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Caso Dalmasso. ¿Lo que sigue? peritajes psicológicos y exhaustivos análisis de antecedentes del nuevo sospechoso
El fiscal Pablo Jávega tiene en marcha una “revisión profunda” de toda la prueba recogida en el expediente; el acusado, Roberto Bárzola, está libre y debe fijar domicilio, aunque no tiene restricciones migratorias
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- “Hay otros elementos. Se está haciendo una revisión profunda de todos los elementos probatorios, de todo lo documental; se suma también la declaración de él en el plenario y analizamos si concurren estos elementos con los hallazgos más novedosos o de qué forma pueden ser valorados. Ya se ordenaron pruebas psicológicas y psiquiátricas que están en fase de ejecución”. Esa es la hoja de ruta con la que trabaja el fiscal Pablo Jávega, quien gracias a un “mapeo” de los rastros genéticos levantados hace 18 años consiguió identificar a un nuevo sospechoso del crimen de Nora Dalmasso, descubierto el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.
En diálogo con LA NACION, Jávega explicó cómo sigue la investigación después de que uno de los 45 nuevos estudios de ADN permitió identificar a Roberto Bárzola e imputarlo por abuso sexual seguido de muerte. Su huella genética coincidió con uno de los tres rastros presentes en el lazo de la bata con el que la mujer fue ahorcada y en un vello púbico atrapado en la zona inguinal del cuerpo de la víctima.
Bárzola designó a dos defensores con los que se presentó ante la Justicia cuando fue notificado de la imputación. Se abstuvo de declarar. Por ahora, está libre; sí debe atenerse a determinadas reglas de conducta como fijar y mantener un domicilio y avisar si va a viajar. No tiene restricciones migratorias.
Por el momento la causa está prescripta; para que se reabra se debe determinar si tiene otra causa en proceso por algún delito. Es lo que establece el artículo 67 del Código Penal, en el que se detallan las causales de suspensión e interrupción de los plazos de prescripción; “solamente” se dan por la comisión de otro delito –cualquiera sea la competencia– que debe ser posterior al que se intenta analizar y cuyo proceso debe estar vigente.
Sobre ese punto, Jávega indicó a LA NACION que la prueba informativa “no se ha agotado”. Precisó que se realizó un análisis preliminar de la Base Nacional de Reincidencia, y lo mismo con la de la Policía de Córdoba y que, “en atención a la magnitud del hecho, se están requiriendo antecedentes a otras provincias”.
El fiscal Jávega tomó el caso en octubre de 2022, luego del juicio en el que quedó absuelto el viudo de Dalmasso, Marcelo Macarrón. Ese tribunal ordenó una “reinvestigación” con las pruebas incorporadas en el expediente. En ese contexto, Jávega ordenó 45 cotejos de ADN en función de un “listado con rangos prioritarios, de acuerdo a la proximidad en que las personas fueron yendo a la vivienda”, detalló.
Barzola, que en el momento del homicidio pulía los pisos de madera en la casa de Dalmasso en Villa Golf Club, fue citado y, según dijo a este diario el Fiscal, “no ofreció reparos para realizarse los análisis bioquímicos”.
LA NACION le consultó al fiscal porqué en el juicio se habló siempre de una relación sexual “consentida” y ahora, en cambio, él plantea que hubo una violación: “Ese es un aspecto controvertido; la definición se basó en lo que dijeron determinados médicos. Mi trabajo se fundamentó en aquello no controvertido. La atribución de la imputación es por el hallazgo de material genético que corresponde al vello del pubis; no surge de la causa que el sospechoso y la víctima tuvieran vínculos. Eso, sumado a las lesiones que sí fueron constatadas en el cuerpo, permite sostener que no fue una relación consentida, sino que fue una agresión, un ataque sorpresivo”.
Bárzola, que hoy tiene 45 años, declaró como testigo en el juicio contra Macarrón y afirmó que el día del crimen fue a trabajar, no tocó el timbre y esperó a su jefe en la puerta, bajo la lluvia, y como no llegó, se fue.
La Justicia nunca lo investigó, incluso cuando en 2007 el viudo, en representación de sus hijos Facundo y Valentina, pidió incluirlo en un listado de personas cuyas coartadas debían ser revisadas y a las que, eventualmente, se les debería realizar exámenes comparativos de ADN con respecto a los rastros hallados en el cinto de la bata y en el cuerpo desnudo de la víctima. La Justicia les denegó la solicitud.
En abril de ese año, cinco meses después del crimen, Macarrón encargó a IFPC International Group, una empresa norteamericana de servicios de consultoría de seguridad con oficina de representación en Buenos Aires, una revisión de las actuaciones labradas hasta ese momento en la investigación. En el reporte se sugirió explorar la hipótesis de que Dalmasso había sido víctima de una violación seguida de muerte y que se debía indagar sobre la posible participación de Barzola, empleado del carpintero Walter Ángel González, que realizaba el pulido del parquet de la casa de la víctima–, dado que podía haber tenido “la oportunidad, motivo y capacidad” para cometerlo.
En el juicio contra el viudo, los hijos del matrimonio no volvieron sobre ese tema, sino que apuntaron al empresario Miguel Rohrer, “el Francés”, de quien sospechaban que era amante de su madre. El hombre se había hecho, voluntariamente, el análisis comparativo de ADN.
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