Videla: la Cámara podría disponer su arresto domiciliario

El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla podría pasar a cumplir arresto domiciliario, a partir del miércoles próximo, ya que la Cámara Federal de San Martín aceptaría el pedido en ese sentido del hijo del ex militar, Jorge Horacio Videla, y del fiscal de la Cámara Federal de San Martín, Pablo Quiroga, quien, además, promovió una investigación para determinar si el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, incurrió en prevaricato al rechazar esa solicitud.

Según fuentes judiciales, los camaristas Narciso Juan Lugones, Hugo Rodolfo Fossati y Jorge Eduardo Barral, resolverán ese día la apelación presentada por los abogados de Videla, Alberto Rodríguez Varela y Carlos Tabares.

La decisión de los camaristas en favor de los requerimientos de la defensa del ex militar y de la fiscalía de Cámara se apoyaría en el artículo 11 de la ley 24.660/96 (complementaria del Código Penal), que autoriza la detención domiciliaria a personas mayores de 70 años (Videla tiene 73), que estén procesadas.

En un escrito de 12 carillas, Quirogaafirma que, con su fallo, el juez no le dio posibilidad a Videla del "ejercicio de los derechos que la legislación le otorga, violando de esta forma los principios de inocencia e igualdad ante la ley y el derecho de defensa en juicio".

"Arbitraria"

Asimismo, Quiroga dijo que la resolución de Marquevich fue "arbitraria y carente de todo fundamento jurídico puesto que se resolvió contra lo expresamente dispuesto por la ley".

Por este motivo, el fiscal acusó de prevaricato al magistrado. Según Quiroga, "el prevaricato no consiste sólo en que una resolución sea contraria a la ley o en que el juez aplique equivocadamente el derecho", y agrega más adelante: "Sino que para que se configure, es necesario también el elemento subjetivo, concretado en la malicia con que proceda el juez".

Luego, Quiroga recordó que Marquevich aplicó el artículo 11 de esa la ley en la misma causa que llevó a la detención de Videla, cuando concedió este beneficio a una mujer acusada de sustracción de una menor.

El fiscal finalizó: "Tratándose de una resolución dictada en el ejercicio de su función, contrariando a sabiendas la ley no sólo invocada por la parte, sino también por el mismo juez, corresponde proceder a la investigación de la actividad del magistrado".

Por otro lado, los defensores de Videla también presentaron un recurso de apelación y nulidad del fallo dictado por Marquevich por el que había rechazado las excepciones planteadas por los letrados, según las cuales el ex militar debe ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y que los delitos por los cuales actualmente está preso en la cárcel de Caseros son "cosa juzgada".

Reclamo

En tanto, los organismos de derechos humanos pedirán hoy formalmente al Gobierno la "separación de sus cargos" de 578 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad "involucrados en la represión y denunciados ante la Conadep" por su actividad durante el Proceso.

Se trata de un listado de 180 efectivos del Ejército, 95 de la Armada, 32 de la Fuerza Aérea, 48 de Gendarmería, 195 policías y 28 de servicios de inteligencia. Según lo informado por las entidades, se entregará también "una lista de personal jerárquico involucrado en las denuncias y por responsabilidad en la cadena de mandos".

Entre estas personas, estarían los responsables de la quema de documentación de aquella época. Esos documentos figuran en las actas de incineración (ver facsímil), entre otras formas, como "normas de procedimiento para implementar con los menores de edad, hijos de integrantes de organizaciones político gremiales cuando sus progenitores son detenidos o se encuentran desaparecidos. Originado en el Ministerio del Interior".

Por Alejandra Florit

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