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Avanza la investigación sobre una red de logística narco que trasladaba cocaína líquida dentro de botellas
La fiscal federal de Morón pidió elevar a juicio la causa que tiene seis acusados de enviar drogas desde el conurbano hacia Tierra del Fuego y Chubut
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LA NACION
Una organización criminal que organizaba una red logística para el traslado de cocaína líquida quedó a un paso del juicio al cerrarse la etapa de instrucción de una parte de la causa con el pedido de elevación del expediente al debate oral para definir las responsabilidades de seis personas que fueron imputadas por la fiscal federal de Morón Mariela Labozzetta.
La banda tenía su centro de operaciones en localidad bonaerense de Ramos Mejía, donde reclutaba “mulas”, acopiaba cocaína y pasaba la sustancia al estado líquido para rellenar botellas de vino con el objetivo de transportar la droga hacia el sur del país. En la pesquisa se determinó, además, que la banda priorizaba el transporte de cocaína líquida, pero que también usó el sistema logístico para agregar envíos de metanfetaminas.
La maniobra fue descubierta en un control que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó en Ushuaia, en 2024. A partir de ese momento se desarrolló la investigación que derivó en las acusaciones y la mencionada solicitud de elevación a juicio del caso.
“Se tiene por probado que dicha estructura actuó, al menos, desde abril de 2022 hasta septiembre de 2024 y estuvo dedicada primordialmente, aunque no de manera excluyente, a la realización de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes modalidades, como así también a la comisión de otras conductas delictivas vinculadas con aquellas maniobras, tales como: amenazas, uso de documentación de identificación personal falsificada, compraventa de autos robados, trata de personas, lavado de activos, pago de dádivas a funcionarios públicos, entre otras, con el claro objetivo de mantener el control del tráfico de estupefacientes en las ya señaladas zonas de influencia y asegurarse, de esa forma, la continuidad de la empresa y la obtención de las ganancias generadas”, se explicó en el requerimiento de elevación a juicio, según consignó el sitio web de noticias del Ministerio Público Fiscal (www.fiscales.gob.ar).
El detectado responsable de la organización es un ciudadano colombiano que se encuentra prófugo. La fiscal Labozetta pidió continuar con la investigación ya que se tienen indicios de la posible participación de miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales como apoyo de la red delictiva, línea de trabajo que se busca profundizar.
La pesquisa estableció que la droga era adquirida en Bolivia y que se había montado un laboratorio clandestino en una casa situada en Ramos Mejía para modificar el estado de la sustancia,
“De esta forma, una vez que se pasaba la cocaína a estado líquido, era disimulada en el interior de botellas de vidrio de vino o de productos cosméticos que le entregaban a determinadas personas que habían sido contactadas previamente por los miembros de la organización, aprovechándose de su situación económica precaria”, se detalló en el informe del MPF. Por eso se consideró a esos “correos humanos” como víctimas de una situación de trata de personas.
Los envíos eran llevados hacia Tierra del Fuego y Chubut por mujeres que habían caído en la red delictiva, que se aprovechó de sus “características personales y condiciones sociales, económicas, culturales y familiares” para exponerlas al riesgo del tráfico de drogas.
Según el requerimiento de la fiscalía, las seis personas que fueron señaladas como integrantes de la organización eran también, junto con otra imputada, quienes “se encargaban de guardar los precursores químicos y materia prima, además de dedicarse al transporte, almacenamiento, preparación de estupefacientes, estiramiento, fraccionamiento y comercio de cocaína y/o metanfetamina”.
“Esas conductas las realizaron de manera organizada, dando cuenta así de la conformación de una empresa narcocriminal”, se explicó en el momento de fundamentar la acusación. Además, la fiscalía señaló a parte de los integrantes de la organización como responsables del delito de trata de personas, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, la intervención de tres o más personas y la consumación de la explotación.
Según se indicó en el informe del MPF, los imputados habrían sido los responsables de captar, trasladar y acoger a por lo menos cuatro personas con la finalidad de utilizarlas para el transporte de los estupefacientes que ellos disponían, objetivo que efectivamente lograron. “Esas personas, acorde a lo preliminarmente detectado, se encontraban sumidas en una situación de vulnerabilidad, dada su condición socioeconómica, la cual fue aprovechada por los nombrados”, se consignó.
Dos de los acusados fueron vinculados directamente con el prófugo jefe de la red, el ciudadano colombiano sobre el que pesa una orden de captura, mientras que los restantes ocupaban roles en las diferentes etapas de la red logística, acopio y tratamiento químico de la droga,
Para el MPF, quedó evidenciada la actuación y los roles que cumplían cada uno de los acusados dentro de la banda: “Las demás actividades ilícitas que, de manera independiente a la estructura narcocriminal, fueron perpetradas y orbitaron alrededor de aquella –la utilización de documentación y cuentas ajenas para hacer frente al pago de los gastos generados por el funcionamiento de la organización; la obtención de líneas telefónicas a nombre de terceros para no ser detectados; los verificados contactos con funcionarios de fuerzas policiales o del poder ejecutivo provincial que suministraban información vital a los miembros de esa banda; la canalización de las ilícitas ganancias obtenidas en el mercado formal de capitales e, incluso, la verificada utilización de personas en estado de vulnerabilidad con el fin de transportar los alcaloides, entre puntos geográficos tan distantes, para que los principales responsables no se vieran implicados, al menos de primera mano, en las operaciones ilícitas que gestaron– no solo son indicadores suficientes del grado de organización que el grupo poseía, sino que además son la clara evidencia del plan preconcebido para alcanzar el éxito de esa empresa criminal”.
Como se consignó, la investigación se inició en Tierra del Fuego, con el trabajo del Juzgado Federal de Ushuaia junto con la actual Unidad Fiscal de la jurisdicción (representada por la fiscal Lía Hermida y el fiscal Fernando Rota) y la Fiscalía de Distrito de Comodoro Rivadavia, a cargo de Verónica Escribano, llevaron adelante una serie de medidas que dieron como resultado la existencia de la señalada organización delictiva.
En julio de 2025, tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia remitió la investigación a la Justicia Federal de Morón. Tras el análisis efectuado en la fiscalía federal, se solicitaron una serie de medidas al juez federal interviniente, Juan Manuel Culotta, y se amplió la plataforma fáctica de los hechos, al considerar que había conductas que no se habían imputado, lo que derivó en procesamientos y luego, el pedido de elevación a juicio.
Dentro de la investigación, se tuvieron en cuenta los testimonios de las personas que fueron captadas por la organización. Se explicó que además de las carencias económicas o habitacionales, de las entrevistas que realizó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata surgieron también circunstancias vinculadas con “situaciones de violencia de género, relaciones afectivas signadas por dinámicas de dominación y dependencia, responsabilidades de cuidado asumidas en soledad y trayectorias de marcada precariedad laboral”.
“Tales factores, examinados desde una perspectiva de género e interseccional, permiten comprender de manera más acabada las condiciones que favorecieron la captación y disponibilidad de estas personas para la realización de los viajes organizados por la estructura criminal”, enfatizó la fiscal Labozzetta.
En este sentido, indicó que la condición de mujer constituyó, en determinados casos, una variable adicional de vulnerabilidad que se sumó a otras circunstancias personales y socioeconómicas, lo que facilitó que los imputados pudieran aprovecharse de tales condiciones para incorporarlas a las maniobras ilícitas. “Lejos de tratarse de una circunstancia accesoria, esta dimensión resulta relevante para valorar integralmente la mecánica de captación desplegada por la organización y el particular grado de exposición en que se encontraban algunas de las víctimas”, aseveró la fiscal.
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