El Gobierno, con los violentos

El 6 de enero de 2021 una muchedumbre de votantes de Donald Trump, enfurecidos por el resultado de las elecciones que habían consagrado a Joe Biden, asaltaron el Capitolio. El 8 de enero de este año, fanáticos de Jair Bolsonaro adoptaron la misma táctica en Brasilia, invadiendo por la fuerza las sedes de los tres poderes en protesta porque Lula da Silva había regresado al palacio de Planalto. Con la rebelión que desataron en Jujuy quienes quedaron disconformes con el texto constitucional que aprobó una asamblea que sesionó sin cuestionamientos, se abre un inmenso interrogante: ¿el populismo argentino está por incorporarse a esa ola internacional? Felipe González suele afirmar que la democracia se sostiene en una ética de la derrota. Es decir, en la mansa aceptación de un resultado contrario a lo que se desea. Se trate de un debate constituyente o de un proceso electoral, la esencia del sistema está en reconocer la legitimidad de la victoria de otro.

Algunas hipótesis sobre las elecciones de este año preveían que el clima colectivo podía volverse mucho más agresivo si en las primarias de agosto se imponía algún candidato de la actual oposición. Sobre todo si levantara la bandera del orden público y la racionalización económica. La historia tuvo otras ideas y esas premoniciones se están confirmando mucho antes. El conflicto que se desató en Jujuy a propósito de la reforma de la Constitución provincial encendió una hoguera que promete subir la temperatura de toda la campaña. Anteayer grupos de la izquierda revolucionaria agredieron locales de Juntos por el Cambio en Córdoba y en Mar del Plata. Y ayer se inauguró una toma de la avenida 9 de Julio, en el centro porteño, para reclamar contra el gobierno jujeño.

Quedó abierta, además, aquella incógnita inicial: comienza a haber menos certezas acerca de que el kirchnerismo se incline ante un resultado de las urnas que le resulte adverso. Sobre todo, porque los principales dirigentes de esa fuerza, entre los que se encuentran el Presidente de la Nación, la vicepresidenta, y el ministro del Interior y muy probable candidato presidencial, avalaron en las últimas horas el recurso a la violencia para expresar el fastidio por un desenlace no querido. Los mismos dirigentes que clamaron al cielo por la barbarie de la derecha norteamericana o brasileña. La obscenidad del doble estándar.

En la crisis que agita a Jujuy se superponen numerosos significados. Sobre aquella tormenta también se proyectan las contradicciones internas de cada fuerza en disputa. Y una guerra codiciosa por el negocio del litio.

Para comprender el drama jujeño en toda su dimensión conviene relevar algunos datos del contexto. Se trata de un distrito con fuerzas políticas radicalizadas. La más famosa es la agrupación Tupac Amaru, de Milagro Sala. Pero el Frente de Izquierda, de raíz trotskista, tiene allí una fuerza excepcional. En las elecciones legislativas de 2021 obtuvo 25% de los votos. Y en mayo pasado, en las de gobernador, su candidato Alejandro Vilca sacó el 13%.

La movilización contra dos artículos de la Constitución se produjo en una atmósfera que ya era irrespirable por un largo conflicto docente. Había comenzado en Salta, con las manifestaciones y cortes de ruta que acompañaron cinco semanas de paro. En Jujuy se reprodujo el mismo plan de lucha desde comienzos de mes, con imponentes marchas de antorchas sobre el centro de la capital. El gobernador Gerardo Morales empezó a sentirse acorralado, por las concesiones que realizaba su colega salteño, Gustavo Sáenz, y por el nivel de adhesión que obtenía el reclamo en su provincia.

El entredicho sindical le fue poniendo marco a la insatisfacción de algunos sectores por una reforma constitucional a la que adhirieron el radicalismo, con una amplia mayoría, y el peronismo. De 48 constituyentes, 29 son de la UCR; y 13 del PJ, de los cuales 11 votaron con los radicales. Sólo los 6 convencionales de izquierda abandonaron las deliberaciones. El texto tuvo reproches de distinta naturaleza. Por ejemplo, por la alteración del régimen electoral, que abandonó el sistema proporcional y adoptó el de lista incompleta, que le da el control de la Legislatura al partido que ganó la gobernación.

Sin embargo, el motivo principal de indignación estuvo en dos artículos. Uno de ellos enumeraba las garantías para los pueblos originarios, con un detalle: reservaba para el Estado la facultad de reconocer cuándo una comunidad era indígena. Muchos dirigentes entendieron que Morales reduciría las prerrogativas que se estaban concediendo, sólo a organizaciones afines a su administración. Había otro recelo, menos confesable. El temor a que la capacidad de intervención de los pueblos originarios en el negocio del litio, sobre todo a través del poder de veto en el uso de la tierra, sufriera algún recorte. Para desactivar este enojo, que se montaba sobre el de los docentes, el gobernador propuso retirar la cláusula.

