ADN del crimen: un fantasma siempre se hace cargo del homicidio cuando el caso pierde el rumbo
En medio de los peritajes ordenados por la justicia federal apareció un hombre con problemas psiquiátricos con su “confesión” sobre el asesinato de una niña desaparecida; la historia se repite 31 años después
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LA NACIONGustavo Carabajal
En la historia penal argentina existen ejemplos de secuestros, desapariciones u homicidios en los que, ante la imposibilidad de encontrar a la persona buscada o de hallar pruebas contra los captores y asesinos, aparecen las videntes que desvían la investigación o los sospechosos que, de la nada, confiesan haber sido autores de esos crímenes. Se trató de acusados con problemas psiquiátricos que, al final del proceso, no pudieron ser condenados debido a que la patología que sufrían los convertía en inimputables. Pero resultaron funcionales para que la policía y la Justicia intentaran cerrar los casos. Eso ocurrió con el homicidio de Nair Mostafá, la niña de nueve años asesinada en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos y, 31 años más tarde, con la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, la pequeña desaparecida el 14 de junio de 2021, en San Luis.
No pasó inadvertido que, mientras un grupo de fiscales federales y efectivos de la Gendarmería entrevistaban a los testigos de la desaparición de Guadalupe, en el barrio 544 Viviendas, apareciera esta semana en escena un muchacho, de 25 años y con una patología psiquiátrica, que se autoincriminó y dijo ante la policía de San Luis que había matado a la niña de seis años.
Esa confesión provocó conmoción en la policía puntana y movilizó a la Justicia provincial, que hizo pública la aparición del supuesto homicida. Sin embargo, Héctor Zabala, el abogado que representa al padre de la niña, relativizó el relato de ese hombre y agregó que una menor que estaba junto a Guadalupe cuando desapareció había aportado una versión que no estaba en el expediente. Según el letrado, en las últimas horas, durante la reconstrucción de la desaparición de la niña realizada por el equipo de fiscales federales, la menor apuntó a cuatro motos y a un hombre y una mujer que se llevaron a Guadalupe.
A pesar de la confesión, el sospechoso, que habría sido identificado como Sergio Ponce, no quedó detenido y fue internado en un instituto neuropsiquiátrico.
En las casos de Nair y Guadalupe tanto los responsables de la policía bonaerense como los jefes de la fuerza de seguridad de San Luis intentaron cubrir la inoperancia y desaprensión que expusieron cuando las madres de las niñas radicaron las denuncias con acusaciones a sospechosos que se sabía, desde el principio, que eran inimputables.
Pasó con Carmelo Piacquadío y con Fernando Ignacio Bayugar Aizpurúa, en el caso Nair Mostafá. La historia pareció repetirse 31 años después con Ponce en la búsqueda de Guadalupe, en San Luis.
El homicidio de Nair Mostafá quedó impune, el proceso penal prescribió en 2005, sin condenados. En agosto de 1990, Piacquadío, con una patología psiquiátrica, que trabajaba como barrendero en la Municipalidad de Tres Arroyos, confesó el asesinato. Pasó un año y medio preso en el penal de Melchor Romero. El juicio fue anulado debido a que Piacquadío era inimputable por sus problemas psiquiátricos.
Ocho años después, mientras no cesaban los reclamos para encontrar al asesino de Nair, se presentó ante la policía el mencionado Bayugar Aizpurúa y confesó haber matado a la pequeña. Un mes después de esa declaración, también fue declarado inimputable por problemas psiquiátricos. Además, se comprobó que no tuvo ninguna vinculación con el asesinato de la niña.
Tanto Bayugar Aizpurúa como Piacquadío fueron involucrados por efectivos de la policía bonaerense para cubrir la inacción cometida cuando Liliana Fuentes, la madre de la víctima, fue a la comisaría de Tres Arroyos a denunciar que su hija no había llegado a la pileta del club Huracán, el 31 de diciembre de 1989.
“Ahora no podemos buscarla, señora, porque estamos festejando el Año Nuevo”. Fue tres veces más y en las tres oportunidades tuvo la misma respuesta. “El comisario no está y el subcomisario no la puede atender”, le dijeron a la madre de Nair en la seccional.
Al día siguiente, un vecino encontró el cuerpo de Nair en un baldío, al costado de las vías del exferrocarril Roca. La niña había sido violada y estrangulada. Los forenses determinaron que fue asesinada entre las 21 y 22 del 31 de diciembre. Eso significa que la niña estaba con vida cuando su madre concurrió a la seccional y los policías no quisieron tomarle la denuncia.
