El Gobierno analiza desregular el mercado inmobiliario

Luego de días en que se barajó la posibilidad de que el Gobierno esté por tomar una importante medida para el mercado inmobiliario, fuentes cercanas a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, confirmaron a LA NACION que recién se está empezando a analizar la desregulación del sector.

Si bien se debe tener en cuenta que el Gobierno puede revisar la legislación nacional, las normas son municipales y son potestad de cada municipio; el gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre ellas.

Aunque aún no se conocen los detalles de las posibles modificaciones, fuentes del mercado consultadas por LA NACION consideran que esta decisión implicaría que dejen de existir los colegios inmobiliarios, aquellas entidades que otorgan la matrícula a los corredores para poder ejercer y “los encargados de controlar y fiscalizar la actividad inmobiliaria”.

Sin embargo, otras fuentes consultadas especulan con que la disposición posiblemente sea similar a la reforma del sistema automotor, un proceso en el que ya se implementó el cierre de 320 Registros. Hoy quedan cerca de 1500 abiertos pero el objetivo del Gobierno es sentar la bases para la creación de un Registro Único Virtual (RUV).

Otras versiones indicarían que, en realidad, en lo que avanzaría el Gobierno es en eliminar la obligatoriedad de tener una matrícula otorgada por los colegios. En otras palabras, los colegios seguirían existiendo, pero no haría falta contar con la matricula para desarrollar la actividad inmobiliaria.

¿Cómo está regulado hoy el mercado inmobiliario y qué cambiaría?

Hoy, quien quiere trabajar como corredor inmobiliario debe cursar una carrera -que en algunas provincias es de grado universitario- y pagar una matrícula para poder ejercer la actividad. Los encargados de otorgar la matrícula son los colegios inmobiliarios o de martilleros y corredores públicos, que son aprobados por los gobiernos locales de cada jurisdicción en la que ejercen. Por ejemplo, en CABA, existe CUCICBA (Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires), que percibe $500.000 anual por cada matrícula; cuenta con 10.000 corredores inmobiliarios matriculados, de los cuales 7700 están activos. En Provincia de Buenos Aires existen 21 colegios en distintos departamentos judiciales y, en cuanto al resto del país, hay entre 17 y 18 colegios repartidos en las 24 provincias, aunque no todas cuentan con uno.

Estos organismos son semipúblicos: el Estado aprobó su creación con la ley 25.028 nacional, pero delega en ellos la capacidad de control y fiscalización. “No regulan nada, solo controlan y fiscalizan”, aclara una fuente consultada.

“Desregular es un peligro, significa que no existan más los colegios inmobiliarios y que no exista la obligación de tener un título para ejercer”, explica una fuente cercana a LA NACION, que detalla que los colegios confieren un respaldo y seguridad a la hora de comprar propiedades. Al momento de otorgar la matrícula, solicitan antecedentes penales, controlan que los emprendimientos inmobiliarios que se venden en pozo sean edificios que efectivamente se van a construir, entre otras acciones.

Por su lado, Jorge Amoreo Casotti, director de innovación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), opina que con la actual regulación surgen problemas que no pasan en otras partes del mundo y que “complican la transformación y evolución del mercado inmobiliario”. Detalla que los colegios cuentan con “restricciones insólitas”, como la necesidad de contar con un título universitario, el tener que estar matriculado en cada jurisdicción en la que se quiera operar, son los que sancionan y cobran multas y controlan los aranceles mínimos y máximos que se pueden cobrar a la hora de establecer honorarios. Por su parte, asegura que el ministerio de desregulación está analizando este proyecto y “es uno de los principales que tienen sobre la mesa”.

Marta Liotto, expresidenta de CUCICBA, aclara que los colegios son “delegaciones que dio el Estado para controlar la actividad y garantizan un buen desarrollo y desempeño para brindar un servicio”. Explica que en CABA nació en 2007 producto de una cantidad de irregularidades que se daban en el mercado: se vendían inmuebles de pozo que no estaban en capacidad de venderse, entre otras cosas, y “no estamos hablando de comprar zapatos, sino de una inversión grande, como es la casa de una persona”.

“Habría que conocer la letra chica de lo que va a proponer el Gobierno, por mi parte no estoy a favor ni en contra hasta conocer los detalles”, comparte Santiago Mieres, de la inmobiliaria homónima. Afirma que los colegios deberían existir para respaldar la actividad, pero “hoy son más reactivos que proactivos, en la realidad de los martilleros que conozco, los colegios terminan siendo una obligación de aporte, en vez de solución a problemáticas”, agrega.

En este contexto, los grupos de Whatsapp de los Colegios Inmobiliarios arden. Uno de los comunicados que circula es el del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro en el que se hace referencia a las notas publicadas por los medios “claramente fomentadas por las franquicias que desarrollan ilegalmente la profesión”. En el texto también se destaca que “los profesionales martilleros y corredores públicos de la provincia de Buenos Aires nos encontramos bajo la tutela de la ley 10.973 y el decreto reglamentario 3630/91, cuerpos normativos que tienen plena vigencia. Lamentablemente el pretendido embate contra los colegios y cajas profesionales, sin distinguir actividades, no es nuevo. Gracias al compromiso de todos los que conformamos las actividades profesionales hemos sabido resistir”. Las frases son parte del mensaje firmado por Paula Méndez, presidente de ese Colegio, en el que también se pone énfasis en la necesidad defender la profesión de quienes “la venden como un fondo de comercio”.

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