Una diputada libertaria le exigió a Martín Menem que dé explicaciones sobre la visita a los represores
Lourdes Arrieta, que integró la comitiva de seis legisladores que se reunió con Astiz y otros exmilitares, apuntó contra su colega Beltrán Benedit y el presidente de la Cámara
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La diputada nacional de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta fundamentó hoy el proyecto que presentó para investigar la visita que ella y otros cinco compañeros del bloque libertario realizaron al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad. La legisladora se expresó así en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, donde se busca esclarecer los hechos ocurridos el 11 de julio y analizar posibles sanciones a los involucrados.
Así como lo hizo en la denuncia penal que presentó contra sus colegas de partido, Arrieta ratificó su testimonio en los medios, dijo que todo el bloque de La Libertad Avanza estaba enterado de la visita y destacó la “responsabilidad política” de Martin Menem, el titular de la Cámara. Fuentes de la presidencia de Diputados, no obstante, se desligan de cualquier responsabilidad y rechazan las acusaciones. Descartan que la bancada oficialista adopte una definición al respecto.
“No me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político. Soy una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra del presidente de la Cámara como de mis pares. Pongo a disposición todas las pruebas para que esta comisión investigue”, dictaminó Arrieta durante su exposición. Y exigió: “Las sanciones deberían comenzar por quienes la organizaron y por quienes brindaron las herramientas para que sucediera. Tanto Beltrán Benedit -el organizador del evento- como Martín Menem deberían dar explicaciones al respecto”.
Arrieta volvió a explicar que su participación fue producto de un “engaño”. No obstante, pidió disculpas por su accionar. “Nos invitaron para conocer las condiciones del penal así como las condiciones de los detenidos. Se me invitó y cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a quienes se han sentido molestos”, señaló la legisladora mendocina.
Junto a Arrieta se encontraba Rocío Bonacci, quien formó parte de la comitiva que se trasladó a Ezeiza, pero que se despegó de los hechos rápidamente. En efecto, no aparece en las fotos junto a los represores y cuestionó la palabra de sus compañeros de bancada, a los que acusó de esconder el objetivo de la convocatoria bajo el título de “visita humanitaria”.
También se encontraba presente Gabriel Bornoroni, jefe del bloque LLA, así como parte de su tropa de diputados: Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma y Nidia Márquez. Entre Arrieta y la bancada oficialista se sentó el exlibertario Oscar Zago, quien pegó un portazo tras ser corrido de la jefatura del bloque y hoy mantiene diálogo constante con dirigentes como Bonacci y Arrieta, en pie de guerra con parte de sus compañeros de partido.
“Escuché historias que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando acá”, señaló Bornoroni al tomar la palabra. Cuestionó, además, la pertinencia de armar una comisión investigadora para estos hechos. “El artículo 188 del reglamento habla de que la creación de comisiones investigadores tiene que ser para situaciones dentro del recinto y esto pasó en Ezeiza”, argumentó.
El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, condenó los hechos ocurridos el 11 de julio, pero objetó la posibilidad de sancionar el accionar de Benedit, María Fernanda Araujo, Bonacci, Guillermo Montenegro, Arrieta y Alida Ferreyra.
“Tienen derecho esas personas a ser visitadas o que a alguien supervise las condiciones de su detención? Sí, tienen derecho. Y si hay diputados que les da el estómago para ir a visitarlos no están cometiendo un delito y nosotros los límites de la democracia los tenemos que determinar en función de si hay delito o no hay delito. La naturaleza de la sanción es de carácter penal. ¿Podemos investigar a qué fueron o por qué fueron? Tengo mis serias dudas. Incuso si presentaran un proyecto inconstitucional de amnistía de delitos de lesa humanidad, lo tenemos que tolerar y tendremos que combatirlo en el marco del Congreso”, analizó López.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Pro, Silvia Lospennato, se reunió en carácter informativo para empezar a trabajar cuatro proyectos sobre la visita de seis diputados al penal de Ezeiza. Dos de ellos fueron presentados por legisladores de Unión por la Patria, Vanesa Siley y Germán Martínez, respectivamente; uno por la legisladora Arrieta y un cuarto por el legislador de izquierda, Christian Castillo.
Tanto Arrieta como Martínez apuntan a conformar una comisión especial investigadora. La iniciativa del jefe del bloque kirchnerista, además, solicita que este organismo ad hoc determine posibles sanciones a los involucrados. El proyecto de Castillo busca que la Cámara manifieste un “repudio” de la visita a Ezeiza y que las autoridades del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal aporten toda la documentación que dé cuenta de los fundamentos brindados por los diputados participantes para realizar el encuentro. Por último, el proyecto de Siley tiene como objetivo conformar una subcomisión investigadora dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Al fundamentar su proyecto, la diputada Siley hizo una cronología de los hechos y habló de tres grupos de whatsapp en los que, desde principio de año, los legisladores libertarios organizaron distintas actividades relacionadas con posibles visitas y encuentros con represores y sus familiares. Involucró, además, al sacerdote Julio Olivera Ravasi y al excamarista federal Eduardo Rigi. La legisladora kirchnerista hizo hincapié en comentarios de Benedit en redes sociales en los que, según indicó Siley, el entrerriano señala la “pronta liberación de los patriotas”.
En diálogo con LA NACION, Yamil Castro Bianchi, el abogado de Arrieta en la denuncia penal que la legisladora presentó contra sus colegas de partido, ratificó la cronología de Siley y puntualizó que esos detalles obran en el expediente que está en la Justicia.
Lospennato señaló que, previo a la reunión de la Comisión, se reunió por zoom con referentes de organizaciones de derechos humanos que le solicitaron expresarse en el marco de la comisión. Por eso, se evalúa que tanto estas organizaciones como los diputados involucrados en la visita expongan sus argumentos. Se definió, también, que el viernes que viene los asesores de los diputados se reunirán para avanzar con el tratamiento de los proyectos.
Denuncia penal
En su denuncia, Arrieta pide que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de coacción agravada; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos; conspiración, y malversación de caudales públicos. Menciona en su presentación al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, al cura Javier Olivera Ravasi y a sus compañeros de bloque, los diputados Benedit Beltrán, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, porque supuestamente fueron los responsables de organizar la visita. Pero además denunció a la mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados, Sharif Menem. También apuntó contra los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi y María Laura Olea.
“Se habló de reestablecer la paz de gente inocente privada de su libertad y que había heridas del pasado que cerrar en la sociedad”, dijo Arrietta sobre las temáticas de un grupo de WhatsApp que integra ella y algunos de los protagonistas de la visita a la cárcel. Dio además detalles sobre cómo se gestó el ingreso al penal y denunció que no hubo ningún tipo de control. Presentó un chat de WhatsApp en el que el padre Javier Ravasi avisa: “El diputado Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich [ministra de Seguridad de la Nación] para que quienes deseen sumarse a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes”. Desde el entorno de Bullrich rechazaron conocer de antemano la visita de los diputados a la cárcel. “Nos enteremos por los diarios”, respondieron ante la consulta de LA NACION.
La denuncia recayó en el juzgado N°2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez federal Ernesto Kreplak.
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