Vicentin: tras el revés judicial, el Gobierno relativiza el fallo pero busca planes alternativos

El revés judicial por la decisión de apartar a los interventores nombrados por Alberto Fernández en Vicentin fue leída por el Gobierno como una mera escena "difícil" de una película que podría ser más larga, a partir de un posible replanteo de la estrategia oficial.

El clima de protesta social y la falta de votos en Diputados, sumado a los sectores políticos que vienen insistiendo en que es posible encontrar una salida negociada para el asunto Vicentin sin una expropiación, llevaron al Gobierno a pisar el proyecto de ley y a revisar su hoja de ruta. En las últimas horas, en conversaciones en Olivos, el Presidente se mostró más flexible a evaluar alternativas intermedias, en lo que pareció un giro en su mirada del tema.

"No nos quedemos en los capítulos difíciles, esperemos a ver el final de la película. No hay que anticiparse", manifestaron hoy a LA NACION cerca del Presidente tras el fallo del juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, que en el marco del concurso de Vicentin dispuso desplazar al interventor Gabriel Delgado y que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones.

"Estamos trabajando varias líneas, escuchando propuestas. Por eso Alberto no mandó el proyecto de ley aún", dijo hoy un estrecho colaborador de Fernández desde Olivos, aunque sin fijar fechas.

Fuentes al tanto de las conversaciones entre el Gobierno, la provincia de Santa Fe y Vicentin reconocieron a LA NACION: "Está habiendo diálogo con más racionalidad con intermediación del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti".

Según pudo reconstruir LA NACION, en el entorno de Fernández están predispuestos a que, al final del camino, el control de Vicentin quede en manos de una asociación público-privada. Aceptarían abandonar su plan original (que YPF Agro quede con el control del 100% de la cerealera) y avanzar hacia un esquema mixto, con participación mayoritaria del Estado nacional y con parte de las acciones en manos de las cooperativas de pequeños y medianos productores que hoy son acreedoras de la empresa. Incluso podría tener una participación la provincia de Santa Fe.

El cortocircuito que persiste es cuál sería la vía para llegar a esa posible sociedad mixta: mientras que en el Gobierno argumentan que la única forma es a través de una expropiación, Perotti, el PJ no kirchnerista y otros actores aseguran que la solución puede encontrarse en un acuerdo en el marco del concurso judicial.

Fernández viene insistiendo en que la expropiación es "una herramienta legal" y "un medio, no el fin" para encontrar una salida para Vicentin. La afirmación del Presidente está basada en el dictamen de los asesores legales del Gobierno, que manifiestan que una reestructuración de la empresa liderada por el Estado Nacional requiere expropiación porque es la única forma en que el Estado puede constitucionalmente pasar al dominio público bienes de los privados. "Lo contrario sería una confiscación, y eso está terminantemente prohibido por la propia Constitución Nacional", argumentan.

En rigor, el problema es que cualquier salida mediante un acuerdo en el marco del concurso de acreedores implicaría una negociación con los actuales dueños de Vicentin ¿Puede el Gobierno hacer una gestión de ese tipo con la empresa luego de que la UIF denunciara en la Justicia penal que la compañía hizo presuntas maniobras de lavado de dinero? Además, una expropiación le permitiría decidir a la Casa Rosada el reparto de la torta accionaria de la empresa.

Dentro del propio Frente de Todos, quienes se sienten más incómodos con la expropiación, se ilusionan con que Fernández pueda rever su estrategia en las próximas horas.

Según pudo saber LA NACION, al menos un interlocutor de trato frecuente con Fernández se contactó con el diputado y exministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), que elaboró una propuesta para que el Estado y las cooperativas canjeen sus acreencias por acciones de Vicentin y se cree una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El portavoz del Gobierno le prometió al diputado de la oposición que su proyecto llegaría al escritorio del Presidente. Pero por ahora no hubo feedback.

Por cuerda separada, Roberto Lavagna impulsa una iniciativa para que el Estado arme un acuerdo y se quede con una acción (nominal) de oro para usar como veto en caso de ser necesario.

El campo, que tiene previsto salir a las rutas mañana, se muestra a favor de cualquier iniciativa alejada de la decisión oficialista de expropiar la empresa agroexportadora.

Por Maia Jastreblansky

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