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Una sentencia que amplía derechos para todos
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Ayer, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho de todos a acceder a la información pública.
Lo hizo de manera clara, explícita y contundente en un caso iniciado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) contra el PAMI, porque éste se había negado a dar información sobre cómo distribuye su publicidad oficial.
El fallo es importante por dos razones fundamentales. En primer lugar, desde hoy mismo comenzará a ser invocado por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas que buscan acceder a información pública.
Ello permitirá evitar discusiones jurídicas engorrosas: la Corte Suprema reconoció en términos amplios este derecho en cabeza de todas las personas, obligando a todas las dependencias públicas, incluidas aquellas organizaciones privadas que presten servicios o ejerzan funciones públicas.
La voz clara del más alto tribunal del país sobre este tema será especialmente relevante en provincias donde no hay regulaciones adecuadas y donde –todavía– funcionarios públicos y magistrados se muestran reticentes a este derecho.
En segundo lugar, la sentencia también muestra la voluntad del tribunal de liderar la discusión del acceso a la información pública como cabeza de uno de los tres poderes del Estado.
Esta intervención parece especialmente relevante de cara a dos hechos significativos: la falta de ley de acceso a la información pública y los cuestionamientos que este año recibió nuestro país en el ámbito internacional por las falencias que muestra en cuestiones de acceso a la información.
Sobre el primer punto, la responsabilidad por la falta de una ley de acceso en la Argentina cae indudablemente sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Es por la oposición del primero y la inactividad del segundo que la Argentina se encuentra, aún hoy, entre los pocos países de América latina que no cuentan con una ley de acceso a la información. Frente a esa inactividad clara u oposición velada, la intervención de la Corte Suprema es especialmente relevante.
El segundo punto también es relevante: la Argentina fue cuestionada por países como Canadá, Bélgica, Noruega y Suiza en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por carecer de una ley de acceso a la información adecuada.
Se trata, como lo reconoció la Corte ayer, de una cuestión de derechos humanos. Por ello, la intervención del tribunal podría tener efectos positivos en la discusión de una ley de información el año que viene.
Esto es válido especialmente frente a la reciente jurisprudencia del tribunal que presta atención a las obligaciones asumidas por la Argentina en la arena internacional mediante los tratados de los derechos humanos.
La sentencia de ayer muestra que la discusión sobre acceso a la información en la Argentina avanza, aunque no por los carriles esperados.
En ese contexto, también se vuelve necesario prestar atención a la Alianza por el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral liderada en América latina por México y Brasil a la que la Argentina expresó deseos de adherir.
Hacerlo implicará iniciar un proceso de cambios profundos en materia de acceso a la información. Ése sea, tal vez, otro camino para fortalecer un derecho que es para beneficio de todos.
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