ADN del crimen: dos fiscales avanzan contra el senador intocable

En Santa Fe, los legisladores provinciales tienen más inmunidad que cualquier juez federal o diputado nacional. En esa provincia, los fiscales no pueden acusar a ningún legislador que aparezca involucrado en algún delito. La Constitución de esa provincia y el Código de Procedimiento Penal constituyen barreras que, por ahora, ni las Cámaras Legislativas ni la Suprema Corte de Santa Fe están dispuestas a levantar. Esta situación impidió que el Ministerio Público pueda avanzar con la investigación contra el senador provincial Armando Traferri (Partido Justicialista), un aliado político del exministro Agustín Rossi.

Aunque los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery consiguieron elementos que avalan el estado de sospecha que indica que el caudillo político sería el presunto organizador de una asociación ilícita, que habría recibido coimas de uno de los capitalistas del juego clandestino más importante de Santa Fe, que habría participado de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público, no pueden tomarle declaración indagatoria. Las leyes provinciales lo impiden.

Esto significa que, para la Justicia, Traferri es intocable. No lo pueden acusar, no lo pueden investigar, no lo pueden procesar. Tampoco pueden detenerlo.

El nombre de Traferri fue mencionado en una declaración realizada como imputado colaborador por un empresario del juego identificado como Leonardo Peiti, quien afirmó que le habría pagado US$ 250.000 al senador para que le permitiera desarrollar su actividad en Melincué y Rafaela.

A pesar que la declaración de Peiti fue admitida por la Justicia y constituyó una prueba para imputar a otros supuestos integrantes de la organización criminal, como los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, los representantes del Ministerio Público no pueden tomarle declaración indagatoria a Traferri porque está prohibido por los artículos 51 de la Constitución de Santa Fe y, 27 del Código de Procedimiento Penal de la provincia, respectivamente.

En dos declaraciones como imputado colaborador, Peiti detalló cómo fue la estrategia que montó y con quienes hizo “acuerdos” para construir un escudo que no lo complicara en su objetivo por quedarse con el juego online.

La primera declaración que hizo Peiti en la causa fue en julio de 2020 e involucró a los fiscales Ponce Asahad y Serjal, que terminaron detenidos.

Ante la investigación encarada por los fiscales Schiappa Pietra y Edery, el senador respondió con una serie de denuncias contra los integrantes del Ministerio Público de Rosario. Esas denuncias fueron desestimadas por todos los magistrados que intervinieron. Traferri que, siempre negó los cargos en su contra, tenía el poder para acusar los fiscales que lo investigaban. Entonces, los fiscales recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una audiencia realizada hace una semana, los titulares de la Asociación Argentina de Fiscales y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, presentaron el caso de la persecución contra Schiappa Pietra y Edery, por investigar a un integrante del poder legislativo y pidieron que el organismo internacional “invite a participar de una audiencia al gobierno de la República Argentina”.

“Los hechos descriptos son de una inusitada gravedad y socavan la independencia judicial con la finalidad de beneficiar a diferentes funcionarios y exfuncionarios de nuestro país, en causas de corrupción. La normativa Interamericana dispone que el fortalecimiento de la Justicia y la división de poderes requiere, ante todo, de medidas para prevenir el daño”, consignaron las asociaciones de fiscales ante el organismo internacional.

Escándalo de coimas

La investigación que derivó en el pedido de imputación contra el poderoso senador justicialista, continuó con la detención del fiscal Ponce Asahad, concretada el 31 de julio pasado, mientras que su jefe, Serjal, fue apresado el 11 de agosto. El primero fue destituido por la Legislatura y el segundo renunció antes de ser separado de su cargo. Al declarar como acusado, Ponce Asahad involucró a Traferri.

En la segunda declaración realizada en septiembre pasado, Peiti, conocido como zar del juego clandestino en Santa Fe, afirmó que pagó coimas por US$ 250.000 a Traferri y a otros legisladores. Además, Peiti expresó ante la jueza Eleonora Verón, que los fondos que aportaba en concepto de coimas eran para la campaña electoral.

