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Buscan anular el callcenter tumbero mediante un acuerdo con las compañías de telefonía celular
La ministra Patricia Bullrich prepara un proyecto alternativo a la colocación dentro de las prisiones federales de inhibidores
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LA NACIONDaniel Gallo
Los teléfonos dentro de una cárcel no se usan solamente para mantener contactos afectivos que permitan sobrellevar el encierro, sino que en su mayor parte se utilizan para regentar desde atrás de las rejas los negocios ilegales que llevaron a las condenas, evitar la pérdida del control de bandas, ordenar ejecuciones y generar estafas virtuales desde esos verdaderos callcenter tumberos que se arman en pabellones. Todas esas variantes del delito intramuros quedaron expuestas en causas penales, en las que se demostró la facilidad con que los presos acceden a comunicarse con el exterior fuera de las normas. Y esa situación anormal es la que quiere ahora frenar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que promueve el bloqueo de todas las señales de telefonía móvil en prisiones.
Durante un almuerzo con miembros del Rotary Club de Buenos Aires, la funcionaria nacional indicó que el Ministerio de Seguridad trabaja junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en un acuerdo con las compañías que brindan el servicio de telefonía móvil para que estas anulen todas las llamadas que impactan en las torres de comunicaciones que corresponden a establecimientos penitenciarios federales.
Será esta una variante a la instalación de inhibidores de señales telefónicas. “Es una mejor alternativa y cuesta 0 peso”, dijo Bullrich al comentar la medida que sería implementada en los próximos días. Los penitenciarios tendrá un sistema especial de comunicaciones para no ser afectado por el bloqueo.
En las cárceles se instalarán aparatos que concentran e identifican las señales de celulares y cuando esas comunicaciones impacten con la antena cercana una prisión, será bloqueada inmediatamente por las compañías telefónicas.
Esta medida llega en momentos en que se incrementan las acciones oficiales para aislar a los llamados “presos de alto perfil”, grupo que tienen a Guille Cantero como una de sus figuras más emblemáticas.
Luego de que la Justicia Federal detectara que el líder de Los Monos, triangulaba llamadas desde el teléfono oficial del penal de Marcos Paz, donde está detenido, el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, decidió en los últimos días restringir las comunicaciones y las visitas al jefe narco y a su sobrino Uriel Cantero. El líder de Los Monos suma condenas por más de 100 años de prisión en ocho causas penales por ser el jefe de la conformación original de la banda, por dirigir atentados a tiros a objetivos judiciales, un secuestro, amenazas a un juez y por el tráfico y comercio de drogas, entre otros delitos.
“No usarán teléfonos como armas”, afirmó Bullrich, en su cuenta de X y felicitó al juez Rodríguez por esta acción “que protege a los argentinos de bien. El que las hace las paga”.
La ministra de Seguridad, de quien depende desde este año el Servicio Penitenciario Federal, aseguró durante el almuerzo con los integrantes del Rotary Club que ya se había decidido, incluso, quitar los teléfonos fijos en algunos pabellos carcelarios para que no sean usados a modo de callcenter tumbero. Y graficó la forma en que aumentaron los controles a los presos de alta peligrosidad: “No les dejamos entrar ni los sandwichitos para el cumpleaños”.
El subsecretario Julián Curi es el funcionario que sigue día a día con especial atención los sucesos alrededor de los 70 presos que fueron calificados como de alto perfil y que, en consecuencia, fueron introducidos en un programa especial de vigilancia, que limita al máximo sus comunicaciones extramuros.
Aseguran que no pasan 48 horas sin requisas en esas celdas, que incluyen a detenidos en Ezeiza y Marcos Paz catalogados como un riesgo por sus posibilidades de intentar una fuga, su capacidad económica para potencialmente corromper a guardiacárceles o por el mando que sostienen de las bandas que operan en las calles. El inefable Guille Cantero es uno de los siete internos de Marcos Paz que está bajo ese régimen de estricto control.
Esos 70 presos se llevan la atención pública, fundamentalmente aquellos que están vinculados con la generación de violencia urbana en Rosario, pero representan una ínfima para de los más de once mil alojados en instalaciones del SPF. Y hay otros cuatro mil imputados que están en lista de espera para ingresar en alguno de los sobrepoblados complejos penitenciarios. En esas cifras se apuntala la posición oficial para avanzar en la construcción de dos cárceles bajo el sistema de gestión privada de prisiones.
La licitación abarcará la edificación de una cárcel que contará con 1800 plazas en terrenos federales en el interior del país, mientras que la otra estará ubicada en el predio penitenciario de Ezeiza y sus proyectadas 3200 camas la convertirán en la cárcel más grande la Argentina.
El Servicio Penitenciario Federal seguirá en ese esquema de gestión privada como responsable de la seguridad de instalaciones e internos.
El SPF tiene en custodia a 11.453 presos y que cuenta con 11.361 plazas. Afirman que el 60 por ciento llegó por causas originadas en la ciudad. En los próximos días será inaugurada la cárcel federal de Coronda, con unas 500 plazas y las autoridades nacionales esperan que la administración porteña avance en la construcción de una prisión en Marcos Paz, cuyas 2200 plazas darían un respiro a las comisarías y al penal de Villa Devoto, siempre el borde del colapso.
En ese penal, el único dentro de la ciudad de Buenos Aires, se usaría otro sistema de inhibición de llamadas, ya que el bloqueo por impacto de antena no sería útil ahí por la urbanización que hay alrededor de esa cárcel.
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