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En Paris los propietarios de los inmuebles destinados al alquiler tendrán limitaciones a la hora de fijar el precio. Así lo dispuso el Ayuntamiento tras registrar que los precios de los contratos aumentaron 54,6 por ciento en diez años. Un fenómeno que se replicó en otras ciudades europeas incentivado por el impacto de las compañías de alquiler vacacional como Airbnb. La medida se aplica a los contratos cerrados a desde el 1° de este mes. Mientras que los inquilinos con arrendamientos anteriores a esta fecha deberán esperar a que el último contrato venza para exigir la limitación del precio. La norma establece que, en la capital francesa, el aumento del alquiler no podrá superar el 20 por ciento con respecto a un precio de referencia. Este varía en cada una de las 14 zonas en las que se ha dividido la ciudad. También se tiene en cuenta en el nivel de referencia para cada vivienda, el número de habitaciones y el periodo de construcción del edificio. Si el inquilino constata que el precio es superior al límite permitido, puede acudir al juez para que verifique la diferencia y lo aplique al contrato.
Respecto al procedimiento: primero se avisará formalmente y se otorgarán dos meses para cumplir con la ley. Aquellos que pasado ese plazo sigan sin cumplir se los multará con 5000 euros en el caso de que se tratase de una persona física o de 15.000 euros para una persona jurídica. Además, tendrán que bajar el precio y reembolsar lo que se cobró de más.
La iniciativa busca evitar que los propietarios aprovechen un cambio de inquilinos para incrementar el precio de sus bienes en ciudades donde los contratos estaban por las nubes. Se conocieron incluso casos en los que se presionaba a los ocupantes para que se fueran y poder cambiar el alquiler. "Buscamos imponer cordura en un sistema que se ha vuelto un poco loco", sostuvo Ian Brossat, responsable de Vivienda del Ayuntamiento parisino. El funcionario agregó que la dificultad de tener, en París, alquileres compatibles con los ingresos de los hogares de las clases medias, prueban la necesidad de introducir de nuevo un poco de racionalidad". Hay que tener en cuenta que entre 2005 a 2015, los contratos habían aumentado 50 por ciento. Esta medida se había aplicado entre 2015 a 2017, pero tras varios recursos judiciales fue derogado. Sin embargo, sobre fines del año pasado, el Parlamento volvió a poner el tema en agenda y reintrodujo la medida en una nueva ley. Se estima que son 80.000 las personas afectadas por nuevos contratos de alquiler en París, una ciudad con 2,2 millones de habitantes.
La medida precederá a una ley más global sobre la vivienda que se adoptará el próximo año y que incluirá una mayor regulación de los precios cuando un piso o una casa se pone en alquiler por primera vez. La expectativa es que la medida generará la vuelta de las clases medias a la capital. Según cifras oficiales, París pierde 12.000 habitantes al año. Por ahora, la norma sólo aplica a los inmuebles ubicados en la capital de Francia pero la expectativa es que se agreguen otras 28 aglomeraciones que suman más de 50.000 habitantes, urbes con insuficiente oferta de viviendas.
Thomas Lefebvre, director científico de MeilleursAgents.com está de acuerdo con la medida pero pone sobre la mesa algunas deficiencias. Por ejemplo, la definición de un mismo alquiler de referencia para sectores muy diferentes dentro de una misma zona. Expone el caso del barrio de Clignancourt. El mecanismo establece un alquiler de referencia para toda la zona, desde el Sacré–Cœur, invadido por los turistas, hasta el Boulevard Ney, más popular.
Mientras tanto en la entrevista que Jean-Marc Torrollion, presidente de la Federación Nacional de la Propiedad Inmobiliaria (Fnaim), le otorgó al diario Le Parisien, planteó el cambio de reglas de juego que implica la medida para quienes decidieron comprar propiedades para rentar: "al confiscar los ingresos de aquellos que han decidido invertir sus ahorros en propiedades de alquiler, nos arriesgamos a enviarles una señal contraria: alquilen su apartamento en Airbnb…", disparó.
Igualmente, el Gobierno francés ya se había ocupado de este tema. En abril presentó un proyecto de ley sobre la vivienda que incluye controles más estrictos de los alquileres turísticos con multas a las plataformas como Airbnb que no respeten las reglas. El mismo plantea que quienes alquilen sus viviendas amuebladas en esas plataformas no sólo deberán registrarse previamente sino que tendrán que comunicar el número de noches de hospedaje. Además no podrán superar las 120 noches –pasado ese plazo, se declara como profesional– y quienes se excedan deberán pagar multas de entre 5000 y 10.000 euros. En este caso, el objetivo es tratar de limitar el efecto inflacionista para los alquileres en algunas ciudades turísticas.
La decisión de "limitar el valor de los alquileres" estará en vigencia cinco años. Luego Brossat propone preguntarle a los propios parisinos "por referendo por ejemplo", cuál es su opinión.
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