Ambas de declaraciones de Peiti fueron grabadas y el aporte del acusado sirvió para que la investigación avanzara sobre integrantes de la organización que ocupan niveles superiores en la estructura criminal.

La investigación que terminó en el escándalo judicial, político y criminal comenzó el 11 de enero de 2020, con el asesinato de Enrique Encino, gerente de la sucursal del Banco Nación en Las Parejas, que fue baleado cuando salió a fumar a un balcón del primer piso del casino City Center, de Rosario.

Encino fue una víctima inocente de una trama criminal que involucraba a la banda de narcotraficantes comandada por la familia Cantero, también conocida como Los Monos. Encino estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando tres sicarios del clan Cantero abrieron fuego contra el casino.

Durante la pesquisa, los fiscales determinaron que el móvil del ataque contra el casino fue una extorsión pergeñada por el clan Cantero contra los responsables del centro de juegos, a los que exigieron dinero a cambio de no balear ni agredir a los clientes.

A partir de la revisión de una serie de cámaras de seguridad instaladas en la zona, los representantes del Ministerio Público establecieron que uno de los autores del ataque habría sido Maximiliano Díaz, alias Cachete, soldado de la banda de Los Monos.

Al revisar su celular, los fiscales hallaron un mensaje que llamó la atención de los investigadores. En ese mensaje se expresaba: “Leo pagá”. Esta amenaza formaba parte de la nueva actividad que comenzó a desarrollar el clan Cantero luego que perdiera el territorio en el que tenía búnkeres de venta de droga. En retirada del narcotráfico, Los Monos comenzaron a extorsionar a comerciantes, vendedores de automóviles, restaurantes y capitalistas de juego. Este último caso fue el de Peiti. El mensaje: “Leo pagá”, estaba destinado a Peiti.

Al investigar las amenazas a Peiti, los fiscales descubrieron que el zar del juego también recibía exigencias de dinero de parte de un exdiputado provincial que solicitaba pagos en nombre del senador Traferri.

Pero, según determinó la investigación encarada por los fiscales Schiappa Pietra y Edery, los pagos de coimas no terminaban en Traferri, sino que involucraban a dos representantes del Ministerio Público, los mencionados Ponce Asahad y Serjal.

Ponce Asahad fue condenado a seis años de prisión por cohecho. La pena se redujo a tres años de cárcel, debido a que declaró como imputado colaborador e involucró a su superior Serjal, quien tiene un requerimiento de elevación a juicio pendiente.

Con las mismas pruebas, los fiscales Edery y Schiappa Pietra fundaron la imputación contra Traferri. Pero en el caso del senador, el proceso no avanzó.

Los fueros, un escudo

En principio, Traferri fue citado a la audiencia imputativa para el 11 de diciembre de 2020. Pero el senador sostuvo que no podía ser acusado porque gozaba de fueros parlamentarios, un argumento que sostuvo durante todo el proceso y, en la actualidad. Traferri siempre negó los cargos en su contra y acusó a los fiscales.

Ante la negativa del legislador, los fiscales pidieron el desafuero. Pero en una sesión realizada el 18 de diciembre pasado, el Senado de Santa Fe se rechazó la solicitud por doce votos en contra, tres abstenciones y cuatro votos a favor. Así, el caudillo político de San Lorenzo mantuvo su inmunidad.

Entonces, con el camino legislativo cerrado por los colegas de Traferri, los fiscales tomaron la vía judicial para lograr que el senador pueda ser imputado y sometido al proceso. Para tal fin, presentaron una solicitud para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 51 y 27 de la Constitución provincial y del Código de Procedimientos Penal, respectivamente.

Pero, el 22 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la solicitud de los representantes del Ministerio Público para se declare la inconstitucionalidad de las normas que habilitan la inmunidad de los legisladores.

Cinco de los integrantes del máximo tribunal de Santa Fe, votaron en contra de pedido de los fiscales. El único voto en disidencia correspondió al magistrado Daniel Erbetta.

Además de la resolución que pueda dictar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los fiscales tienen otra posibilidad para que se declare la insconstitucionalidad de las leyes que otorgan la inmunidad parlamentaria a Traferri: la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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