Cuando se conoció esta noticia, los vecinos de Tres Arroyos reaccionaron contra la policía. Marcharon a la comisaría e incendiaron móviles. Los efectivos reprimieron a balazos. A raíz de los enfrentamientos hubo 18 heridos de bala, algunos de gravedad.
Por entonces, Antonio Cafiero estaba a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense y tuvo que viajar a Tres Arroyos para tratar de calmar el estado de conmoción provocado por la policía que no buscó a la niña.
“Le pido perdón en nombre de la humanidad. Le prometo que los culpables del crimen serán encontrados”. A pesar de esa promesa, el homicidio de Nair quedó impune.
Sospechosas similitudes
La historia se repitió 31 años después, en una ciudad situada a casi mil kilómetros de Tres Arroyos.
El 14 de junio de 2021, Guadalupe Belén Lucero jugaba junto a otros niños en la puerta de una casa situada en el barrio 544 Viviendas, de San Luis, cuando fue vista por última vez.
Guadalupe desapareció en una zona donde hay dos cámaras de seguridad. El dispositivo más cercano a la manzana H está a dos cuadras y media. La segunda cámara está a más de tres cuadras. En caso de que el presunto secuestrador y la niña hubieran pasado por la esquina donde están las cámaras de seguridad, no habrían quedado registrados. Esas cámaras, según explicó un colaborador de la familia de la niña, no funcionaban.
La policía y la Justicia de San Luis demoraron casi 96 horas en aplicar la alerta Sofía, un sistema de búsqueda que se instaló a nivel nacional a partir de la desaparición de Sofía Herrera, de tres años, en Río Grande, en Tierra del Fuego, el 28 de septiembre de 2008.
Los padres de Guadalupe fueron convocados dos días después de su desaparición para que autorizaran la difusión de la foto de la niña por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu).
Por una cuestión burocrática, pasaron otros dos días hasta que la imagen de Guadalupe se difundió a través de la alerta Sofía. Y se tardó más de una semana en concretar la declaración en cámara Gesell de las menores que acompañaban a Guadalupe.
Al principio de la búsqueda, los rastrillajes fueron anárquicos, carecieron de planificación y cruces de datos. Tampoco se cerraron las posibles rutas de escape de los secuestradores.
Ante las serias deficiencias en la investigación realizada por la Justicia de San Luis y por la fuerza de seguridad provincial, Yamila, la madre de Guadalupe, viajó a Buenos Aires y solicitó la intervención de la fiscalía federal.
Testimonios y distracciones
En octubre pasado, el procurador general ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, designó a tres fiscales federales para colaborar con la búsqueda de la niña. Así fue que los responsables de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y el fiscal federal Leonel Gómez Barbella comenzaron revisar los más de 60 cuerpos del expediente, junto con el fiscal federal de San Luis Cristian Rachid.
Hace tres días, mientras los fiscales federales realizaban la reconstrucción de las circunstancias en las que Guadalupe se perdió de la vista de los niños con los que jugaba a las escondidas, el mencionado Ponce se presentó en una comisaría y confesó haber sido el autor del asesinato.
Curiosamente, Ponce apareció en el momento en que los fiscales federales entrevistaron y recibieron los testimonios de un centenar de vecinos y familiares de la niña.
Durante tres días, el equipo interdisciplinario de fiscales, efectivos de la Gendarmería y de la Policía Federal escucharon a los psicólogos que participaron en las sesiones de cámara Gesell con los menores que estaban con la niña en el momento en que desapareció.
También se analizaron las comunicaciones en la zona y los registros de las antenas de las distintas compañías de telefonía, y se sistematizó la información recopilada en el caso en una matriz de gestión diseñada y administrada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La irrupción de Ponce causó revuelo, pero hasta el momento no tuvo efecto en la investigación. Tampoco quedó detenido. Ante los policías, aportó dos versiones distintas de cómo habría matado a la niña. Anteayer, la familia del sospechoso presentó un certificado en el que se indicaba que había sufrido un brote psicótico. Su casa fue allanada y, hasta el momento, no se encontró ningún elemento que lo relacionara con el caso Guadalupe.
“Es llamativo que justamente cuando está la prensa nacional nuevamente en San Luis aparezcan estos personajes que sacan el foco de la investigación y causan un tremendo sufrimiento a la familia, que reclama la aparición con vida de Guadalupe”, concluyó el abogado Zabala.
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