ADN del crimen: la trama secreta de un expediente de Cromañón que pasó 5 años cajoneado

Al día siguiente de la tragedia ocurrida en el boliche República Cromañón se supo que el local, situado en la zona de Once, debía estar clausurado debido a que tenía vencido el certificado que emitía la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal sobre el correcto funcionamiento de los sistemas contra incendios. Oculto en el laberíntico entramado de los cinco procesos que terminaron con las condenas contra 19 acusados, aparecieron una serie de documentos que indican que Cromañón estaba clausurado desde siete años antes que ocurriera el incendio durante el recital de Callejeros en el que fallecieron 194 personas.

Antes que el local situado en Bartolomé Mitre 3066 se convirtiera en República Cromañón, a partir de un proyecto del empresario Omar Chabán para transformarlo en un espacio para recitales de bandas de rock, en el inmueble funcionó una bailanta denominada El Reventón.

También funcionó como un miniestadio que competiría con el Luna Park y Obras, para realizar recitales. Allí, se realizaron shows de Rodrigo y del grupo Rescate.

Tanto el boliche bailable como los recitales de los grupos de cumbia y los espectáculos que organizó Chabán con bandas rock tuvieron como escenario un local que estaba clausurado desde el 18 de julio de 1997.

Sospechosamente, el expediente por la clausura estuvo cajoneado durante cinco años en la Dirección de Departamentos de Espectáculos, Recreación y Educación de la Dirección de Actividades Especiales. La carpeta volvió a aparecer en 2002, pero la clausura nunca se levantó.

Esta irregularidad quedó al descubierto en el juicio oral que terminó con la condena a cuatro años y cuatro meses de prisión contra Roberto Calderini, el inspector acusado de fraguar los planos para posibilitar que Lagarto SA, la sociedad que fue la primera dueña del local, pudiera obtener la habilitación para abrir sus puertas.

Calderini fue condenado en mayo de 2016 por cohecho pasivo y falsedad ideológica. A pesar que se trataba de una condena de cumplimiento efectivo, Calderini nunca estuvo preso. Un mes y medio antes que se cumplieran los 17 años de la tragedia, el Tribunal Oral N° 27, por orden de la Sala II de la Cámara de Casación decretó la prescripción de la acción penal por la falsificación de los planos. En abril pasado, los jueces de Casación habían dictado el sobreseimiento del inspector de la condena por cohecho.

A la indignación provocada por la resolución judicial que favoreció al inspector, los familiares de la víctimas y la mayoría de los 1400 sobrevivientes sumaron el jueves pasado el malestar provocado por la irrupción de Patricio Santos Fontanet, condenado exlíder de Callejeros, que cantó con su nueva banda en uno de los actos de homenaje realizados a 17 años de la tragedia.

El incendio en el que murieron 194 personas ocurrió el 30 de diciembre de 2004. Durante la investigación de la tragedia se determinó que la noche del incendio había más de 3500 personas, cuando la capacidad permitida era de 1031 espectadores.

Uno de los cinco juicios orales terminó con las condenas a un grupo de bomberos de la Policía Federal por integrar empresas que realizaban asesoramiento y venta de medios contra incendio en locales que ellos debían inspeccionar. Esta maniobra quedó al descubierto al determinarse que el certificado de bomberos que habilitaba el funcionamiento del boliche había vencido el 10 de diciembre de 2004.

En el juicio principal, fueron condenados a penas de entre diez y dos años y cuatro meses de prisión Chabán, los integrantes de la banda Callejeros, un subcomisario de la seccional 7a., y tres funcionarios del área de Control y Fiscalización del gobierno porteño que no verificaron que se habían caído las habilitaciones de más de cincuenta locales bailables clase “C”, como Cromañón, por tener el certificado de inspección de bomberos vencido.

Durante este juicio se determinó que Chabán y Callejeros pagaron coimas a uno de los jefes de la comisaría con jurisdicción en el lugar para que se permitiera el ingreso de mayor cantidad de espectadores que el máximo permitido.

También se concluyó que hubo funcionarios que debían controlar y revisar que los locales tuvieran el certificado por las medidas contra incendio y no lo hicieron, a pesar que existía una denuncia realizada por el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena.

“La corrupción fue la génesis de la tragedia. En el debate se había probado que Calderini recibió dinero de los accionistas de la firma Lagarto SA con el objeto, de que en su condición de inspector dependiente de la Dirección General de Registros y Certificaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elaborara un informe favorable respecto del local situado en Bartolomé Mitre 3060″, expresó el fiscal Fabián Céliz en su alegato.

