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Una decisión de la Corte
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A pesar de que la Corte Suprema tomó distancia el año anterior sobre la decidión de declarar inconstitucional los indultos, la definición que pidió hoy el presidente Néstor Kirchner en su discurso por los 30 años del golpe militar recaerá finalmente en el máximo tribunal.
En 2005, la Corte remitió dos expedientes que estaban ya en sus manos a la Cámara de Casación Penal para que se pronuncie. Esas causas cuestionan la constitucionalidad del indulto 1002/89, que benefició a Santiago Omar Riveros y a otros ex militares.
El 14 de junio del año pasado la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes conocidas como del perdón: obediencia debida y punto final. En aquel momento quedó latente entonces lo que pasaría con los indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem. Esta herramienta del Poder Ejecutivo perdonó las penas de 289 militares y guerrilleros.
Desde esa fecha el gobierno nacional venía sosteniendo que la vía judicial era la más efectiva para tratar el tema.
Opiniones. El abogado constitucionalista Gregorio Badén bendijo la postura oficial. “La única vía posible para derogar los decretos que dispusieron los indultos es la judicial. Solamente los jueces ejercen el control del Poder Ejecutivo”, dijo a LANACION.com.
Sobre la posibilidad de que Kirchner invalide el decreto a través de otro decreto, como circuló por estos días, amplió: “Los indultos se ejecutaron, produjeron efectos y por una norma del Poder Ejecutivo no se puede retrotraer sus consecuencias dejando sin efecto los derechos adquiridos de una disposición anterior”.
En cambio, agregó que el Congreso, si los derogaría, “se estaría arrogando funciones que no les son propias”.
Por su parte, el constitucionalista Feliz Loñ, en diálogo con este medio, sostuvo: “El decreto lo podría dictar el Presidente y por alguna razón no lo quiere hacer”.
Adujo, además, que de cualquier forma la palabra final la va a tener siempre la Corte Suprema. “Quienes fueron indultados plantearían la inconstitucionalidad del nuevo decreto”, explicó. También sostuvo que el Congreso no puede adjudicarse esa competencia.
Anteriores declaraciones. En la justicia federal, en un expediente sobre el I Cuerpo de Ejército, el juez Rodolfo Canicoba Corral había declarado la inconstitucionalidad de los decretos en marzo de 2004. Ahora esa causa la tiene el juez Daniel Rafecas.
La decisión de Canicoba Corral había analizado la validez de los decretos 1002/89 y 2746/90, que habían beneficiado a seis imputados en la causa: Carlos Suárez Mason, Jorge Olivera Rovere, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero (los tres últimos ya fallecidos).
En la causa que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, el juez Sergio Torres declaró en marzo de 2005 la inconstitucionalidad del decreto de indulto 1002/89, que también había beneficiado a dos imputados en ese expediente: Antonio Vañek y Julio Torti.
