Ave Rapaz: piden enjuiciar a 11 policías por robarles dólares a una banda narco

Fue uno de los máximos secuestros de cocaína en la Argentina: 1166 kilos, descubiertos en un galpón de La Matanza. El operativo fue denominado Ave Rapaz porque el logo impreso en los ladrillos con la droga era el dibujo de un águila. Pero la investigación tuvo un capítulo aparte porque parte de los detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) que participaron de los procedimientos terminaron acusados de haberles robado dinero a los traficantes. Ahora, dos fiscales federales solicitaron que 11 uniformados sean llevados a juicio por haberse apoderado de entre 600.000 y 800.000 dólares que había en una caja fuerte de uno de los domicilios allanados en diciembre de 2017.

Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, el pedido de elevación a juicio fue presentado por los fiscales federales Mariela Labozzetta y Diego Iglesias, titulares de la Fiscalía Federal Nº2 de Morón y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), respectivamente.

"[Los policías acusados] sustrajeron la suma aproximada de entre 600.000 y 800.000 dólares que pertenecían a una de las personas detenidas, Valdemar Loza, que se encontraba resguardada en el interior de una caja fuerte existente en uno de los domicilios allanados, concretamente, la vivienda ubicada en la calle Lavardén 210 [Parque Patricios], para lo cual algunas de ellas falsificaron el acta labrada con motivo de ese procedimiento", según se explicó en el dictamen de los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Valdemar Loza, uno de los sospechosos apresados en el operativo Ave Rapaz, a cargo del juez federal de Salta Julio Bavio, era parte del clan Loza, un grupo narco que realizaba contrabandos de cocaína hacia Europa desde los países productores, como Bolivia y Perú. Según investigaciones judiciales, la organización criminal habría lavado en la Argentina 15.000.000 de dólares provenientes del narcotráfico.

Según los expedientes judiciales, el clan Loza habría lavado dinero del narcotráfico invirtiendo fondos en estancias de la provincia de Buenos Aires, en inmuebles de Puerto Madero, en departamentos de Mar del Plata y Pinamar, en cocheras en la Capital, y en camionetas, camiones y maquinaria pesada, incluidos un autoelevador y una pala mecánica. También, en autos de calle, de lujo y deportivos, entre ellos, un Pontiac, un Camaro y dos Ferrari, una de las cuales había pertenecido a Diego Maradona.

En septiembre de 2019, todo ese lote de propiedades y vehículos, valuado en al menos $800 millones, formó parte del primer fallo de la Justicia Civil y Comercial dictado bajo el paraguas del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el expresidente Mauricio Macri impuso el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio sobre bienes que fuesen producto de la corrupción y del crimen organizado.

Entre los uniformados que podrían terminar sentados en el banquillo de los acusados, a partir del pedido hecho por los fiscales Labozzetta e Iglesias, figuran Gustavo Russo y Cristian Cóceres, que en el momento de los hechos tenían el rango de subcomisario y oficial principal, respectivamente, y prestaban servicio en la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la PFA.

La pesquisa sobre Russo, Cóceres y los otros nueve imputados comenzó después de una denuncia hecha por el director de Investigaciones Internas del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich, Carlos Manfroni.

En enero de 2018, un inspector de la PFA se presentó de forma espontánea ante la Dirección de Investigaciones Internas del Ministerio de Seguridad de la Nación para "denunciar lo ocurrido durante los allanamientos y, en particular, la actuación de quienes habían sido sus jefes en aquella división", según destaca el dictamen de los fiscales Labozzetta e Iglesias.

Según www.fiscales.gob.ar, además de la elevación a juicio se "dispuso continuar con la investigación para determinar la participación de otras personas, así como otros hechos denunciados, que incluyen la posible comisión del delito de lavado de activos".