Al flexibilizarse las medidas de aislamiento, aumentaron las causas por drogas
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A partir de la flexibilización de las medidas dispuestas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), volvió a crecer el inicio de causa por drogas, según quedó consignado en el "Informe sobre narcocriminalidad en contexto de Covid-19" del Ministerio Público Fiscal.
Ese incremento se notó, especialmente, en los datos comparados de apertura de expedientes en mayo y junio pasados, con una variación del 71%, ya que se pasó de 726 casos a 1241. Ese dato cobra mayor relevancia al analizar lo ocurrido en junio del año pasado, cuando -sin restricciones de movimientos y con normal desempeño en las fiscalías- se habían abierto 1088 causas, un 14% menos que las registradas el mes pasado, con la feria judicial vigente.
El análisis del primer semestre de este año en relación con igual período del año anterior queda desnaturalizado por las fuertes medidas de aislamiento social en el primer período de la cuarentena. En ese caso, hay una descenso de causas iniciadas por infracción a la ley 23.737 en la justicia federal.
Los investigadores de la Procuraduría de Narcocriminalidad, detallaron: "En el primer semestre de 2020 se iniciaron 4779 causas vinculadas a delitos de estupefacientes. Para el mismo período, en 2018 se habían iniciado 10732 causas. Y en 2019, 8168. Esto significa un descenso del 49% para el promedio de casos iniciados en los dos años anteriores (9450), y un 41% en relación directa con los ingresos de 2019".
En ese análisis, se expresó: "El descenso es especialmente llamativo en los meses de marzo y abril de 2020, cuando el ASPO y la feria judicial extraordinaria regían para todo el territorio nacional; mientras que en los meses posteriores comienzan a registrarse más casos, posiblemente como resultado del levantamiento de las excepciones en muchas jurisdicciones del país y la creciente implementación del trabajo remoto a nivel judicial".
En febrero de este año se iniciaron 1355 causas por drogas. Luego, tras el inicio del operativo de prevención sanitaria por la pandemia del Covid-19 –que impactó inicialmente en las actividades de los grupos criminales– en marzo se abrieron 694 expedientes: una caída de 48.78%. En abril, se iniciaron 359 expedientes, lo que corresponde a una caída de 73.51%, al establecer una comparación con la cifra de febrero. Ya con algunas flexibilizaciones, entre abril y mayo, la cantidad de causas creció 102%, pasando de 359 a 726, respectivamente.
Sobre las 4749 causas de drogas iniciadas en el primer semestre, las regiones Noreste (1783) y Noroeste (1178) tuvieron la mayor cantidad de investigaciones; le siguieron la Patagonia (917) y la región Centro-Cuyo (614). Más atrás quedaron la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con 153 y 134 casos.
El bajo registro de incidencia de delitos de drogas en la región metropolitana –al igual que en Córdoba, Formosa y Chaco– tiene que ver con la adhesión en esos distritos a la ley de desfederalización de estupefacientes, por lo que las causas judiciales por tenencia simple, tenencia para consumo personal y comercio de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente a la venta minorista están bajo la órbita de los tribunales provinciales y, en consecuencia, quedan fuera del registro de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
En esa línea, a nivel nacional y en el universo de las 4749 causas registradas en el informe por la Procunar, al menos 1414 quedaron finalmente tipificadas como "tenencia para consumo personal" y 474 como "otros". Al descontarse esas dos categorías, fueron 16 las investigaciones que se abrieron cada día por tráfico de drogas en la Argentina.
Entre sus principales conclusiones, los investigadores de la Procunar destacaron: "El análisis de los datos contenidos en este informe demuestra que continúa existiendo una gran incidencia de la persecución de delitos menores. Es que, en un gran porcentaje de las causas por estupefacientes que tramitan en la justicia federal se investigan delitos de tenencia simple (10%) o para consumo personal (29%) y esta tendencia se repite en la mayoría de las provincias. Esto conlleva a reflexionar sobre el grado de eficacia y eficiencia de la persecución penal en materia de drogas".
Y agregaron: "El análisis de esta circunstancia evidencia que una parte importante de los recursos de las fuerzas de seguridad terminan estando destinados a la criminalización de las personas consumidoras de este tipo de sustancias, manteniendo así la inercial selectividad del sistema penal".
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