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Uruguay no piensa rever el proyecto para instalar una papelera
Defenderá la inversión de España
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LA NACIONJorge Elías
MONTEVIDEO.- En rasgos generales, el gobierno de Uruguay no prevé rever el permiso para la instalación de una planta de procesamiento de pasta de celulosa, materia prima del papel, sobre el río Uruguay, frente a la costa de Entre Ríos, y la compañía, el grupo español ENCE, con una inversión de más de 500 millones de dólares, está dispuesta a rever los requisitos que surjan de nuevas revisiones, según pudo establecer LA NACION con fuentes de ambos sectores.
El proyecto, motivo de controversia entre Néstor Kirchner y Jorge Batlle, ha despertado reacciones de organizaciones no gubernamentales, así como del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, por el virtual impacto contaminante en el río. Plasmado, quizá, por un pecado original: Aramís Latchinián, ex director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), de Uruguay, admitió frente a defensores del medio ambiente "algunas carencias" en la evaluación ambiental y en los eventuales controles que requiere una planta de esa magnitud.
Eso llevó al fiscal uruguayo Enrique Viana, en septiembre, a pedir información al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre las razones de la inminente autorización. Tres meses después reclamó por el virtual incumplimiento de los requisitos y de las condiciones para tomar esa decisión.
En ambos casos actuó de oficio, según confiaron a LA NACION fuentes judiciales. En su momento, Viana obtuvo una sentencia favorable en una causa contra la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), monopolio estatal de los combustibles, por la producción de nafta con plomo. En el caso de la planta de celulosa, el ministerio ha sido notificado de su presentación y debe responder en menos de un mes.
En palabras del ministro Saúl Irureta, su gobierno no piensa rever la autorización: "El estudio de impacto ambiental llevó muchos meses y, finalmente, se dio la habilitación para que, desde el punto de vista ambiental, la empresa española pueda instalarse", dijo la semana pasada a la prensa. Después, consultado por LA NACION, se llamó a silencio en coincidencia con la búsqueda de un acuerdo con el gobierno de Kirchner por medio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Pecado original
El gobierno uruguayo autorizó el 9 de octubre la construcción de la planta en cuestión sin informar al gobierno argentino. "Fue otro pecado original", dijo a LA NACION una fuente diplomática argentina. Dos días antes, la Dinama había elevado un informe al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el cual concluía que, cumplidos varios requisitos, podía funcionar. Ante los inminentes reclamos de la orilla vecina, el canciller Didier Operti señaló que se trataba de una obra uruguaya, en territorio uruguayo y bajo soberanía uruguaya, razón por la cual no era competencia de un organismo binacional como la CARU.
Tanto antes de encarar las obras como antes de iniciar sus labores, el grupo ENCE, antes propiedad del estado español, debe presentar un proyecto de "gestión ambiental en el que figuren todas las especificaciones del montaje del sistema de control de efluentes y el posterior tratamiento de los desechos industriales".
En Lourizán, Pontevedra, ya ha tenido problemas por contaminar la ría: en 2002 debió pagar una multa de casi medio millón de dólares por delito ecológico y algunos directivos fueron a prisión por los perjuicios ocasionados al marisqueo y la pesca entre los años 80 y 1994.
En 1997, una sociedad anónima, filial del grupo, compró 1800 hectáreas de la estancia M´bopicuá, a ocho kilómetros de Fray Bentos, en donde está uno de los principales recursos turísticos de la zona, el balneario Las Cañas. En Fray Bentos, una delegación de Dinama convocó en julio de 2003 a una audiencia pública en la que hubo voces a favor y en contra de la instalación de la planta. A 12 kilómetros de allí, el grupo ENCE tiene una terminal logística, inaugurada en noviembre, en la cual hay muelles, lugares de acopio y planta de astillaje. El complejo, piedra inaugural de la planta, demandó US$ 35 millones.
En Gualeguaychú se constituyó el Grupo de Vecinos Autoconvocados, contrario a la continuidad del proyecto. Desde el 4 de octubre último comenzaron las expresiones de rechazo en esa ciudad, cuyo intendente de entonces, Emilio Martínez Gabino, encabezó una marcha de repudio en el extremo argentino del puente internacional San Martín. En ella estuvo el embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Meyer.
La agenda
En la agenda de Kirchner figura el tema desde que comenzaron sus roces con Batlle por el reclamo de los restos de la nuera del poeta Juan Gelman, presumiblemente enterrados en una guarnición militar de Montevideo.
En un viaje a Uruguay, después del referéndum por el cual quedó en el limbo la privatización parcial de la Ancap, ahondaron las diferencias, nacidas por el vaticinio de su par de la otra orilla de una eventual victoria de Carlos Menem en las elecciones de 2003, por su adhesión al líder izquierdista Tabaré Vázquez para las elecciones presidenciales de octubre.
En la izquierda uruguaya, las opiniones sobre la instalación de la planta están divididas. El senador Rafael Michelini, líder de Nuevo Espacio, cercano al Encuentro Progresista-Frente Amplio de Vázquez, dijo a LA NACION, no obstante ello: "Toda instalación de este tipo tiene que respetar el medio ambiente y contemplar el tratamiento del agua, por medio de lagos o de grandes piletas, antes de volcarla a los cursos de los arroyos y de los ríos. En estos lagos artificiales, la prueba de que el agua es limpia es que vivan los patos. Si es así, está bien y el problema está resuelto. Si no, quiere decir que la industria por lo menos algo contamina y, entonces, pondremos en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. A ello, nosotros no estamos dispuestos".
Con intención de bajar los decibeles de la controversia, el embajador de Finlandia en la Argentina, Risto Veltheim, y el vicepresidente de una compañía de ese país se reunieron la semana pasada con el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guillermo Guastavino. En su caso, por una inversión de más de 1000 millones de dólares en una planta similar, también sobre la margen uruguaya del río de la discordia.
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