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España: la negociación de la nueva ley de vivienda entra en su fase decisiva
Se busca llegar a un acuerdo: el PSOE propone prórrogas indefinidas de alquiler en áreas tensionadas y Podemos plantea que sean las comunidades autónomas las que fijen límites de precios
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Algo se mueve en torno a la futura ley de vivienda en España. Despejado el calendario político, tras las sobrevenidas elecciones en Cataluña y Madrid, hace semanas que los socios del Gobierno han dejado de airear públicamente sus diferencias. La fundamental se mantiene: la manera de regular los precios de alquiler en las áreas que experimentan mayores tensiones. Pero también al respecto se han explorado nuevas propuestas para desbloquear las negociaciones y cerrar el acuerdo. En el plan de recuperación enviado a Bruselas (sede de la Comisión Europea, entidad que destinará parte de los fondos para el sector de la vivienda) se apuesta por enviar un borrador al Congreso antes de julio. Esto daría al Ejecutivo aún más plazo para poder en esa dirección. Por su parte, en el Ministerio de Transportes -el que tiene las competencias estatales en vivienda- ven esto factible.
Si en febrero y marzo la tensión y los reproches mutuos eran casi diarios, hace ya tiempo que se optó por un perfil más discreto de cara a los medios. La propuesta fiscal que planteó la parte socialista del Ejecutivo nunca ha terminado de convencer a sus socios políticos. Estos últimos piden que se plantee algún método para la regulación de precios de alquiler; es decir, límites en las rentas.
Por otra parte, Transportes ofreció una prórroga obligatoria de los alquileres en las áreas que presentan mayores tensiones. En tanto que en esas zonas en que se mantuvieran los precios disparados, los inquilinos tendrían derecho a permanecer en sus casas. Esto impediría que, superados los cinco o siete años de duración inicial del contrato, el casero pudiera subir la renta en un nuevo acuerdo.
Menos reuniones y más mensajes
Aunque ya no haya reuniones semanales de los equipos de ambos Ministerios, sí ha seguido el cruce de “llamadas y mensajes”. Derechos Sociales ha movido su ficha. Según las mismas fuentes, habría propuesto una fórmula genérica para que sean las comunidades autónomas las que establezcan límites de precios de los alquileres. Esto salvaría el desencuentro con el PSOE, respaldaría la normativa catalana de control de precios -apoyada por Podemos y pendiente de un recurso del PP en el Constitucional- y abriría la senda a otros territorios para hacer lo mismo.
En el Ministerio de Derechos Sociales guardan silencio al respecto e insisten en que su voluntad y su propuesta principal son que se cumpla lo acordado en el pacto de Gobierno de coalición, que hablaba de “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler”. En Transportes muestran que la idea no les agrada demasiado: “Esto es una capacidad estatal y somos muy respetuosos con la competencia en otras materias, pero ésta no podemos eludirla”, explica un alto cargo de ese departamento. Aunque las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula los alquileres, es estatal y actualmente señala que la renta es “la que libremente estipulan las partes”.
El escollo principal, sin poner topes de precios como pide Podemos o dar beneficios fiscales a los caseros que alquilen barato como propone el PSOE, sigue ahí y el reloj corre. El compromiso enviado a Bruselas es resolver la negociación como tarde en junio y en Transportes lo ven posible. “Vamos a intentar cumplirlo”, zanjan.
Se viene la primera ley de vivienda española de la democracia
No se esperan problemas debido al consenso al que se llegó en los últimos meses en lo referido a la ley de vivienda española, que pretende ser la primera en aprobarse en tipos de democracia. Sus puntos más destacados son las medidas para evitar desahucios y la penalización de las viviendas vacías. Sobre estas últimas, la idea es permitir a los Ayuntamientos para que recarguen más IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) sobre las casas que están desocupadas sin justificación. Pendiente está saber si la norma afectará sólo a personas jurídicas (empresas) o también a particulares y a partir de cuántas viviendas.
Aunque los desahucios también son una cuestión sensible para ambos partidos —en la negociación para habilitar medidas especiales durante la pandemia saltaron chispas a finales del año pasado— lo cierto es que ninguno de los dos socios avisa de grandes divergencias en esta materia. A partir de lo que ya se aprobó entre diciembre y enero, la idea es mantener la posibilidad de que los juzgados paralicen temporalmente desalojos de familias vulnerables hasta encontrar una vivienda alternativa. Se restringiría, eso sí, solo a procedimientos civiles.
Por José Luis Aranda
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