El otro artículo que desencadenó la furia introdujo una restricción en el derecho de protesta, que excluiría los cortes de calles y de rutas. Esta limitación encendió la mecha, aun cuando uno de los incisos establece que habría una ley reglamentaria que garantizaría que se respeten los derechos humanos en materia de libertad de reunión y manifestación.

La votación de la nueva constitución agravó el clima de protesta. Se pasó de la movilización a la violencia. Se intentó tomar la Legislatura, donde sesiona la constituyente. Hasta debieron intervenir los bomberos por un principio de incendio. La policía reprimió esos ataques, provocando decenas de heridos.

La rebelión tuvo distintos alcances e intenciones. La mayor politización provino de los dirigentes del movimiento Tupac Amaru. Su líder, Alejandro Garfagnini, convocó a los suyos a encabezar la revuelta, con el objetivo final de provocar la intervención de la provincia. Garfagnini sostuvo que la represión contra la protesta en Jujuy forma una secuencia con el intento de asesinato de Cristina Kirchner y la detención de Milagro Sala. Es decir: Morales, Sabag Montiel y la Corte Suprema son el mismo ente.

El gobierno nacional se puso del lado de los violentos. Reprochó al gobernador haber dado la orden para que se repeliera la invasión a los edificios públicos. Pero ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Wado de Pedro insinuaron la menor condena a la violencia de los que marchaban contra una constituyente que había sido convocada en el marco de la ley y de la que había participado su propio partido. Y lo más insólito: avalaron el levantamiento contra la instituciones, en nombre de la democracia. Amnesia total sobre la indignación que habían experimentado cuando los feligreses de Trump o de Bolsonaro hacían lo que ahora ellos respaldaban.

Una hemiplejia conceptual equivalente se verificó en Jan Jarab, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para América Latina. Jarab le dirigió una carta a Morales pidiéndole diálogo con los indígenas, acaso sin saber que el gobernador había propuesto eliminar el artículo de la discordia. Desde su oficina de Santiago de Chile, habló de “protestas pacíficas en las inmediaciones de la Legislatura”. También indicó que el derecho a la protesta debe estar por encima del derecho a la circulación. Cristina Kirchner, para quien los pronunciamientos de esa oficina internacional carecen de valor cuando se refieren a dictaduras como la venezolana o la china, esta vez tuiteó la nota de Jarab. Le contestó Morales con un video de ella misma alegando que las movilizaciones no podían impedir el derecho a circular.

En el mar de incoherencias en que navega la política, es llamativo que desde posiciones nacionales se objete lo legislado por la constituyente jujeña. No sólo porque el PJ aprobó los artículos de la controversia. También porque hace apenas semanas, cuando la Corte Suprema se pronunció sobre las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur, la autonomía provincial era intocable. Ahora habría que esperar que el peronismo jujeño, a pesar de que fue solidario con Morales en la constituyente, se dirija a la Corte para que declare la inconstitucionalidad de los artículos repudiados en la carta provincial.

La irrupción de la violencia en Jujuy impactó sobre la peripecia electoral de las principales fuerzas políticas. Impidió, por ejemplo, que la señora de Kirchner anunciara quién sería el candidato a presidente de su línea interna. Es decir, el rival de Daniel Scioli. Adicta a las efemérides, dicen que pensaba hacerlo el Día de la Bandera. El ambiente de radicalización que invadió al kirchnerismo desde el Norte fue el menos favorable para la candidatura de Sergio Massa. No hay que olvidar que se trata de un viejo socio de Morales, con quien el Frente Renovador cogobernó la provincia colocando a Carlos Haquin en la vicegobernación. Quienes pretenden leer debajo del alquitrán especulan con que De Pedro se ensañó con Morales para sacar ventaja de su competidor Massa. Oportunismos de última hora: el gobernador jujeño ha sido un gran aliado de De Pedro, con quien compartió viajes occidentalísimos a Washington y Tel Aviv. Lo recordó bien Milagro Sala en diciembre pasado, cuando fue condenada por la Corte, diciendo que “Massa y Wado de Pedro son socios de Morales”. Minucias.

