ADN del crimen: dos camaristas y un fiscal, los misteriosos nuevos integrantes de la banda del juez

El escándalo judicial que derivó en la detención del exjuez de Garantías de La Plata César Melazo, a punto de ser sometido a juicio oral, acusado de comandar una banda formada por policías, barrabravas y delincuentes comunes, no se detiene. La Justicia analiza comenzar a investigar a dos camaristas y a un fiscal por su presunta vinculación con la organización criminal que, según el Ministerio Público de La Plata, encabezaría el exmagistrado.

Los nombres de esos dos camaristas bonaerenses, integrantes de tribunales que resolvieron algunas excarcelaciones cuestionadas durante la pandemia figuran en las escuchas telefónicas y transcripciones de mensajes que intercambiaron algunos de los 13 imputados de formar parte de la banda supuestamente comandada por Melazo.

Además de los camaristas, también aparece mencionado en los mensajes un fiscal con jurisdicción en La Plata, colega de Tomás Morán, el funcionario judicial imputado de formar parte de la mencionada asociación ilícita.

Debido a que todavía ni el fiscal ni los camaristas fueron acusados formalmente, las identidades se mantendrán en reserva.

Pero, según fuentes judiciales, el hallazgo de los nombres de los camaristas y del fiscal en los contenidos de las comunicaciones de los delincuentes acusados en la causa Melazo abrió la posibilidad de que se inicie una investigación para determinar, por ejemplo, si hubo irregularidades en las excarcelaciones dictadas antes y durante la pandemia a favor de algún miembro de la organización delictiva.

Por ejemplo, Javier Ronco, uno de los 13 imputados de integrar la banda del juez y condenado por los homicidios de Carlos Rodríguez y María Martini, había sido beneficiado con la morigeración de la prisión preventiva, con el monitoreo de una tobillera electrónica.

Dicho beneficio habría sido concedido el 8 de septiembre de 2015, según la imputación del Ministerio Público, por el juez de la Cámara de Casación penal bonaerense, Martín Ordoqui.

Este magistrado, actualmente está suspendido y enfrenta un jurado de enjuiciamiento que evalúa si corresponde destituirlo para que pueda ser detenido, tal como lo solicitó la fiscal Betina Lacki, quien instruyó la causa Melazo.

Según figura en el expediente, Ronco, cuñado de Rubén Herrera, el exjefe de la barra brava de Estudiantes, dueño un boliche bailable en La Plata y socio en otros cuatro locales nocturnos, expresó que había pagado $ 1.700.000 para salir de la cárcel y recibir la tobillera electrónica.

En las transcripciones de una serie de mensajes de audio entre Ronco y Herrera, alias Tucumano o Bolichero, quedó al descubierto que la supuesta protección judicial no terminaría en Ordoqui, sino que “involucraría a dos magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, en el intercambio de mensajes Ronco mencionó a los magistrados, de otro tribunal e instancia distinto al del camarista suspendido y se refirió a ellos como “los mismos que me dieron la pulsera”.

La protección judicial para la banda surgía desde el líder de la organización: el exjuez Melazo. Los robos contra las propiedades de los políticos y empresarios a los que los integrantes de la banda llamaban “objetivos de alta gama”, se concretaban cuando el exmagistrado estaba de turno. El fiscal Tomás Morán, otro acusado de integrar la banda, operaba como un factor clave en el escudo de la organización.

Comunicaciones interceptadas

En las páginas 2895 a 2898 del expediente figuran transcripciones de escuchas telefónicas en las que el policía Gustavo Mena le decía al imputado Adrián Manes, alias Quichua, que el fiscal Morán pretendía internarse en un instituto neuropsiquiátrico para evitar quedar preso.

“Con las c . . . . . . que se mandaron con las causas y todas con intervención de Melazo”, expresó, a modo de queja, el policía Mena.

Estas conversaciones entre ambos imputados confirmaron que Morán habría arreglado con Ronco por la causa del doble homicidio y que le cobraron una importante suma de dinero. Esta fue una de las pruebas que fundó el procesamiento y detención del fiscal en la investigación iniciada a partir de los dichos de Ronco, condenado por los asesinatos de Rodríguez y su pareja. Mena, que se desempeñaba como oficial de la policía bonaerense en la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata y se encargaba de liberar las zonas para que los asaltantes que integraban la banda concretaran los robos, también apuntó a Melazo.

