Plan inmobiliario español: promover 800.000 viviendas sociales en 15 años

Promover 800.000 viviendas sociales en los próximos 15 años y empezar inmediatamente. Ése es el mapa de ruta que asociaciones inmobiliarias sin ánimo de lucro y organizaciones profesionales y patronales del sector han presentado al Gobierno. Ante esta propuesta, los €1000 millones que se han reservado de fondos europeos para incrementar el parque público de vivienda se quedan cortos. El esfuerzo inversor que piden es de €3450 millones en los próximos tres años y sostenimiento de €1150 millones anuales a lo largo de más de una década.

La propuesta fue presentada a principios de año al Gobierno, y en marzo se celebró un encuentro para debatirla. Firmada por 34 entidades, con notable presencia catalana, está promovida por la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social de Cataluña (Cohabitac) y tiene como una de sus cabezas visibles a Carmen Trilla, presidenta de Fundació Hábitat 3 y del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Partiendo de un informe del que Trilla -experta en vivienda social- fue coautora hace tres años, estima que España necesita sumar dos millones de casas para alquiler social y asequible.

Sobre ese volumen, creen los expertos que un 40% debería salir de promoción de obra nueva, la cual se haría con colaboración público-privada. A un coste medio de €114.000 por unidad, se calcula una subvención pública de €23.000 (un 20% del total, para facilitar que el 80% se obtenga mediante financiación). Esos €23.000, multiplicados por 50.000 viviendas al año, equivaldrían a los €1150 millones, provenientes de los fondos públicos.

Más presupuesto

Los autores del informe recuerdan que no se trata de una cantidad descabellada, ya que entre 2007 y 2011 el Ministerio de Vivienda (hoy esas competencias recaen en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) tuvo una dotación media de €1200 millones. Incluso, destacan, que en 2009 los Presupuestos contemplaban €1600 millones para vivienda, cifra que mermó sustancialmente a partir de 2012.

Para complementar el apoyo público, el plan contempla medidas como: facilitar terrenos (garantizados por medio del Instituto de Crédito Oficial) y diferentes mecanismos por medio de los cuales los promotores privados tienen acceso al 80% de financiación necesaria. Además, prevén rebajar el IVA.

La propuesta —que firman, además de organizaciones del tercer sector, colegios profesionales de arquitectos, aparejadores, administradores de fincas o agentes de la propiedad inmobiliaria y patronales de promotoras y de grandes propietarios de vivienda en alquiler— de momento no ha sido atendida completamente. El plan presentado por el Gobierno en Bruselas (sede de la Comisión Europea, entidad que destinará parte de los fondos para el sector de la vivienda) contempla una partida para promover viviendas en alquiler social de €1000 millones para los tres próximos años, un tercio menos de lo que solicitan los promotores de la propuesta.

Un encuentro “muy productivo”

En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana coinciden con la necesidad de crear nuevas viviendas destinadas para el alquiler social y también en hacerlo mediante colaboración público-privada. Según fuentes del organismo, los €1000 millones previstos por el Gobierno salen de los €6820 millones procedentes de los fondos de la Comisión Europea que se destinarán al sector de la vivienda. La mayor parte del dinero se asignará a rehabilitación energética, la verdadera prioridad de la UE de cara a avanzar en la descarbonización de la economía.

De hecho, -explican voceros del organismo- para destinar una partida a construir nuevas casas, el Gobierno les ha añadido la condición de que estén “en edificios energéticamente eficientes”. Bruselas condiciona sus subvenciones y préstamos a que el dinero se destine a mejoras ecológicas o de digitalización.

En atención a esa partida de 1000 millones y al hecho de que el Gobierno estima lograr con ellas 20.000 viviendas, está claro que el modelo también sería diferente. La división del dinero presupuestado entre el objetivo que se espera lograr arroja un gasto medio de 50.000 euros por casa, lo que sería bastante más del 20% de subvención. Según explican en Transportes, esto se debe a que se contempla, además de colaboración público-privada por la vía de cesión de derechos de superficie, la promoción enteramente pública.

No obstante, Trilla señala que no da por muerto su plan. El que se encuentra vigente caduca este año; es decir, que Transportes tendrá que aprobar -entre fines de 2021 y principios de 2022- el modelo de trabajo futuro. En el mismo, se podría incluir la construcción de viviendas con cargo a los Presupuestos, cree Trilla.

En tanto, en el Ministerio no se comprometen con ninguna cantidad todavía, pero dejan claro que “la idea es avanzar con estos €1000 millones y profundizar luego”. Según los registros, España es uno de los países con menos alquiler social de Europa (un 1,6% del parque total de viviendas principales). Revertir esta situación no es imposible, pero para ello se necesitará de una importante inversión de dinero. Los promotores del plan aseguran que España sólo destina un 0,1% de su PIB al gasto social en vivienda y recuerdan que la media europea es del 0,6%.