Virulenta discusión entre jueces por el fallo que suspendió la ley del aborto

La sentencia del juez marplatense que suspendió la aplicación de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hizo estallar una virulenta pelea interna entre dos sectores de la Justicia: el que reúne a jueces, fiscales y defensores progresistas, alineados en general con el Gobierno, y los funcionarios judiciales mas conservadores, que constituyen el ala más dura que siempre se opuso a las reformas judiciales que intentó el kirchnerismo.

Para ponerle nombres propios al enfrentamiento, se trata de los jueces, fiscales y defensores ligados con Justicia Legítima, presidida por la exfiscal jubilada y titular de la AFI Cristina Caamaño, contra los magistrados enrolados en la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cuyo presidente es el juez Marcelo Gallo Tagle. En suma, dos miradas diferentes sobre la aplicación de la ley y el rol de los funcionarios judiciales.

El debate trasciende el fallo e involucra una discusión sobre la facultad de los jueces de cuestionar la constitucionalidad de las decisiones del Congreso.

El choque se dio mediante dos comunicados de inusual dureza por los calificativos utilizados. Justicia legítima dijo que la sentencia “no es un acto democrático, es un acto cuasi fascista”. La lista Bordó, una de las tres que integran la Asociación de Magistrados, les respondió que subordinan “la institucionalidad a sus afinidades ideológicas” por “tener como líder a una funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional, jefa de los servicios de inteligencia”, al tiempo que les achacó “poca independencia y compromiso con el servicio de Justicia”.

El conflicto está dado por la sentencia del juez federal Alfredo López que decretó la inaplicabilidad de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo tras advertir que contraviene la Constitución Nacional y pactos internacionales a los que adhirió la Argentina, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos–Pacto de San José de Costa Rica.

Justicia Legítima emitió un documento en el que repudia ese fallo porque señala que esa ley fue aprobada por el Congreso donde se analizó su constitucionalidad tras un amplio debate, “cuestión que parece no tener en cuenta el magistrado”.

“Las espeluznantes incongruencias entre el sector social más activo de la sociedad, el feminismo que busca ampliar y legalizar Derechos Legítimos, se ve una vez más empañado por lo pasado, lo arcaico, lo antiguo, por aquellos que en nombre de Dios y la Religión se consideran moralmente autorizados para imponerse por encima del resto de la sociedad”, escribió Justicia legítima, que dijo que se “sector minoritario” usa el sistema judicial “para imponerse sobre las mayorías”. Y señalaron que ya se vio en otros casos donde “sectores privilegiados” usan este mecanismo “intentado transformar simbólica y materialmente al sistema judicial como el Poder del Estado Antiderechos y Antidemocrático”.

Señalaron los integrantes de Justicia Legítima que se intenta así “erosionar la Democracia como sistema institucional, negando y desconociendo la división de Poderes; y a su vez de una mediocridad tal que retrasa todos los progresos en términos de Derechos alcanzados por el conjunto de la sociedad”. En síntesis, mas allá del caso del aborto legal, lo que critican –en sintonía con el argumento del Gobierno cuando embiste contra la Justicia ante fallos que no le agradan– es que el control judicial de las leyes, implica un avance sobre la división de poderes.

“No debiera explicarse la legalidad en este comunicado, sin embargo cuesta entender que las Mujeres tienen autonomía y dignidad para estos señores dignos hijos del patriarcado, donde para ellos no existen Mujeres con Derechos y cuerpos gestantes que no ingresan en la heteronormatividad, y encima que gocemos de autonomía sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ese sesgo impreso en la masculinidad patriarcal estereotipan, y reproducen estereotipos de género en su práctica de aplicación normativa donde las Mujeres somos envases de reproducción sexual sujetas al modelo cultural que impone el sistema patriarcal”, desgrana el texto. Señala que ese “sistema patriarcal” produjo hasta mayo de 2021 92 femicidios.

Los jueces de la Lista Bordó respondieron con la misma virulencia. Dijeron que mas allá del acierto o no del fallo que será revisado por la Cámara, “Justicia Legítima desconoce la función de los jueces y juezas como custodios de la vigencia de la Constitución Nacional”, que pueden decir que una norma es o no constitucional.

“Justicia Legítima, claramente inspirada en razones de orden político e ideológico, sobrepone sus posiciones personales a todo un sistema institucional erigido en pos del Estado de Derecho”, dijeron y abundaron que la entidad “confunde el ámbito de debate propio del Congreso y de la sociedad civil con el que corresponde a cada juez o jueza en la decisión de las causas sujetas a su conocimiento”.

Señalaron que Justicia Legítima fue la que hace ocho años abrió el camino a la llamada “democratización de la Justicia”, en alusión al proyecto que impulsó Cristina Kirchner durante su segunda presidencia, que “importaba someter al Poder Judicial a la política partidaria” y que ahora niega la posibilidad del control de constitucionalidad.

Y con ironía se preguntaron si no corresponde cerrar tribunales si es que los jueces no pueden disponer la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso. ”¿Tal vez, por descarte, serán los DNU el canal normativo que entienden ‘legítimo’ para regular la vida de los argentinos?”, chicaneraron.

“Poca independencia y compromiso con el servicio de justicia se puede esperar de una agrupación que tiene por líder a una funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional, jefa de los servicios de inteligencia”, concluyeron en el comunicado.