Mudarse lejos de la ciudad: por qué no es posible teletrabajar desde cualquier lugar

CORDOBA.- Con la pandemia de Covid-19, hay quienes decidieron trasladarse temporalmente de las grandes ciudades a pueblos más chicos. Los expertos no coinciden en plantear que haya un “éxodo urbano” ya que ese concepto implicaría una tendencia mucho más marcada y permanente que la que se registra. Una de las restricciones para ese fenómeno es la heterogeneidad de la infraestructura argentina, desde la disponibilidad de conectividad hasta cloacas incluyendo escuelas y salud.

La Argentina es un país urbano: nueve de cada diez personas viven en una ciudad y, además, existe “primacía urbana” que marca la brecha entre el tamaño entre la primera y la segunda urbe. Es de diez veces y eso implica un desequilibrio clave. El otro punto es el nivel de concentración económica, más de la mitad del PBI nacional se genera en el conglomerado urbano de Ciudad de Buenos Aires y Amba.

Sebastián Lew, director del Programa Ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), analiza que el movimiento de población que se registró fue intra ciudades: “Se buscó algo con más espacio, más verde, pero no es un éxodo urbano. Incluso quienes tenían una segunda residencia, la aprovecharon, pero hay que tener presente que en el país una de cada cinco personas está en condiciones de teletrabajar y eso ya es un condicionante”.

Repasa que la Argentina tiene una configuración de ciudades híper concentradas, el 40% de la población está repartida en el 0,5% del espacio y, obviamente, la derivación es que la concentración de la infraestructura urbana. “El mismo esquema se replica en las provincias –dice Lew-, salvo en la región centro del país donde el modelo económico es más integrado; la producción agropecuaria genera asentamientos medianos”.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), publicada por el Indec a fines de 2019, el 50,2% de la ciudadanía argentina no tiene acceso al agua corriente, la red de gas o el servicio de cloacas. En lo que hace a conexiones a internet, según datos del Ente Nacional de Comunicaciones del año pasado, el 62,8% de los hogares cuenta con acceso a internet fijo y la velocidad pasó de 3,6Mbps en 2014 a 28,3.

La educación virtual en 2020 puso a prueba la conectividad: según números del Observatorio Argentinos por la Educación, el 19,5% de los alumnos primarios no cuenta con conexión en su hogar. El promedio nacional esconde fuertes disparidades: hay siete provincias donde un tercio o más de los estudiantes no tienen red (Santiago del Estero, Formosa, San Juan, Catamarca, Misiones, Chaco y Corrientes); en el otro extremo, las jurisdicciones donde este porcentaje es inferior al 10% son Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego.

Ricardo Delgado, economista director de Analytica y exsubsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, ratifica que la Argentina tiene una “amplia heterogeneidad” en términos de indicadores de infraestructura que hacen a la calidad de vida: “Los grandes centros urbanos tienen niveles de acceso parecidos a los países desarrollados pero a medida que uno se aleja de esas ciudades empiezan a verse los problemas. El propio Amba es un ejemplo de esa disparidad”.

Apunta que Latinoamérica tiene un desarrollo de infraestructura “muy vinculado” al financiamiento público porque en general la tasa de retorno para los privados es compleja, salvo casos como las concesiones de agua o de rutas por peaje.

“Hay que lograr que los privados se involucren más en proyectos de largo plazo, aunque en la Argentina con la macro tan complicada desde hace años es muy difícil lograrlo”, admite Delgado y reconoce que los programas de Participación Público Privada que se intentaron en la anterior gestión quedaron “frenados” por la inestabilidad. “Hay una oportunidad de que el privado pueda trabajar porque el Estado no tiene capacidad, no puede responder a toda la demanda insatisfecha”, resume.

Además de coincidir con la alta heterogeneidad de desarrollo de infraestructura, Pablo Guiraldes, especialista en diseño y desarrollo urbano y ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, apunta que la Argentina carece de un protocolo unificado para la información en ventas inmobiliarias. Menciona que, en Estados Unidos, es de forma incluir datos respecto de acceso a escuelas, transporte y conectividad al ofrecer una propiedad. “Son datos que orientan y ayudan en la decisión”, señala.

