Veto y presentación judicial: las medidas en estudio en la Casa Rosada

El Gobierno nacional evalúa por estas horas la estrategia respecto de cómo responder al resultado de la sesión del jueves en el Senado, donde se convirtió en ley un aumento de jubilaciones y se aprobaron mayores fondos para las provincias, que afectan el superávit fiscal que pretende preservar la actual gestión.

Hay en estudio un conjunto de alternativas. Todavía no se estableció el plan definitivo.

Por lo pronto, en la Casa Rosada aseguran que ya tienen decidido que habrá veto, tal como adelantó el propio presidente, Javier Milei, este jueves, en su paso por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“Primero lo primero”, dicen fuentes de Casa Rosada. El veto, según aseguró uno de los colaboradores presidenciales, saldría el último de los diez días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para actuación, tras recibir la comunicación del Poder Legislativo.

Para evitar que el veto se convierta en un aval a la votación del Senado que el Gobierno consideró “inválida” porque violó artículos del Reglamento de la cámara, el texto de la decisión podría incluir referencias a las irregularidades de la sesión, como un aspecto importante. En eso coincidieron las fuentes gubernamentales consultadas por LA NACION.

Se está analizando, a su vez, alguna eventual presentación judicial. La oficina a cargo es la Procuración del Tesoro Nacional, a cargo de Santiago Castro Videla, desde donde por ahora evitaron hacer comentarios.

Una vez que es notificado de la sanción, el Ejecutivo tiene un plazo de diez días para vetar o promulgar la ley. De no vetarlo, la ley entraría en vigencia. Por eso es que prácticamente no hay dudas de que vetarla es la primera acción. Y que será al filo de esos diez días.

Para sostener el veto presidencial, el Gobierno debe conseguir un tercio de los votos en la Cámara de Diputados. Un número que en las filas libertarias consideran poder lograr, más allá de la relación deteriorada con los gobernadores, que atraviesa las horas más complicadas, tal como quedó expuesto durante la sesión.

“La relación, más allá de los dichos públicos, nunca se rompió”, dijeron fuentes de Casa Rosada en referencia a los mandatarios provinciales.

En gran medida aluden al papel de Guillermo Francos, a quien Milei calificó el jueves del “mejor jefe de Gabinete de la historia”, como uno de los principales interlocutores con los mandatarios provinciales. “El diálogo nunca se cortó”, insistían.

Algunos incluso barajaban la posibilidad de que la semana entrante podría haber alguna foto con gobernadores y, probablemente, con Francos. Sería un gesto de distensión entre el Gobierno y los mandatarios provinciales.

“El tercio en el Congreso se va a conseguir; los gobernadores ladran, pero después largan, a nadie le conviene un escenario en el que se termine atentando contra el déficit fiscal”, dijo uno de los consultados en Balcarce 50.

Si el Congreso insistiera y volteara el veto de Milei, sería un acontecimiento inédito en la historia reciente. En ese caso, en la Casa Rosada apuntan a preparar una estrategia judicial, que podría incluir un amparo o una cautelar. “Nosotros, la sesión no la podemos judicializar, podemos judicializar la ley”, distinguían en la Casa Rosada.

Para el Gobierno, la sesión fue inválida, porque fue autoconvocada por la oposición, cuando el reglamento del Senado establece que es una atribución de la presidencia de la cámara. Además, nunca, hasta ahora, una senadora de una fuerza opositora a cargo de una de las vicepresidencias del cuerpo se había tomado la atribución de dar por iniciada una sesión, como lo hizo el jueves la kirchnerista neuquina Silvia Sapag

Por Cecilia Devanna

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