Una contratista holandesa de YPF en Vaca Muerta es la que instala un cable de fibra óptica entre Malvinas y Montevideo

Mientras el gobierno argentino prepara esta semana un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que operan en las Islas Malvinas, escrito demorado por el Ministerio de Economía en busca de amortiguar el impacto negativo que puede tener en las empresas que operan en el país, se conoció que una firma holandesa está trabajando y estudiando el suelo marítimo del Atlántico sur con el fin de colocar un cable de fibra óptica que unirá a las islas con Montevideo, recorriendo un trayecto de alrededor de 2.100 kilómetros. El problema es que al mismo tiempo tiene un contrato con YPF por Vaca Muerta.

El fin del proyecto es que las islas dejen de depender de la conexión satelital y mejorar considerablemente la transmisión de datos para sus habitantes. Para este proyecto, el Reino Unido invertirá 120 millones de libras esterlinas.

Los sondeos y estudios del lecho marino, tanto frente a Puerto Argentino y la base naval de Mare Harbour, ubicada en la isla Soledad, que forma parte del complejo militar británico emplazado en Mont Pleasant, estuvieron a cargo del buque Fugro Supporter, que pertenece a la empresa neerlandesa Fugro.

En las últimas horas se conoció que Fugro utilizó el puerto de Montevideo como base logística en cuatro ocasiones. Según el registro de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay , la nave salió de Malvinas el 10 de mayo pasado y el 15 de agosto recaló en Montevideo, desde allí regresó a la isla Soledad el 25 de agosto, pero el 1 de septiembre ya estaba otra vez en aguas uruguayas.

Esta información fue publicada por el sitio Open Falklands, que detalló en junio pasado que la nave había estado cerca de Mare Harbour hacia fin de mayo. Según esta fuente, Fugro hizo puerto en Montevideo entre el 26 y el 30 de abril de 2025 y entre el 16 y 19 de diciembre del mismo año, mientras que en este año estuvo allí entre el 15 y el 19 de agosto y el 1 y el 3 de septiembre, todo esto de acuerdo al registro público. Se estima que el buque se encuentra frente a la costa uruguaya a estas horas.

Esta situación abre un debate sobre el alcance que tendrá la “ley de soberanía” en cuanto a las sanciones a empresas, ya que Fugro es contratista de YPF y opera en Vaca Muerta, y está incluida en el listado de 60 empresas “sancionables” - son investigadas por incumplir la ley 26.659 de 2011, que prohíbe a las empresas tener actividad o vínculos con personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades no autorizadas por el gobierno argentino en la Plataforma Continental Argentina- pero, a la vez, obtuvo un contrato con YPF para Argentina LNG, el megaproyecto para exportar gas natural licuado (GNL).

Los alcances que tenga la norma que se enviará al Congreso pueden encontrar a varias empresas que tienen intereses directos o tercerizados en sus relaciones con Argentina y con el mundo comercial -petróleo, pesca y turismo, entre otros- que rodea a las islas Malvinas que hoy atraviesa un momento de expansión económica y tecnológica. Sin dudas, se trata de una medida que muchos analistas consideran que elevará la tensión con el Reino Unido, más allá del sector petrolero.

Además, se abre una serie de interrogantes por el rol que cumplirán los países limítrofes, como Chile, Uruguay o Brasil, respecto a empresas radicadas allí que tienen intereses en las islas o la utilización de servicios portuarios, como el de la empresa neerlandesa mencionada en Uruguay.

Por ejemplo, el mismo día que el presidente Milei anunciaba por cadena nacional su política de soberanía, una empresa naviera chilena, Eastern Islands Naviera, firmaba un acuerdo con las autoridades de las islas para la formalización de un vínculo marítimo comercial regular entre las Malvinas y los puertos de Chile- Punta Arenas-San Antonio-Valparaíso- junto a la promoción de una expo de productos de las Islas y de Chile en Punta Arenas.

Si el gobierno argentino reclama a las autoridades de países vecinos sobre estas operatorias y da aviso de la ilegalidad de las mismas, podría recibir la misma respuesta que obtuvo en diciembre pasado del gobierno de Israel que, ante la queja de Cancillería por la exploración llevada en el mar argentino por la petrolera Navitas, respondió que “es un problema de una empresa privada, donde nada tiene que ver el estado israelí”.

Todo este ida y vuelta encuentra contradicciones y puntos a resolver para el gobierno argentino respecto de intereses compartidos. El presidente Miei señaló días atrás que “quien opera al margen de la ley argentina en el Atlántico Sur no puede beneficiarse simultáneamente de las ventajas comerciales que otorga el estado argentino”.

Sin embargo, inmediatamente se conoció una denuncia realizada por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que cuestionó que Harbour Energy, que está vinculada a una empresa inhabilitada hasta 2028, es participe de un proyecto gasífero beneficiado por el Régimen de Inversiones (RIGI)

Toda esta escalada diplomática se da en un contexto donde el Reino Unido, sin esperar la sanción de la nueva ley en el Congreso, publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino, brindándoles apoyo legal en caso de enfrentar juicios en el territorio continental.

Por Daniel Santa Cruz

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