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Allanamiento ilegal. Condenaron a policías bonaerenses que quisieron robarle la droga a una banda narco
Recibieron penas de hasta 7 años de prisión por un operativo fraguado que llevaron adelante en un taller mecánico del barrio porteño de Parque Chacabuco donde se comercializaban estupefacientes
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LA NACION
Cuatro policías bonaerenses del área de Drogas ilícitas y Crimen Organizado fueron condenados a penas de hasta siete años de prisión por haber realizado un allanamiento ilegal en un taller mecánico del barrio porteño de Parque Chacabuco con el fin de quedarse con un lote de drogas de una banda narco. Dos hermanos de nacionalidad peruana recibieron penas de más de cinco años de cárcel. El martillo de la ley también cayó sobre los dos dueños de los estupefacientes que la banda mixta robó en el procedimiento fraguado.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Jorge Gorini, ordenó el decomiso de todos los bienes secuestrados (a excepción de un vehículo) y la destrucción de la sustancia ilegal incautada. El lunes 29 de mayo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
Se dio por probado que el comisario inspector Alfredo Segundo Rodríguez, el oficial principal José Rubén Mujica y el subteniente Héctor Daniel Luna, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza, efectuaron un allanamiento ilegal en el taller mecánico de la calle Cachimayo 1980, Parque Chacabuco, donde se comercializaban estupefacientes.
En ese procedimiento los policías bonaerenses actuaron junto a los hermanos Teófilo Israel y Dany Jonathan Uceda Rosales. Cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar a raíz de un llamado al 911 y desbarataron el procedimiento, secuestraron 2350 gramos de cocaína fraccionada en distintos envoltorios para su comercialización, 7,3 kilos de sustancias de corte –cafeína, lidocaína y azúcar reductor–, balanzas, un colador y una licuadora.
Según alegó la acusación, el comisario bonaerense David Javier Ávalos produjo, con posterioridad al allanamiento cuestionado, un informe en el que afirmaba que el taller era objeto de investigación en una causa, que los policías Rodríguez, Mujica y Luna pretendieron usar como coartada en su defensa. Por este hecho, Ávalos fue condenado por encubrimiento.
Juan Roger Bareiro Sosa y Milcíades Anastasio Vera Caballero eran parte de la organización dedicada al tráfico de drogas que resultó víctima del allanamiento ilegal. También recibieron condena.
El TOF1 le aplicó al comisario inspector Rodríguez la pena de 7 años de prisión e inhabilitación especial por el mismo tiempo, como coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometida con violencia y amenazas, allanamiento ilegal y tenencia simple de estupefacientes.
El oficial principal Mujica y el subteniente Luna recibieron penas de 6 años y 4 años y medio de prisión, respectivamente, e inhabilitación especial por el mismo tiempo. Al comisario Ávalos se le impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por encubrimiento agravado.
Los hermanos Uceda Rosales fueron sentenciados a 5 años y medio y 5 años de prisión, respectivamente, como partícipes necesarios de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con violencia y amenazas, allanamiento ilegal, violación de las medidas sanitarias (el hecho ocurrió durante el aislamiento obligatorio por la pandemia) y tenencia simple de estupefacientes. Teófilo Israel recibió la pena más alta porque también se le atribuyó la portación de arma de guerra. Y a su hermano Dany se le aplicó la pena única de 5 años y 6 meses de prisión, al unificársele una condena anterior por tentativa de robo simple.
Bareiro Sosa y Vera Caballero, objeto del allanamiento ilegal de los policías, fueron condenados a cuatro años y medio de prisión por ser considerados coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La última imputada, Lidia Evia Romero, fue absuelta.
El fiscal general Abel Córdoba habían pedido penas de hasta 11 años de prisión para los acusados, según informó el Ministerio Público en su sitio institucional fiscales.gob.ar. Durante su alegato, resaltó que los hechos se concretaron por “la actuación de una banda mixta, bajo dirección policial, que operaba en el plano delictivo, que estaba obligado a prevenir e investigar”. Además, señaló que “la banda actuaba coaccionando, robando, fraguando, falsificando documentos, coordinando actividades conjuntas con personas insertas indudablemente en el ámbito delictivo, al cual ellos pertenecían” y que “se valían de los recursos y de los mecanismos de la institucionalidad de un modo planificado. Con una estructura de la organización que involucra tanto a oficiales superiores como a subordinados”.
LA NACION
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