Una cámara tabacalera denunció a un empresario y a un diputado porque supuestamente pagaron coimas por una ley

Hace dos días, tras conocerse que la reforma tributaria a la industria del tabaco fue retirado de la ley ómnibus, supuestamente por presiones de Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí, una cámara empresaria formuló una denuncia penal en la Justicia por supuesto cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos y otros delitos que pudieran surgir.

La denuncia apunta en contra de Otero, de Carlos Castagneto, diputado y extitular de la AFIP, de dos otros funcionarios del organismo recaudatorio, un presunto comandante general de Gendarmería y quien sería un oficial de la Policía Federal Argentina.

La presentación, que fue hecha por Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, alude a que recibieron en la casilla oficial del organismo, con copia a la Cámara de Industria del Tabaco y la Cámara de Salta, un mail en el que un supuesto anónimo daba cuenta de maniobras ilegales registradas en las últimas semanas relativas al presunto pago de coimas a diputados. Recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y en la fiscalía de Carlos Rívolo.

En un descargo enviado a través de un comunicado, Otero acusó este viernes a su competidora Massalin de haber montado una “campaña del miedo” por medio de la cual lo “relacionan con el diputado Carlos Castagneto y el diputado salteño Carlos Zapata”, lo que consideró “un completo delirio” porque no los conoce “ni siquiera por foto”.

El hecho de que la denuncia se sustancie en una información anónima, en general, no contribuye para darle entidad. La carta original, que acompaña como prueba contiene, sin embargo, datos precisos de algunas cuentas bancarias y direcciones en el exterior de Otero, desde las que presuntamente se habrían realizado transferencias, que LA NACION constató por su parte que efectivamente corresponden a él.

El relato de los hechos apunta a que el diputado Castagneto habría recibido US$4millones por parte de Otero para “repartir entre algunos miembros de su bloque y a dos diputados del Pro” para acordar en contra del capítulo tabacalero de la ley ómnibus. Asegura que hubo dos pagos, uno al principio de la “gestión” y otra “contra el resultado de la misma”. La denuncia dice que el primero estuvo a cargo de una mujer que, acompañada por un agente de la PFA, se acercó a un domicilio particular de Castagneto, identificado como una casa de fin de semana.

Apunta que el segundo se habría realizado por parte de un empleado de confianza de Otero y un actual funcionario de la AFIP que responde a Castagneto. El intercambio habría transcurrido en una cochera en la avenida Caseros al 3000 (detalla dirección exacta) el 15 de febrero a las 14 horas, momento en el que habrían llegado los mencionados en un vehículo Chery y un Ford Mondeo gris “escoltando”. Esta dirección remite a un estacionamiento en Parque Patricios, al otro lado del gran espacio verde de la sede de gobierno porteño, en Uspallata al 3150.

LA NACION se comunicó con Castagneto, el principal exfuncionario apuntado en la denuncia, que negó rotundamente los hechos y aseguró no conocer a nadie de la tabacalera. Dijo que él apeló la cautelar a favor de Sarandí por el no pago del impuesto interno mínimo y que puso en marcha reformas para mejorar el control de la evasión de impuestos en el sector.

El mail informó que se habrían hecho los pagos, aparentemente en efectivo, con dinero que habrían partido desde tres cuentas que tendría Otero en Estados Unidos, pertenecientes a tres series de códigos swift identificados y a través de dos entidades financieras en la city porteña, en Esmeralda al 100 y Corrientes al 450. Esta ultima dirección corresponde al edificio Safico, emblema de las cuevas del Microcentro.

El remitente deja constancia de varias empresas en Estados Unidos y Panamá que serían de su propiedad, con las que se habrían adquirido una importante cantidad de departamentos.