Cárceles y pandemia: destacan el impacto positivo de la inclusión tecnológica en los penales

La fase “dura” de la pandemia impuso, hace un año, un desafío a los servicios penitenciarios de todo el país: ¿cómo evitar que el coronavirus ingresara en las cárceles y, especialmente en las más hacinadas, provocara una catástrofe? Sellar las prisiones del exterior, el aislamiento dentro del aislamiento –el sanitario y el penal–, entrañaba un peligro: la reacción negativa de los internos al verse privados de recibir visitas, único contacto físico con la realidad extramuros y, además, la vía habitual para recibir alimentos, ropas y otras vituallas para la vida tras las rejas.

Había un paliativo: permitir el uso de teléfonos celulares –prohibidos dentro de las prisiones–para preservar el contacto de los presos con sus familias, y ampliar el uso de las videollamadas y videoconferencias para reducir al mínimo indispensable los traslados de detenidos, sea por audiencias judiciales o los de aquellos que estudian a distancia.

Pasado un año, el impacto del uso de la tecnología entre los presos y para el propio sistema penal fue positivo, a juzgar por los informes presentados por representantes de los servicios penitenciarios de todo el país ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

Los datos salientes llegaron desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Federal (SPF). La provincia llevó adelante un amplio programa de adopción de uso de celulares. Según informaron, registraron 32.000 equipos con sus respectivas líneas (sin acceso a redes sociales), y solo debieron secuestrar 50 aparatos por denuncias vinculadas a acosos a parejas o estafas telefónicas. Y en las cárceles federales creció exponencialmente la utilización de las videoconferencias y se habilitaron 250 aulas virtuales para responder al crecimiento de la demanda de estudio remoto.

El presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal; las comisionadas Diana Conti, Rocío Alconada Alfonsín y Josefina Ignacio, y el comisionado Gustavo Palmieri mantuvieron el encuentro virtual con los representantes de la Nación y de las provincias; los tópicos de presentación fueron las recomendaciones del comité relativas al uso de celulares como “medida compensatoria” ante la restricción de visitas en los penales, la educación en contextos de encierro y el impacto sanitario del virus y el avance actual del acceso de las personas detenidas a las vacunas contra el coronavirus.

Al respecto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a una cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó al Estado bonaerense -en cabeza del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Salud) a que “en el plazo de cinco días arbitre con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid a las personas privadas de la libertad que formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad” bajo los mismos parámetros del programa que se aplica a la población en general.

La Cámara del fuero contencioso, con los votos de los jueces Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel, revocó una decisión de primera instancia e hicieron lugar a una medida cautelar presentada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, residente y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Al respecto, algunas cifras: hasta el 30 de junio pasado se registraron 7195 casos de coronavirus en contexto de encierro en todo el país, con un total de 475 fallecidos. La mitad de los casos se produjeron en unidades penales y policiales; sin embargo, más del 70% de los fallecimientos alcanzaron a personas recluidas en geriátricos, 337 hombres y mujeres que, sin estar privados de su libertad por disposición penal, están sujetas a las acciones y mandatos del Comité dado que, en rigor, no se pueden ir por su propia voluntad de esos establecimientos.

Hubo 93 muertos por Covid en unidades penitenciarias, 6 en comisarías y dependencias policiales, y 39 en instituciones de salud mental.

Las cifras, según reveló el CNPT, determinan que la tasa de contagios por coronavirus en contexto de encierro es mucho menor que en “el medio libre”: 92,4 contra 205,9 cada 100.000 personas. Sin embargo, la tasa de letalidad en encierro es mayor que fuera de las cárceles: 3,7 contra 2,1 cada 100.000 personas.

“La población penitenciaria está compuesta mayormente por personas jóvenes, de modo que asociamos esa mayor letalidad a las deficiencias estructurales en el acceso a la salud”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes del Comité.

Esto coincide con que la preocupación, en cuanto se disparó la pandemia, era que las cárceles serían un medio más propenso al contagio por la superpoblación, el hacinamiento y las habituales carencias en cuanto a higiene. “La medida de prevención más eficaz fue el aislamiento dentro de aislamiento. Se recrudeció la separación de la cárcel con el medio libre, restringiéndose visitas y talleres recreativos o formativos. Y eso fue posible gracias al compromiso y la colaboración de las personas privadas de su libertad, que entendieron que era muy riesgoso si no se tomaban medidas de ese tipo”, sostuvieron los voceros consultados.

Las visitas, restringidas al máximo desde fines de marzo del año pasado, comenzaron a normalizarse a partir de octubre, aunque con variaciones según la jurisdicción. Fue habitual que se prohibieran los contactos entre reclusos de distintos pabellones y también se cancelaron las prácticas deportivas grupales. En aquella etapa más cruda del encierro, el permiso de uso de celulares personales y la ampliación de la dotación de computadoras con acceso a internet fueron claves.

El jefe del SPB, Xavier Areces, en la reunión con el CNPT que entre la población de 45.450 internos en unidades penitenciarias bonaerenses, “de 32.000 dispositivos regularizados, solo hubo 50 denuncias y posterior secuestro del aparato por acosos –la mayor cantidad de denuncias a exparejas y parejas actuales– y, en menor medida, por estafas telefónicas”.

Amplió: “La sorpresa es que se garantizó la continuidad educativa y la cantidad de exámenes que se rindió superó a los años sin pandemia”. Sobre los celulares, precisó que “si bien está en análisis la aplicación del protocolo, el mismo tuvo muy buenos resultados. Aportó a la asistencia psicológica y el uso fue muy intenso en ese sentido”.

También ponderó el beneficio de la adopción del sistema de videoconferencias: “Por día, por comparendos, había 400 personas circulando extramuros y no alcanzaban los móviles ni el combustible, y eso generaba demoras. Las videoconferencias aceleraron y mejoraron el acceso a la Justicia y proveyeron un ahorro millonario para el Estado. Hoy se encuentran ampliando la salas destinadas a tal fin y con la Suprema Corte se está hablando de poder mantenerlas más allá de la pandemia”. Toda la parte educativa se conecta a una red de Internet diferente para no congestionar la de las Unidades Penitenciarias.

En las cárceles federales no se permitió la telefonía celular, pero se habilitaron las videoconferencias. Dijo la interventora del SPF, la excamarista María Laura Garrigós: “Pudieron conectarse con personas que no se hubieran podido conectar en tiempos de normalidad. Es por esto que se van a mantener, independientemente de lo que pase con la pandemia. En abril se autorizó la compra de 950 computadoras para mantenerlas y en cuanto a la educación a distancia, se están habilitando 256 aulas virtuales. Se está tramitando la compra de cañones proyectores y micrófonos, porque por mucho tiempo [los presos que estudian] no van a gozar de la presencialidad. Aun así les interesa la educación virtual para poder acceder a contenidos de cualquier universidad de todo el país. La pandemia ha producido cambios que van a mejorar la vida en el interior de las unidades”.

Mendoza permitió el uso de celulares con acceso a datos, de manera de garantizar no solo las comunicaciones en el contexto de restricción de visitas sino por la continuidad educativa. También habilitaron el uso de telefonía móvil Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Salta y Santa Cruz.

Por Fernando Rodríguez

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