Vacunas vip: crece el escándalo en Tucumán ante nuevos casos

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El escándalo desatado en Tucumán por la presunta existencia de un sistema de “vacunaciones vip” contra el coronavirus del que se habrían beneficiado funcionarios locales, junto a sus colaboradores y allegados, continúa escalando y en las últimas horas derivó en una nueva denuncia penal.

El legislador José Ricardo Ascárate, de Juntos por el Cambio, presentó una demanda en los tribunales federales para que se ordene al gobierno de Juan Manzur que entregue el registro y listado de las personas que recibieron dosis desde que se inició la campaña nacional. El parlamentario opositor requirió en su planteo el inicio de una investigación penal preparatoria “frente al hecho de público y notorio conocimiento sobre los casos de funcionarios públicos provinciales, como así también familiares y amigos de los mismos, que habrían accedido de manera ilegítima e ilegal a las dosis de vacunas contra el Covid-19”.

Como informó LA NACION, la ministra de Salud Pública de Tucumán, Rossana Chahla, fue denunciada penalmente ayer por el legislador provincial José María Canelada (UCR), luego de que se hicieran públicos los casos de funcionarios y colaboradores de su cartera que habrían accedido a la vacuna de manera irregular. Entre quienes fueron vacunados figuran choferes, periodistas, un mozo y una empleada de limpieza del área. El caso que encendió el escándalo Tucumán es el de José Gandur (hijo), un abogado de 39 años que se desempeña como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social y que recibió una dosis de la vacuna contra el covid-19 “de forma privada”, según admitió la propia Chahla.

Sin embargo, desde el propio Ministerio de Salud de Tucumán desmintieron que se estén suministrando dosis en los sanatorios privados, en razón de que el plan de vacunación se centralizó en el sector público. Esas contradicciones fundamentaron la presentación contra Chahla, a quien el denunciante atribuyó la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La denuncia también alcanza a José Antonio Gandur, padre del funcionario que habría sido vacunado irregularmente, y a Luis Medina Ruiz, en su rol de secretarios del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y responsables del programa de vacunación en el ámbito local.

Nuevos casos

En las últimas horas, se supo que José Gandur (hijo) no es el único integrante de esa familia que fue inmunizado contra el coronavirus en un sanatorio privado de la capital tucumana. Según confirmó Ascárate a LA NACION, también recibieron la vacuna sus hermanos Javier Gustavo Gandur, quien tiene 38 años y es empleado del Ministerio de Economía de Tucumán, e Ileana Emilce Gandur, de 36 años, quien vive y trabaja en Buenos Aires. “Esto ya no tiene nombre. Ahora conocemos que se vacunó otra hija de Gandur, con la gravedad de que vive en Buenos Aires y vino a Tucumán para vacunarse en dos oportunidades y después se fue”, acotó el parlamentario opositor.

En la denuncia que presentó hoy ante la Justicia Federal local, Ascárate mencionó la existencia de “informes en distintos ámbitos sobre la supuesta inmunización de personas que no reunirían los requisitos legales, ni éticos para su colocación, conforme lo dispone el plan estratégico para la vacunación contra el Covid-19 en la República Argentina, de fecha 23 de diciembre de 2020, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación”.

El legislador de Juntos por el Cambio recordó que la legislación vigente establece un orden prioritario para la vacunación, empezando por los trabajadores de la salud y los adultos mayores de 70 años, y que continúa con los mayores de 60 a 69 años, personal de las fuerzas de seguridad, adultos que conforman grupos de riesgo, docentes y otras poblaciones estratégicas definidas por jurisdicciones y por la disponibilidad de dosis.

“Los hechos que tomaron trascendencia periodística dan cuenta que, contrario a las legislaciones dispuestas, personas que revisten calidad de funcionarios públicos que no reúnen los requisitos establecidos legalmente, habrían obtenido ilegal e ilegítimamente, aprovechando la posición de sus funciones y cargos, la vacuna contra el Covid-19, tanto para ellos como para sus familiares y vínculos cercanos”, expuso Ascárate en su demanda.

El dirigente opositor apuntó que este accionar podría encuadrar en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias”.

En su presentación judicial, como medida cautelar, Ascárate solicitó que “a los fines de garantizar la investigación penal preparatoria, se requiera al Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán el registro y listado de personas que se encontrarían vacunadas contra el Covid-19 y cuyos nombres deben encontrarse asentados a los fines de cumplir con la normativa vigente”.

Además, requirió que, en caso de no obtener la Justicia dicha información, “se ordene el allanamiento de las oficinas del Ministerio de Salud de Tucumán para la individualización de la documentación requerida”.