republicano” y una organización en línea con ‘los principios, declaraciones y garantías’ establecidas por la Constitución. En un paso adelante extraordinario”, concluye.

En ese punto, se justifica también que la Corte haya considerado que tenía “competencia originaria” para tratar este caso y, oportunamente, el de Tucumán, sin esperar que le hubiera llegado por la vía del recurso extraordinario (o apelación) luego de que fallaran todas las instancias de la Justicia provincial.

Eso lo que cuestiona el oficialismo, pero la resolución lo resuelve por la vía de la argumentación jurídica de orden constitucional y no por la vía de la política que subyace detrás de las críticas y las defensas de la resolución.

En el fallo y, en especial en el voto de Rosenktantz, se desataca “una concepción que pide a la Corte dejar a la política las cuestiones ‘sustantivas’ a la vez que ella asume un cuidado estrictísimo de las reglas de juego”, como señala Gargarella. De eso se trata, de las reglas de juego y la cancha inclinada en la que juegan algunos gobernantes.

A nadie escapa que si se hubiera esperado a que fallaran todas las instancias provinciales, la resolución habría llegado luego de celebradas las elecciones y fuera un hecho consumado. Es lo que el oficialismo sanjuanino y nacional pretendían y lo que los magistrados abortaron, ante el planteo de los opositores locales. Pero nada quedará aquí.

La fijación de límites no suele ser pacífica, menos cuando es una disputa entre poderes. Nuevas incertidumbres y factores de tensión acaban de abrirse en medio del proceso electoral. Y no parece razonable responsabilizar por eso (solo) a la Justicia.

Por Claudio Jacquelin

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