Anoche en el entorno de la vicepresidenta se especulaba con que el ministro del Interior sería el candidato a presidente. ¿Manzur sería el vice? Hasta última hora lo estaban negociando. De ser así, Claudia Abdala de Zamora retrocedía dos casilleros. Se daba por seguro también que Axel Kicillof se postularía de nuevo para la provincia. Y que Sergio Massa sería candidato a senador. Verdades provisorias. A Cristina Kirchner le gusta dar sorpresas. Aunque es cierto que la semana de las definiciones no fue propicia para Massa: a la ola de repudio oficialista contra su amigo Morales se le suma su desencuentro con el Fondo Monetario Internacional, que lo ha puesto al borde del default. A pesar de todo, amigos de Massa especulaban anoche con que “si Scioli se bajara podría volver la hipótesis de Sergio”. Pero Máximo Kirchner fue clemente y suministró a Scioli los avales necesarios para competir. Al habilitar a Scioli, Kirchner apostó por De Pedro.

La tempestad de Jujuy también tuvo su impacto en la intimidad de Juntos por el Cambio. En principio, obligó a componer una foto familiar que suspendió la discordia que venía afectando a esa fuerza, sobre todo desde el malhadado acercamiento de Horacio Rodríguez Larreta con Juan Schiaretti. La escena favorece a Morales, que terminó de atornillar su lugar de vice de Larreta. Con sus balas de goma en la cartuchera, el gobernador de Jujuy se ofrece al alcalde porteño como un abanderado del orden digno de competir con Patricia Bullrich. Se agrega también el duro Miguel Pichetto como primer candidato a diputado por Buenos Aires, con posibilidades de presidir la Cámara si Larreta llega a la Casa Rosada. Es cierto que la firmeza de Morales afecta a Larreta en otro aspecto: ahora la izquierda revoltosa desafía al jefe de Gobierno desde la 9 de Julio. ¿Garantizará el derecho a la circulación, como quiere la constitución jujeña?

La asociación de Larreta con el gobernador de Jujuy tiene repercusiones sobre la escena porteña. Morales es un aliado de Martín Lousteau, el rival de Jorge Macri. Esa interna se dirime antes que nada en la Justicia, por las dificultades del exintendente de Vicente López para justificar los cinco años de residencia en la Capital que exige la constitución local. Macri alegará que ese período no debe ser inmediato, como sí lo exige el artículo que fija los requisitos para ser legislador. Pero deberá remontar un problema serio: en 2010 el Tribunal Superior de la Ciudad negó el derecho a postularse a Adrián Pérez por no cumplir con los cinco años anteriores e inmediatos. Mientras tanto, aparecen documentos con los mil domicilios del candidato del Pro. Uno en San Fernando, que figura en la constitución de una off shore en Miami; otro en Vicente López, donde, a falta de un Albistur, habría convivido con otros militantes en un local del Pro. ¿Llegará el caso a la Corte Suprema? ¿Será una oportunidad para que los jueces que cortaron la carrera de peronistas como Uñac o Manzur corten la de un dirigente emblemático de Pro? En la Casa Rosada lo lamentarían: creen que si Macri se impone sobre Lousteau, el candidato peronista, Leandro Santoro, de procedencia radical, haría una elección superior a las pobres marcas tradicionales del PJ porteño.

Patricia Bullrich también celebró, a su manera, el tembladeral de Jujuy. Al fin y al cabo, la imagen del represor sanguinario que pisotea derechos no encarnaría en ella, al menos todavía, como alertó Elisa Carrió. Calzaría sobre Morales, a quien Carrió tal vez sostenga como candidato a vice. Bullrich siguió ayer ufanándose de su temperamento poco concesivo. Le mostraron declaraciones de su viejo amigo, el kirchnerista Eduardo Valdés, diciendo que si la oposición llega al poder habrá una conmoción social. “Si soy presidenta, al que amenace así lo meto preso”, amenazó Bullrich. Temperamento peronista: olvidó que existen tribunales. Valdes, mientras tanto, se quejaba de que lo habían sacado de contexto: “Fueron declaraciones de hace una semana, y sólo dije que para advertir que Carrió tenía razón había que mirar lo que hacía Morales con los maestros”. Detalles. El título de la entrevista de Valdés con la Agencia Paco Urondo circuló ayer por toda la oposición porque expresa lo que muchos líderes de Juntos por el Cambio comienzan a entrever: Jujuy es un espejo que adelanta lo que puede pasar en el país.

Quizá sea un pronóstico optimista sobre el destino del peronismo. La señora de Kirchner tiene pesadillas con que su candidato salga tercero; 14 gobernadores adelantaron las elecciones desentendiéndose del destino nacional de su partido; el presidente desafía a la vicepresidenta con su propio candidato. Son augurios terroríficos que obligan a revisar la imagen del futuro. Si los peronistas se hunden en la catástrofe, las piedras que estén acumulando para arrojar sobre un gobierno ajeno, serán aplicadas a una batalla fratricida.

Por Carlos Pagni

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