“El que me metió a mí fue Melazo. Para que yo no abra la boca, cuando iba con ellos a robar para Melazo y Bursztyn”, agregó Mena en la mencionada transcripción.

Mena hacía referencia a Gustavo Bursztyn, uno de los jefes policiales más importantes de La Plata. Como comisario mayor, se desempeñó como jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la capital provincial.

Junto con Mena, Ronco, Manes, el exjuez Melazo y otros sospechosos, Burztyn figura en el listado de imputados en la megacausa que comenzarán a ser juzgados a partir de octubre, junto a Ángel Yalet, alias Pipi; Carlos Bertoni, productor de seguros y hermano del exfutbolista del seleccionado argentino; Martín Fernández; Carlos “Macha” Barroso y el vendedor de influencias Enrique Petrullo.

Herrera, socio comercial de Melazo, formaba parte de esa lista pero accedió a someterse a un juicio abreviado y fue condenado a cinco años de prisión. A lista de funcionarios judiciales vinculada con la banda se podría sumar el nombre de un fiscal que apareció mencionado en una conversación de WhatsApp que figura en el denominado anexo de prueba C19.

En la conversación que mantuvieron Petrullo y Ronco indican que “el fiscal almuerza con el bolichero”. Ese fiscal, según se indicó en la charla, le habría avisado a Herrera que tenía el teléfono intervenido. Hasta que no recibió el aviso del fiscal, Herrera ignoraba que era investigado.

Una testigo, que declaró en el expediente Nº 06-00-004837-14, iniciado a partir de las irregularidades en la pesquisa del asesinato de Juan Roberto Farías, ocurrido el 2 de diciembre de 2010, en la puerta del edificio en el que vivía en 44, entre 26 y 27, en La Plata, dijo que Farías robaba para el comisario Bursztyn.

Morán fue el primer representante del Ministerio Público que se hizo cargo de la investigación del asesinato de Farías.

Mientras Morán estuvo a cargo de la investigación de ese crimen, el caso nunca avanzó. Se perdieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la avenida 44 que habían registrado el paso de los vehículos que utilizaron los sicarios que mataron a Farías.

Al advertir que la investigación no avanzaba, una familiar de Farías le reclamó al fiscal Morán que citara a declarar al comisario mayor Bursztyn, porque sabía que la víctima robaba para ese jefe policial. Pero el fiscal se negó. “Gustavito es un amigo”, respondió Morán a un familiar de Farías.

Otro ritmo judicial

Sin embargo, a partir de la separación de Morán, el expediente por el homicidio de Farías quedó a cargo de la fiscal Lacki, quien advirtió las irregularidades cometidas por su colega, convocó a efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal y comenzó una investigación que, después de cuatro años, puso al descubierto a la banda mixta de policías y asaltantes.

“Según Juan, trataban de concretar los hechos cuando el juzgado de Melazo estaba de turno debido a que les garantizaba que si algo salía mal lo podían solucionar”, dijo una testigo.

Seis meses antes de que lo mataran, Farías se reunió con el comisario Bursztyn. Uno de los testigos de ese encuentro fue un policía que se desempeñaba en la comisaría 2a. de La Plata. En esa reunión Bursztyn le habría advertido a Farías que el asalto contra la casa de un exdirector técnico de Estudiantes y representante de futbolistas no debía hacerse, por orden del Flaco, tal como llamaban a Melazo.

Otras transcripciones de conversaciones telefónicas revelaron que, si bien Ronco habría abonado $ 1.700.000 para conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria, era consciente que debería desembolsar más dinero para obtener una rebaja en la condena.

En una de esas charlas, entre Ronco y Herrera apareció el nombre del segundo camarista al que recurrirían para obtener una reducción de la condena.

Ronco tenía como objetivo conseguir la libertad para poder concretar un golpe millonario. Había obtenido la información sobre la familia de Daniel Muñoz, exsecretario privado del presidente Néstor Kirchner. Ronco planeaba secuestrar a la hija y cobrar un millonario rescate. Pero, debido a la tobillera electrónica que le colocaron para salir de la cárcel, estaba controlado y no podía moverse con la libertad que necesitaba para concretar el secuestro. Por este motivo decidió presionar a su cuñado, Herrera, para que le pagara a otros camaristas con el objetivo de que le quiten la tobillera. A partir de estos dichos, esos magistrados comenzarían a ser investigados.