A su entender, hay algunos “motores de cambio” que están impulsando la generación de polos habitacionales que atraigan gente: “Tandil, con énfasis en la educación y la cultura, lo está logrando; en Rafaela el foco está en movilizar a partir de innovación y tecnología, y en Capilla del Señor convive lo más urbano con la chacras de San Antonio de Areco”.

Lo social y lo económico

“Las capitales concentran población, recursos económicos e infraestructura de calidad –describe Lew-. Desperdiciamos oportunidades de desarrollo en otros puntos del país”. La situación se equipara a la vieja discusión del huevo o la gallina: la falta desarrollo económico hace que la población sea menor y, a la vez, con menos densidad poblacional hay menos inversión.

Para el Cippec hay un problema de “Estado ausente” en todos los niveles. “La mancha urbana crece más rápido que la población, las ciudades son menos densas, es más costoso llevar infraestructura –grafica Lew-. No hay planificación y eso impacta en términos de sostenibilidad ambiental y económica. La pandemia es una oportunidad para crecer ordenadamente, repensar el modelo de desarrollo”.

El estudio de la institución “¿Cómo crecen las ciudades Argentinas?” sobre la base de la expansión urbana de los 33 grandes aglomerados (GAU) del país revela que se propugnan patrones de alto consumo de suelo y replican ocupaciones de baja densidad, lo que afectan negativamente a las dinámicas urbanas, dado que, en tanto la ciudad no densifica sus tejidos, la consecuencia directa es la expansión con bajas densidades, la segregación social y la proliferación de vacíos urbanos, lo que implica costos más altos por la necesidad de aumentar las inversiones que hacen al funcionamiento de la ciudad. Los GAU de la región centro son doce; cuentan con 20,7 millones de habitantes distribuidas en 450.669 hectáreas al 2016, lo que significa una densidad media bruta de 36,1 habitantes por hectárea.

Lew apunta que gran parte de ese crecimiento residencial se da en barrios cerrados en ciudades intermedias y, en paralelo pero en el otro extremo, hay un porcentaje informal, no planificado, de ocupaciones de suelos. Insiste en que reurbanizar los asentamientos informales cuesta más que planificar desde un comienzo y advierte que este esquema es una manifestación territorial de la desigualdad: “La fragmentación pone en crisis la cohesión social; hay un acceso a bienes públicos que debe ser garantizado por el Estado”. Un aporte es la necesidad de organizar “gobiernos metropolitanos”.

Una experiencia conocida y reconocida en Latinoamérica, en esa línea, es la de Medellín cuya reurbanización y reordenamiento logró mejorar la calidad de vida en general de los vecinos, incrementar la integración y reducir la violencia urbana. Lew ratifica que el mayor desafío está en las ciudades intermedias que “todavía no perdieron la cohesión” y cuyo desarrollo se puede planificar. Sobre ese punto Guiraldes señala los casos de Sunchales (Santa Fe), donde Sancor Seguros estructuró un barrio para la propia empresa, “mezclando lo industrial con el verde”.

“Son dinámicas territoriales interesantes para seguir –afirma el experto-. El campo que invierte en las zonas donde produce también colabora a no reconcentrar en las grandes ciudades”. Otro caso que señala es el de Pinamar, que busca habitantes también para la contra estación y para consolidar esa línea, logró un centro universitario de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade).

Sobre el financiamiento de organismos internacionales disponibles para mejorar la infraestructura urbana, Guiraldes y Delgado coinciden en que las ciudades requieren siempre del apoyo final de la Nación, que debe avalar los créditos. “La cuestión de fondo es que la macro muy desordenada no da la estabilidad para planes a largo plazo”, sintetiza Delgado y añade que organismos como el BID, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento (CAF) exigen análisis de rentabilidad social de los proyectos en los que ponen recursos, “lo que aporta a la planificación”.