Una concesión que generó sospechas desde sus comienzos

Ya en el año 2001, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral comenzó a investigar si la adjudicación del dragado del río Paraná y del canal Emilio Mitre, en el Río de la Plata, en 1995, a la firma Hidrovía -integrada por el Grupo Emepa, de Gabriel Romero, y por la empresa belga Jan de Nul-, incurrió en un sobreprecio cercano a los 70 millones de dólares.

Emepa había sido adquirida en 1986 por Romero, un empresario cercano al expresidente Raúl Alfonsín que reabrió su planta de Chascomús e hizo que la empresa volviera a fabricar y reparar vagones para ferrocarriles. Sin embargo, a mediados de los noventa, saltó al rubro de la ingeniería gastronómica, y más tarde al del dragado.

Unos años después, en mayo de 1993, el entonces presidente Carlos Menem convocó a una licitación para entregar "a riesgo empresario y sin aval del Estado" la ampliación y dragado de un tramo del río Paraná (el comprendido entre el kilómetro 584 y la zona de aguas profundas del Río de la Plata) hasta la altura del kilómetro 205, en el canal Punta Indio.

Va a dar mucha competitividad, porque esto que hemos firmado hoy ahorra aproximadamente un dólar por cada tonelada que se exporta

Pero el contrato de Hidrovía, que era por 10 años, terminó renegociándose en condiciones muy ventajosas para la empresa. En 1997 fue prorrogado por otros ocho años, por lo que el negocio iba a extenderse hasta 2013. Sin embargo, en 2010, un nuevo decreto, ahora de la expresidenta Cristina Kirchner, le permitió a Hidrovía renegociar nuevamente el contrato y extender la concesión por ocho años más, además de ampliar en 654 kilómetros el área en la que operaba la compañía.

La firma de la extensión fue realizada en un auditorio en el que había empresarios, políticos y sindicalistas, además de representantes diplomáticos de otros países del Mercosur beneficiados con la obra. En particular, la entonces jefa del Estado mencionó el trámite parlamentario por el que debió pasar la renegociación del contrato, además de una nueva ley promulgada para eliminar el IVA en los peajes.

"Va a dar mucha competitividad, porque esto que hemos firmado hoy ahorra aproximadamente un dólar por cada tonelada que se exporta", había dicho en su momento Cristina Kirchner. El decreto que ella firmó es el que Romero asegura ahora haber obtenido con el pago de coimas.