Durante el debate se determinó que hubo tres expedientes distintos presentados para solicitar la habilitación del local donde, en 2004, funcionó Cromañón: en la carpeta N° 10.294 se rechazó la habilitación; en expediente N°46.309 se clausuró el local y en la carpeta N° 42.855 se habilitó. Los tres expedientes fueron presentados en fechas distintas y tenían un mismo objetivo: solicitar la habilitación del local que funcionaba en Bartolomé Mitre 3060.

“Solo el soborno explicaba que el 14 de abril de 1997, en el expediente 10.294, Calderini señalase que el local no podía ser habilitado porque violaba las normas vigentes”, sostuvo el representante del Ministerio Público, en su alegato.

Planos adulterados

Para la Justicia, habría quedado probado que Calderini falsificó las medidas del local que consignó en los planos cuando inspeccionó el inmueble en el contexto del expediente por otorgamiento de la habilitación. Los peritajes realizados durante la investigación de la tragedia establecieron que local tenía 1800 metros cuadrados, sin embargo en los planos que se usaron para la habilitación se consignó una superficie de 1447 metros cuadrados, justo en el límite máximo de los 1500 metros cuadrados autorizados para el funcionamiento de un local de baile clase “C”.

En los planos también se consignaron medidas diferentes con respecto a las puertas de emergencia. En el expediente se indicaba que medían 9 metros de ancho, pero, en realidad tenían 7,56 metros de ancho. Esto significa que las medidas que figuraban en los planos no se ajustaban a las del inmueble.

Este detalle y el de la puerta de dos hojas, indicada como “alternativa”, demuestran por qué Cromañón se convirtió en una trampa mortal en la que la gente quedó atrapada debido a la ausencia de puertas de emergencia instaladas según las medidas exigidas por ley.

“El local en cuestión se trataba de un mini estadio y que allí radicaba el negocio, porque habilitar un mini estadio era muy oneroso (médicos, ambulancias, policías), no así un local bailable clase C”, indicó el fiscal en el alegato.

Para los jueces del Tribunal Oral N° 27 “la cantidad de irregularidades en que incurrió Calderini, no son explicables a inexperiencia o a errores o distracciones apuntan a un solo móvil: ocultar todas las circunstancias antirreglamentarias que, de haber sido expuestas, hubieran imposibilitado la habilitación del local. Lo que hizo fue adaptar su dictamen a los planos de habilitación para favorecer la actividad de la sociedad explotadora del comercio”.

Al fundar la existencia del cohecho, los magistrados sostuvieron que “descartada la negligencia o el error se cae inevitablemente en una acción intencional cuya única explicación es que estuvo originada en un pacto venal”.

El dolor de las víctimas

Sin embargo, a pesar de todas las pruebas expuestas en el juicio oral, que fundaron la condena contra el inspector, un tribunal superior absolvió a Calderini por el cohecho y decretó la prescripción de la acción penal por la falsificación de los planos que permitieron que Cromanón funcionara.

“Es muy probable que se piense que en Cromañón hubo justicia. Pero nosotros no obtuvimos justicia. Recibimos una máscara que dejó afuera a la mayor cantidad de los responsables. Con Calderini, los jueces decretaron una prescripción en un caso donde un funcionario que, en 1997, con la coima que recibió y un plano trucho que falseaba la superficie del local por cientos de metros permitió la habilitación del local donde funcionó Cromañón. Si decía la verdad sobre la superficie no podía habilitar el local”, expresó el abogado José Iglesias, padre de Pedro, uno de los 194 fallecidos en la tragedia de Cromañón.

Actualmente ninguno de los 19 condenados por el incendio está preso. Iglesias fue querellante en todos los procesos se iniciaron a partir de la tragedia y participó en todos los juicios orales.

“Todos los que confiamos en el sistema judicial, porque como abogado me considero un auxiliar de la Justicia, tuvimos este resultado. Desde el primer juicio oral, cuando los jueces que excluyeron a Callejeros y se escaparon después de leer la sentencia. Este Poder Judicial no sirve más. En nuestro caso se demoraron varios años para dictar sentencias y la última fue para decretar la prescripción de la acción penal contra el inspector que falsificó los planos”, concluyó el padre de una de las 194 víctimas.