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Una ex jueza puntana trabajará en Corrientes
Regreso: Ana María Careaga, destituida por presiones del poder político en San Luis, integrará el Superior Tribunal de la intervención.
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SAN LUIS.- La ex jueza puntana Ana María Careaga, destituida en medio de un escándalo político-judicial por el jury de enjuiciamiento de San Luis el 18 de diciembre de 1998, será una de las integrantes del Superior Tribunal que intervendrá el Poder Judicial de Corrientes.
La designación de Careaga fue impulsada por el secretario para las Provincias, Walter Ceballos, que consideró a la ex jueza una pieza fundamental para la intervención de Corrientes, al tener en cuenta su experiencia judicial en lo que denominó "gobiernos de familia".
La decisión aparece como un gesto político del nuevo gobierno nacional, ya que rescata a Careaga, que desde hace casi un año residía en Costa Rica, donde se "refugió" cuando la justicia puntana pretendía ponerla tras las rejas por prevaricato, desconocimiento inexcusable y grave del derecho, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y atentado contra el orden constitucional.
Una larga historia
La situación de Careaga en San Luis detonó cuando intentó tomarle declaración indagatoria al ex intendente de Villa Mercedes Jorge Cangiano, que respondía políticamente al gobernador, Adolfo Rodríguez Saá, y adherir a los fundamentos de una carta en la que el Colegio de Abogados de esa ciudad denunciaba la crisis institucional y pedía la intervención federal en la provincia.
Precisamente Ceballos fue el candidato de la Alianza contra Rodríguez Saá en las últimas elecciones provinciales, que terminaron con el triunfo, por quinta vez, del dirigente justicialista.
La designación de la jueza, además de invalidar públicamente la inhabilitación por 15 años a la que fue sometida en San Luis, instala nuevamente en el nivel nacional la crisis por la que atraviesa la justicia puntana.
El cuestionado fallo motivó a los defensores de la ex jueza a pedir un hábeas corpus para garantizar su libertad y formular un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de denunciar la falta de garantías constitucionales en la provincia.
Entre los antecedentes de la crisis de la Justicia se encuentra la destitución e inhabilitación por ocho años de otra jueza, Adriana Gallo de Ellard, el 7 de noviembre del año último, acusada de mal desempeño de sus funciones, y, a la provincia de San Luis, la exclusión de la Federación Argentina de Magistrados (FAM).
Sobre la designación de la ex jueza, la flamante secretaria general de la FAM, Miriam Agúndez de Grasso, expresó: "Esta noticia del Ministerio del Interior y del presidente de la Nación de transformar a Careaga en interventora me parece más que una señal positiva".
Y agregó: "La doctora (Careaga) terminó siendo un símbolo de la domesticación que se quiso hacer de la Justicia en San Luis".
Para el interventor en Corrientes, Ramón Mestre, la reestructuración del Tribunal Superior es una de las piezas fundamentales para su administración, pues pasó a comisión a todos los jueces provinciales, cuyo desempeño es fuertemente cuestionado desde los sectores sociales correntinos.
Empleados en conflicto
Por otra parte, en esta provincia los Empleados Públicos Autoconvocados (EPA) rechazaron la entrega de un pan dulce con el que el gobierno provincial pretendía halagarlos en los festejos navideños.
La agrupación, que reclama una recomposición salarial, se mostró indignada ante el anuncio oficial y, en respuesta, el jueves próximo cantará el Himno Nacional en el hall central del edificio administrativo.
Una integrante de la agrupación manifestó públicamente: "Cada medida que toma el gobierno con nosotros, lo único que hace es producir más indignación, y cada vez se hace más amplia la brecha para entablar un buen diálogo o llegar a un buen acuerdo sobre lo que necesita el empleado público".
